Esta Comisión, a la que le quedan menos de cuatro años de actividades, porque así fue planeada, ha respondido a sus funciones de garantizar a las víctimas su participación en procesos de esclarecimiento judicial y reivindicación de sus derechos; de profundizar en las razones para el surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales; de hacer seguimiento y verificación a los procesos de reincorporación y a la labor de las autoridades; de elaborar el balance del proceso de reparación a los millones de víctimas despojadas de su patrimonio y los importantes logros que en esa materia se han alcanzado.
En fin, una misión nada envidiable que el doctor Pizarro Leongómez y sus compañeros Ana Teresa Bernal, Patricia Buriticá, Jaime Jaramillo Panesso, Monseñor Nel Beltrán, Óscar Rojas, Patricia Perdomo, Régulo Madero, el defensor del Pueblo Volmar Pérez, con el apoyo de escuderos como el coordinador regional y a la vez docente nuestro docente del Programa de Derecho, David Augusto Peña, han venido desarrollando de manera incansable, soportando el chaparrón de cuestionamientos, las presiones y hasta arriesgando su propia integridad al hacer presencia en puntos álgidos donde pocas horas antes se pavoneaban los señores de la guerra.
Gracias a ustedes, Trujillo, El Salado, Mapiripán, Machuca, La Rochela o La Gabarra serán dolorosas experiencias sobre las que paradójicamente los 44 millones de compatriotas estamos llamados a levantar un país diferente, amplio, sin rencores, equitativo… Salvadoreños, guatemaltecos, surafricanos han podido y nosotros nos seremos inferiores a este reto.
Ustedes vienen de fortalecer con Cajasan, que es miembro de esta Corporación, la alianza con el sector empresarial para beneficiar a las víctimas de los grupos armados; pues la UNAB también puede darle a Colombia la buena nueva de la firma de los convenios de cooperación académica, técnica y científica, así como de prácticas universitarias que acabamos de efectuar con nuestros amigos de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
Conscientes de la necesidad de fortalecer el acceso de las víctimas a sus derechos, la UNAB y la sede regional de la Comisión, comenzaron desde el año pasado a darle forma a un programa académico que iniciaremos el próximo mes, como un curso que a la vuelta de poco tiempo será un diplomado y por qué no una especialización.
Este curso tiene como particularidad la combinación de los mecanismos del derecho vigente con los nuevos mecanismos de la Justicia Transicional, dada la apremiante necesidad de conocer el nuevo panorama jurídico creado a favor de las víctimas del conflicto armado interno. Todo ello soportado en docentes que proyectarán una visión realista o cruda, si se le quiere llamar, de este túnel en el que aquel remoto destello de luz empieza a cobrar forma y la esperanza a encarnar en hechos de paz que nos alejen de la repetición de esta historia macabra.
Démonos la oportunidad de buscar acuerdos y consensos que, como afirma Patricia Buriticá, den vida a la reconstrucción de una sociedad que urge soluciones.
¡Mil gracias!
Dr. Alberto Montoya Puyana.
