Carolina Bayona Rangel

Para Carlos Mario, este cargo implica una gran responsabilidad como garante de la convivencia y de la resolución de los conflictos de la comunidad. En su labor identifica dos retos principales: impartir justicia de forma ágil y conforme al Derecho, y entenderla como un servicio accesible para todas las personas. “Creo firmemente que, a partir del rigor y de la metodología, es posible fortalecer de manera constante la confianza de la comunidad en el sistema judicial”, señala.

La formación recibida en la UNAB también ha sido fundamental en su manera de entender y ejercer la justicia. “Los valores liberales que recibí en la UNAB me permiten administrar justicia de manera inclusiva para todas las personas, sin caer en los sesgos que a veces surgen de la dogmática”, afirma. Esta formación le permitió comprender que el juez penal tiene dos fines fundamentales: hacer valer la presunción de inocencia y proteger la libertad de los ciudadanos a través de la teoría de la responsabilidad penal.

Carlos Mario Frías Rubio

En este recorrido profesional, Rodolfo Mantilla Jácome ha sido un referente y mentor fundamental para ambos. Carlos Mario destaca especialmente el valor de haber compartido con él su experiencia y conocimientos: “Ha sido un regalo enorme, que me permitió adelantarme muchos años en mi proceso de formación”.

La trayectoria de Carolina y Carlos Mario refleja así el vínculo entre la formación, la docencia y el ejercicio profesional, y cómo el conocimiento construido desde las aulas puede trascender hacia escenarios en los que se contribuye directamente a la administración de justicia.

Julian Alberto Prada Castro, graduado del programa de Derecho (2010) y de la especialización en Derecho Comercial (2012) de la UNAB, es el fundador de PRACORP, una firma de abogados especializada en la administración y prevención de riesgos jurídicos para empresas y organizaciones.

Ante esta realidad, PRACORP nace con la visión de acompañar a empresarios y organizaciones en la identificación de estos riesgos, la evaluación de alternativas y la construcción de soluciones que les permitan tomar decisiones con mayor seguridad y tranquilidad.

Para lograrlo, la firma ha incorporado al servicio jurídico conceptos provenientes de la administración de riesgos y de los sistemas de calidad. A través de estas metodologías, busca acercar la gestión jurídica al lenguaje de las empresas y facilitar la comprensión del riesgo jurídico como una variable más dentro de la organización, que debe ser identificada, evaluada, administrada y monitoreada.

Con esta propuesta, PRACORP busca trascender el enfoque tradicional de la asesoría jurídica y convertirse en un aliado para las organizaciones en la prevención y gestión de situaciones que puedan representar riesgos para su operación y crecimiento.

Foto suministrada.

Gabriela también hizo parte de la Clínica Jurídica de la UNAB en la que atendió especialmente temas migratorios durante la diáspora venezolana que se vivió hace algunos años. Con el tiempo además participó en congresos nacionales gracias a los semilleros de investigación a los que pertenecía y, más adelante, ganó una beca para estudiar un semestre en la Universidad Autónoma de Yucatán con la que tenía convenio su facultad.

Su llegada a organismos internacionales

Estando en sus últimos semestres, Gabriela logró realizar una pasantía en el Departamento de Seguridad Pública de la Organización de Estados Americanos. Posteriormente hizo su judicatura en la Corte Constitucional de Colombia analizando casos de violaciones a derechos fundamentales. Estas dos experiencias le fueron útiles para ingresar a la ONU poco después de graduarse en 2021. Allí estuvo durante más de dos años como agente legal y operativa en el programa de voluntariado internacional.

Después de pasar por la ONU, ganó una nueva beca para realizar una maestría en Derecho internacional, relaciones internacionales y ciencias políticas. Este posgrado fue interdisciplinar, lo que le permitió realizar sus estudios en la Universidad de Glasgow, en el Instituto de Estudios Internacionales de Barcelona y en la Universidad Libre de Bruselas. Esta maestría no solo le permitió vivir en estos tres países, también fortaleció su interés por los temas que hoy son el centro de su investigación doctoral: terrorismo y violencia política.

En 2025 Gabriela fue seleccionada para adquirir la tercera beca de su registro académico, esta vez para realizar un doctorado en la American University de Estados Unidos. La última semana de agosto inició el primer semestre de su PhD en Justicia, derecho y criminalidad en la ciudad de Washington. La beca, que cubre todos sus gastos de matrícula y sustento, le da la posibilidad de trabajar como asistente de investigación en esta universidad.

Con su proyecto doctoral, busca analizar las respuestas que los Estados dan a las acciones terroristas, en especial aquellas de tipo militarizadas. “Mi idea es revisar si esas respuestas son éticas, si se ajustan al derecho internacional y cómo se justifican como legales. Los Estados usan el derecho como un lenguaje para avanzar proyectos políticos, incluso cuando sus acciones no se ajustan del todo a la norma”.

Foto suministrada.

El sello UNAB y el compromiso con Colombia

Desde la capital de Estados Unidos reconoce que sin la formación en investigación aplicada desde el derecho con enfoque social que recibió en la UNAB no habría llegado tan lejos. Es seguro que el futuro de Gabriela le traerá nuevas oportunidades fuera del país, pero su deseo no es alejarse de Colombia. “Nunca ha estado en mis planes irme de manera permanente. Creo que vale la pena quedarse y construir un país donde la vida sea decente y la seguridad esté garantizada”.

Por ahora, tiene claro lo que quiere alcanzar con sus estudios doctorales y en los próximos escenarios laborales que conquiste: donde sea que esté, aspira seguir investigando y aportando al entendimiento de los fenómenos sociales que marcan al mundo y a su país.

Luis Francisco Casas Farfán

Abogado de la Universidad UNAB, casa de estudios en la que también cursó sus especializaciones en Derecho Público, Penal y Docencia Universitaria, postgrados que se unieron a una especialización en Derecho Constitucional con la Universidad Libre, una Maestría en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia y un Doctorado en Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares. Se ha desempeñado, además de la docencia en pregrado y postgrados de la UNAB, como Coordinador académico de la Defensoría del pueblo, magistrado de la sala disciplinaria del Consejo de la judicatura y como procurador delegado de las salas de instrucción y de juzgamiento de servidores públicos de elección popular y procurador judicial II penal. Asimismo, ha sido autor de algunos textos y artículos relacionados con el derecho penal y el disciplinario. Su trayectoria profesional ha sido una combinación entre la academia y el servicio público, lo que ha ocasionado una permanente interacción entre estas dos esferas de labor propias del abogado y ha contribuido a la dinámica de los diferentes cursos que ha regentado.

Adrián Ortíz Vesga

Abogado y economista egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con formación especializada en Responsabilidad Civil y Daño Resarcible de la Universidad Externado de Colombia, en Derecho Comercial de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y Magíster en Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Cuenta con amplia experiencia como asesor jurídico, tanto en el sector gremial como empresarial, destacándose su labor en la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, así como en diversas instituciones públicas y privadas. Ha ejercido como abogado litigante y consultor en Derecho Privado.

En el ámbito académico, ha sido docente de pregrado y posgrado en reconocidas universidades como la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), la Universidad Santo Tomás (USTA) y la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), donde, actualmente, se desempeña como coordinador académico de la Especialización en Derecho Comercial.

Participó, durante la primera semana de mayo, como docente invitado en la Universidad de Siena (Italia), en el marco del programa de movilidad docente ERASMUS+.

Durante su estancia, fue ponente en el evento “Siena-Tirana Comparative Law Day – Legal Issues in the Digital Age 2025”, y además participó como docente en clases sobre Responsabilidad Civil, compartiendo conocimientos y experiencias con estudiantes y docentes de diversas nacionalidades.

Una experiencia enriquecedora que fortalece el intercambio académico internacional y promueve el diálogo jurídico en contextos globales.

GRADUADOS

Carlos Mauricio Santos Sánchez

Abogado, egresado UNAB y reconocido empresario, hoy radicado en Estados Unidos, especialista en finanzas y negocios Internacionales y experto en franquicias, visitó el programa de Derecho en el mes de Mayo del año en curso y compartió sus conocimientos en espacios académicos dirigidos a estudiantes de pregrado y posgrado, fortaleciendo así el proceso de formación integral con espíritu crítico y visión global de nuestros futuros profesionales y especialistas del derecho.

Por Cristian Darío Ariza Rodríguez, abogado y especialista en Derecho Penal UNAB. Magister en Derecho Penal de la Universidad Libre seccional Bogotá.

A través de la Constitución Política de 1991 se reforzó la calidad de sujetos de especial protección constitucional a los niños, niñas y adolescentes, dada su vulnerabilidad y desventaja frente a los demás individuos de la sociedad. A su turno, mediante la Ley 1098 de 2006 se regló el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), con el ánimo de crear una barrera de contención a las conductas punibles desplegadas por los jóvenes entre 14 y 17 años de edad, pero con un enfoque diferenciado, pedagógico, restaurativo y educativo, a efectos de no darles el mismo tratamiento que a los adultos y propender por encontrar la raíz del problema que los llevó a incurrir en un comportamiento punible, para minimizar sus efectos y permitirles recomponer su camino, suministrarles herramientas para que generen un proyecto de vida y que sean reincidentes.

Resulta de suma importancia destacar que, atendiendo al desarrollo y madurez del adolescente, el legislador dispuso eximir de responsabilidad penal a los niños y niñas menores de 14 años de edad, pues aquellos no pueden ser juzgados sin previamente habérseles impartido el sistema de reglas y deberes de la sociedad, así como lo han dispuesto los tratados internacionales. Así lo dispuso las Reglas Comunes Iberoamericanas Sobre Justicia Penal Juvenil Restaurativa:

“2.3 Los sistemas de justicia juvenil deben fijar una edad mínima antes de la cual los niños, niñas o adolescentes no puedan ser declarados penalmente responsables. La fijación de esa edad mínima debe estar en consonancia con lo establecido por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, no siendo aceptable la existencia de excepciones a la edad mínima, ni de dos edades mínimas o “rangos de edad mínima”, que atiendan a criterios de gravedad del delito y/o de madurez suficiente de los niños, niñas o adolescentes.

2.4 Si un niño, niña o adolescente que no ha alcanzado la edad mínima establecida lleva a cabo una conducta prevista en la legislación penal, no podrá ser considerado responsable en un procedimiento penal.” (página 11).

En ese sentido, la naturaleza diferenciada del SRPA recobra suma importancia, dado que, atendiendo la minoría de edad de aquellos que son destinatarios del mismo, no pueden ser tratados por igual que los adultos, porque “…Desde la primacía de su interés superior, los sistemas de justicia juvenil deben tener presentes que los niños, niñas y adolescentes se diferencian de las personas adultas en su grado de desarrollo físico y psicológico, así como por el nivel de cuidados que requieren para con sus necesidades bio‐psico‐afectivas.”¹

Ahora bien, adentrándonos al fondo del asunto, debo destacar que el SRPA Colombiano se cimienta sobre los pilares de la justicia restaurativa y terapéutica, en el sentido que se proscribe la finalidad meramente retributiva de las sanciones, dado que lo que busca, aunque no deje ser una penalidad como consecuencia jurídica del delito, es que aquellas sean pedagógicas, para que permitan al joven sometido comprender el daño causado con su conducta mediante un ejercicio reflexivo acompañado de orientación profesional, reconocer su responsabilidad mediante un ejercicio dialógico con la parte afectada, su familia y los demás actores del sistema, así como comprender la importancia de su no repetición e integración en la comunidad a través de medidas complementarias con autoridades administrativas y profesionales de la salud, la psicología y el trabajo social, que les permita abordar de fondo aquellas afectaciones que se suscitan en el seno de su hogar, carencia de autoridad por parte de sus representantes legales, posibles adicciones a sustancias psicoactivas, falencias psicológicas derivadas de traumas de la infancia no tratados, propender por un cambio en su entorno social, entre otros aspectos que terminan modulando su conducta, forma de ver la vida y respeto por sí mismo y los demás. Tan importante resulta este paradigma orientador del proceso penal juvenil que, en octubre de 2022 se declaró en Cartagena la Justicia Restaurativa como un derecho humano:

“… 5.1. Reconocimiento que la JR es un derecho inalienable, universal, irrenunciable, imprescriptible, e indivisible de toda persona humana y no solo patrimonio del sistema jurídico. 5.2- Derecho que compromete a los Estados a promover el desarrollo restaurativo, de manera estructura y sistemática, convirtiéndose la JR en el punto nodal y base de la organización social, en pos de promover una ciudadanía plena, participativa, constructiva de una sociedad no violenta, aspiración manifestada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS 11 y 16).. Asumiendo el “Buen Convivir”, como el paradigma de una nueva sociedad, significante que implica el compromiso ético y el  deseo de producir una subjetividad que posibilite el fortalecimiento del lazo social y construir una sociedad atravesada por la cultura de la paz“.²

Por ello, resulta de vital importancia el enfoque restaurativo del Sistema Penal Juvenil colombiano, en tanto que permite por su conducto la solución efectiva, muchas veces fuera del procedimiento penal establecido, de la mayoría de los problemas que suelen ostentar los adolescentes y que lamentablemente los incursionan en la comisión de conductas punibles, pues permite conocer a fondo el hecho genitor de la misma y su detonante, para minarlo o intentarlo, y así permitir un desarrollo pleno de aquellos sujetos de especial protección constitucional, generando efectos positivos en el tejido social, pues permite entregarle un adulto en potencia que tendrá una mejor visión de las consecuencias de sus actos y concientizarse mejor de aquello. El enfoque restaurativo es un pilar esencial en el SRPA, porque permite encontrar la respuesta a la mayoría de problemas que aquejan a esta población etaria vulnerable y sensible, permitiendo subsanarlos a tiempo para impedir la delincuencia adulta y resolver aquellos asuntos de orden psicológico, social o terapéutico que en su núcleo familiar no ha sido posible.

Para hacer realidad el enfoque restaurativo, en campo se ha venido ejecutando, por ejemplo en la ciudad de Bucaramanga, en convenio con la Secretaría de Interior de la Gobernación de Santander, a través del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa –PJJR conformado por profesionales del derecho, la psicología y el trabajo social, quienes conforman triadas, las cuales, previa remisión del caso por parte de la agencia fiscal y con la debida reserva que cobija al SRPA, abordan el delito mediante prácticas con las partes implicadas (ofensor y víctimas) como: círculos restaurativos, conferencias familiares o con la comunidad, escucha activa, reflexión, diálogo con las partes, actos simbólicos de perdón, entre otros, debidamente establecidos por el Ministerio de Justicia y del Derecho, para resolver de fondo el conflicto o construir las vías para ello, logrando en su mayoría que el joven ofensor reconozca su responsabilidad, la restauración de la víctima ofendida mediante medidas principalmente simbólicas y reflexivas, así como la reintegración del joven ofensor a su comunidad, tras lo cual el equipo de profesionales emite un informe final y un acuerdo restaurativo que suscriben las partes que se remite al fiscal que conoce el caso.

Por esto, mediante la figura del principio de oportunidad (artículo 321 y ss. Código Penal), el actual procedimiento penal juvenil encuentra una respuesta a la materialización efectiva y positiva del enroque restaurativo del SRPA, dado que su aplicación y aprobación por parte del Juez con Función de Control de Garantías permite la suspensión o renuncia de la acción penal tras comprobarse que resulta innecesario y más perjudicial continuar su judicialización, en tanto que las partes han logrado dar solución efectiva y duradera al conflicto suscitado, cambiando el paradigma tradicional que mediante la emisión de una sentencia sancionatoria se lograría lo propio, cuando ello realmente no es así.

Finalmente, debe destacarse que, mediante la Resolución 0-0561 del 9 de diciembre de 2024, la Fiscal General de la Nación derogó la resolución nº 4155 de 206 y reglamentó la figura del principio de oportunidad aludida, con la cual fortaleció su aplicación en el SRPA, permitiendo ampliar su espectro a casi todas las conductas punibles y así lograr su efectividad cuando son los adolescentes quienes se ven inmersos en conductas punibles, fortaleciendo los mecanismos de terminación anticipada del proceso penal, todo en beneficio de los niños, niñas y adolescentes, para que el conflicto sea abordado con un enfoque diferencial y restaurativo, cambiando cada vez más el ideal que la sanción es la única respuesta a dicha problemática y, en cambio, reconociendo su ineficacia e ineficiencia en el abordaje y solución de los problemas puestos a consideración de la administración de justicia.

Con el fortalecimiento del enfoque restaurativo del SRPA, cada vez cobra más protagonismo en el proceso penal juvenil colombiano la aplicación del principio de oportunidad, pues su legitimación en la sociedad ha permitido extinguir poco a poco la falsa creencia que es sinónimo de impunidad, dado que realmente a través del mismo, con un enfoque restaurativo, es posible dar solución efectiva a la mayoría de los conflictos penales y centrar el foco de atención también en las víctimas que, en muchos casos, quedan relevadas por cuestiones de orden procedimental, así como que permite que quienes realmente se ven inmensos en aquel puedan dialogar y considerar oportuno la forma en que el ofensor restaurará el daño causado, dejando de un lado el rigor de la técnica jurídica y prevaleciendo la voluntad de las partes, quienes finalmente son las que sufren las consecuencias del delito.

¹Pág. 11 Reglas comunes Iberoamericanas de JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA.

²Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa. Cartagena, Colombia. Octubre de 2022.

Una demanda en contra del maltrato animal en Colombia

En 1989 el Congreso de la República sancionó la Ley 84 de la que surgió el Estatuto Nacional para la Protección de los Animales, un listado de disposiciones que brindan especial protección contra el sufrimiento y el dolor a animales domésticos, salvajes y silvestres en todo el territorio. El artículo 6 de esta Ley permitía las mutilaciones en animales sólo cuando se realizaran por alguna razón “técnica, científica, zooprofiláctica, estética o por por piedad para con el mismo animal”.

La especificación de “razón estética” hacía posible prácticas en mascotas como cortes de orejas y cola, o extirpación de cuerdas bucales y uñas, estas últimas realizadas frecuentemente en gatos así como en razas de perros como pitbull, french poodle y dóberman. Fue el término “estética” el que llamó la atención del demandante quien planteó dichos procedimientos como perjudiciales los cuales implican un dolor innecesario para estos animales.

La demanda en cuestión fue interpuesta por Camilo Andrés Montero Jiménez, un abogado especialista en Derecho Penal de la Universidad UNAB. Camilo recibió su título del programa de Derecho de la UNAB en abril de 2024 y ese mismo mes terminó el documento de la demanda.

Su alegato en contra del literal C del artículo 6 de la Ley 84 de 1989 fue admitido por la Corte Constitucional en mayo y rápidamente contó con apoyo de la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Ambiente, la Alcaldía de Bogotá, el Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado, y facultades de medicina veterinaria de varias universidades.

“Esta norma siempre me llamó la atención y siempre consideré que esas prácticas no iban muy acorde con ciertas normas constitucionales que conciben a los animales como seres sintientes y que los protegen de cualquier agravio injustificado”, manifestó Camilo. “Desde pequeño siempre he empatizado mucho con los animales, tengo una mascota que se llama Bruno que es muy importante para mí. No soy un activista propiamente, pero siempre he tenido ese sentir por ellos”.

Bruno, la mascota de Camilo Montero Jiménez / Foto suministrada

Luego de varios meses de espera, en noviembre del año pasado, un mes después de que Camilo se graduó como especialista en Derecho Penal en la UNAB, la Corte Constitucional declaró la anulación de esta norma a través de la Sentencia C – 468 de 2024 mediante la cual se prohíben las mutilaciones estéticas en animales por considerarse maltrato.

La decisión fue reconocida como un avance en la lucha contra el maltrato animal en Colombia por expertos defensores del tema como la senadora Andrea Padilla, promotora de la conocida Ley Ángel a favor de los derechos de los animales, que agradeció públicamente la iniciativa de Camilo en sus redes sociales. Además de este reconocimiento, el joven graduado fue contactado por la Michigan State University para incluir la sentencia en su colección sobre derecho animal, conocida por ser la más grande del mundo en estos temas.

“Yo le agradezco a la UNAB inmensamente, no solo jurídicamente por los conocimientos adquiridos sino motivacionalmente, porque los profesores siempre nos animaron a presentar esta clase de acciones para defender lo que nos apasionaba, los derechos de las personas y de los animales, siempre nos fomentaron a hacer esta clase de acciones públicas”, expresa Camilo.

Harold estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Industrial de Santander, UIS. Desde que obtuvo su diploma universitario en 2010, ha trabajado en temas relacionados con la ingeniería contra incendios. Es especialista certificado en el manejo de este tipo de siniestros y su labor se relaciona con el diseño de sistemas de protección industrial de alto riesgo para empresas privadas.

Aunque su vida profesional la venía dedicando únicamente a desarrollar su perfil como ingeniero, hace varios años Harold sintió curiosidad por estudiar a fondo un tema que hasta ese entonces estaba presente solo en su ámbito personal: la política. Como cualquier persona independientemente de su profesión, dejaba sus opiniones como ciudadano en sus redes sociales sobre los acontecimientos políticos del mundo y con el tiempo logró captar la atención de muchas personas. Fue entonces cuando supo que quería orientar su vocación hacia otro camino.

“Hace tiempo me percaté que mi actitud hacia la política era simplemente crítica y de desesperanza. Me di cuenta que realmente eso no servía y que debía buscar una forma más útil para entenderla. Empecé a participar de forma sencilla con publicaciones y lograba bastante alcance. Con eso entendí que la política es una herramienta que debe ser bien utilizada y que me tenía que formar para cambiar mi actitud sobre el tema”, afirma Harold.

Fue así como en 2021, con mucho entusiasmo y expectativa, empezó a estudiar la Maestría en Políticas Públicas y Desarrollo de la UNAB. A pesar de ser el único ingeniero en un grupo de abogados y administradores, su formación previa en materias como cálculo, le dio una ventaja para entender mejor las nociones de economía que sobresalen en el plan de estudios de este posgrado. Este aspecto y la afinidad que tuvo con los conceptos desde la primera clase, le hicieron sentir confianza para ir aplicando los nuevos conocimientos en escenarios reales.

“Los temas que se profundizan en la maestría me sirvieron para ayudar a formar cerca de 20 aspirantes a alcaldías de Santander en las pasadas elecciones. En Bucaramanga, me vinculé con el candidato del Pacto Histórico y trabajamos en su plan de gobierno, en las estrategias de comunicación y en la preparación para entrevistas. Todo lo que iba leyendo también me ayudó a tener argumentos más sólidos frente a temas que me gustan como la desigualdad, los objetivos de desarrollo ambientales, el desarrollo económico. Ahora tengo un criterio para controvertir con sustento”, menciona Harold.

La tesis de su maestría la hizo tomando como base otro concepto en el que halló interés a medida que transcurrían las clases: la forma en que los medios de comunicación influyen en la opinión de los públicos sobre los temas políticos. “Políticas públicas contra la desinformación de los medios de comunicación en las democracias globales” fue el nombre que le dio a su proyecto de grado, en el cual compara legislaciones sobre regulación de medios de información que han sido ejecutadas alrededor del mundo y argumenta por qué en Colombia es necesaria una política similar.

“Colombia es uno de los países más polarizados políticamente y también es uno de los países en los que las personas sienten menos confianza tanto en los medios de comunicación como en sus propios gobiernos. Los países que no tienen este tipo de regulación son también los que tienen estos bajos indicadores, mientras que los regulados, como pasa en la Unión Europea, presentan mejores índices de confianza. El modelo de comunicación privada busca defender intereses ligados a grupos políticos y al no estar regulados, lo que informan contribuye a polarizar la opinión de las audiencias y eso es muy dañino para la democracia”, comenta Harold.

Gracias a su trabajo con el excandidato a la alcaldía, el magíster UNAB logró presentar su tesis a miembros del Pacto Histórico quienes lo invitaron a exponerla el pasado 27 de agosto en una audiencia pública sobre medios alternativos sucedida en el Congreso de la República. Harold compartió la transmisión de su ponencia en sus redes sociales, publicación que ya alcanza 157.000 reproducciones, 2.000 me gustas y más de 1.500 compartidos.

Ahora, luego de graduarse y de recibir una distinción meritoria por su trabajo de grado, Harold sigue buscando más personajes de la esfera política que tengan interés en conocer su investigación y que quieran, por qué no, tener en cuenta sus hallazgos para complementar el proyecto de ley presentado en 2022 por, precisamente, el Pacto Histórico para democratizar los medios de comunicación.

Mientras tanto, Harold continúa dando su opinión, ya más formada, en sus redes sociales sobre los temas políticos de Colombia y el mundo, e incluye ahora su nueva mirada crítica a los medios de comunicación en sus consideraciones públicas. El mes pasado publicó en su cuenta de Facebook la foto del día de su graduación como magíster y en la frase que acompaña la imagen supo dar respuesta a la pregunta inicial de este texto: “Empecé por una convicción, un apasionamiento, sentí un deber. Y me mostraste un propósito. Gracias”.

Por María Andrea Figueroa Alfonzo, graduada del Programa de Derecho con Especialización en Derecho Público. Ambos, programas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

El Derecho del Consumo permite proteger los intereses y la dignidad de las personas en sus relaciones sociales y económicas, lo cual contribuye a fomentar la confianza y equilibrio del mercado, promover el crecimiento económico y el bienestar social. De esta manera, entre más confianza tienen los consumidores en que sus derechos están siendo respetados, más van a estar dispuestos a participar activamente en el mercado.

Proteger los derechos de los consumidores previene el abuso de grandes industrias que pueden actuar de manera irresponsable, así como fomentar un consumo sostenible con el medio ambiente. Es por eso que la normativa de la protección al consumidor debe aspirar a hallar un equilibrio entre el mercado, el Estado y los ciudadanos, que permita una economía al servicio del ser humano y no al contrario, así como una dinámica del mercado más justa y equitativa orientada al interés general.

De allí la importancia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que actúa como autoridad garante de la protección de los derechos de los consumidores, para lo cual cuenta con varias herramientas como la capacidad de realizar investigaciones administrativas, adelantar procesos sancionatorios, imponer multas, ordenar la suspensión de publicidad engañosa y adelantar procesos judiciales, entre otras. Su actuar permite un mercado justo y equitativo que protege los consumidores y promueve el respeto de sus derechos.

Comercio electrónico

En los últimos años, el uso del comercio electrónico ha experimentado un incremento notable, y esto se debe a varios factores. Por una parte, la pandemia y las restricciones de movilidad que se derivaron de ella, hicieron que muchas personas se hubieran visto obligadas a recurrir al comercio electrónico como alternativa a las compras físicas y así satisfacer muchas de sus necesidades.

También ha habido otros factores como el avance tecnológico y el acceso a la información, que han dado lugar a cambios en las dinámicas del mercado, lo que ha hecho que el comercio electrónico sea una opción cada vez más atractiva para los consumidores, por la comodidad de hacer compras desde cualquier lugar con acceso a internet, la disponibilidad de una gran variedad de productos y servicios, así como la posibilidad de comparar precios y características de forma más rápida y sencilla. Adicional, cada vez, son más los emprendimientos que han optado por funcionar exclusivamente a través de internet, para consolidarse en el mercado.

No obstante, todavía existe una cierta resistencia al comercio electrónico, debido a que muchas personas tienen miedo a utilizarlo, en parte por la falta de conocimiento sobre las herramientas y medidas de protección que existen para los consumidores. Por ello es importante destacar que la protección del consumidor no solo se aplica al comercio tradicional, sino también al comercio electrónico. Por lo tanto, es fundamental que los consumidores conozcan sus derechos y sepan cómo protegerse para garantizar que las relaciones comerciales sean justas y equitativas.

En ese orden, aunque Colombia se ha destacado en la región por su compromiso en la protección de los derechos de los consumidores y la SIC tiene una serie de medidas para protegerlos, un consumidor bien informado y consciente de sus derechos, es mucho más valioso y efectivo que contar solamente con una autoridad que los protege. Por esta razón, a continuación, resalto algunos consejos o recomendaciones que pueden ayudar tomar mejores   decisiones al realizar compras a través de comercio electrónico:

• Tener en cuenta que como consumidor se tiene derecho al retracto, es decir, se permite deshacer la compra en un tiempo máximo de cinco días hábiles sin ningún tipo de explicación. Además, se puede solicitar la reversión del pago en caso de que el producto no llegó, no coincide con el solicitado, está defectuoso o se trate de una operación no solicitada por el consumidor.
• Tener presente que las normas del Estatuto del Consumidor en materia de comercio electrónico aplican para aquellos proveedores de bienes y servicios que están domiciliados en Colombia. Lo anterior, porque la SIC es una autoridad de control, inspección y vigilancia dentro del territorio nacional. En ese sentido, el empresario que vende en Colombia debe identificarse, pero si la empresa no tiene domicilio en Colombia, el consumidor no puede acudir a la SIC para corregir la conducta de ese empresario. Lo anterior es importante debido a que en ocasiones existen páginas espejos que además de robarse datos personales, también pueden incurrir en otros delitos como el hurto, toda vez que no garantizan al consumidor que van a recibir el producto adquirido.
• Verificar que en la página web se publiquen datos de identificación como el nombre de la sociedad, el Nit, la dirección de contacto, tanto correo electrónico como número telefónico.
• Revisar la legalidad de la página web antes de realizar cualquier transacción en línea. Esto implica verificar que la conexión sea segura, que la página tenga un candado, que por lo general se encuentra en la parte superior izquierda e inicie con el http.
• Comprobar que la pasarela de pago está vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio o por la Superintendencia Financiera.
• Observar que la página web disponga de un enlace visible y fácilmente identificable que permita a los consumidores ingresar a la página web de la SIC, para presentar reclamaciones, sin perjuicio tiene que acudir primero a ellos y posteriormente a la Sic.
• Revisar que la página web cuente con mecanismos para que el consumidor pueda radicar sus peticiones, quejas o reclamos, de tal forma que le quede constancia de la fecha y hora de la radicación, incluyendo un mecanismo para su posterior seguimiento.
• La SIC ofrece gran facilidad y opciones para que los consumidores presenten denuncias y quejas. Pueden descargar la aplicación móvil, usar las herramientas y formularios que disponen en su página web que les permite realizar estos trámites de forma sencilla: https://www.sic.gov.co/denuncias-y-demandas-en-materia-de-proteccion-al-consumidor, así como presentar las denuncias y quejas a través del correo institucional contactenos@sic.gov.co, sin necesidad de cumplir formalidades o comunicarse a las líneas telefónicas que se informan en su portal web y presentarlas de manera directa.
• Recuerde que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene una facultad administrativa y otra jurisdiccional frente a la protección de los derechos del consumidor, dependiendo del interés puede exigir la garantía de sus derechos, es decir, si se trata de un interés particular, como la devolución de su dinero, puede iniciar una demanda ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, y si es de interés general, se puede interponer una queja en la Dirección de Investigaciones de Protección del Consumidor, para imponer sanciones en favor del Estado e impartir órdenes administrativas. Se pueden realizar los dos procedimientos al mismo tiempo, tanto la queja como la demanda, para lo cual la página web dispone de la información y los procedimientos para radicar de manera fácil e informada.

Parada Rueda es abogado y especialista en Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Bucaramanga; magister en Ciencias Penales y Criminológicas, especialista en Derecho Disciplinario y doctorando en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. También es docente universitario, conjuez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, miembro fundador y directivo del Colegio de Abogado Penalistas de Colombia.  

• ¿Cuál fue tu primer trabajo al graduarte de la Universidad? ¿Puedes contarnos un poco de esa experiencia?

Realmente una de las mayores fortunas que he tenido, ha sido la de poder trabajar de la mano del profesor Rodolfo Mantilla Jácome, quién, mientras yo hacía mi judicatura como monitor del consultorio jurídico de la UNAB, me permitió apoyarle en las labores que como abogado litigante desempeñaba. En ese momento me di cuenta que el ejercicio de la profesión ante los estrados judiciales, era lo que me apasionaba y lo que quería hacer como abogado.

Así, pues, mi primer trabajo se ha mantenido al día de hoy, como abogado litigante, a lo que debo sumarle que desde el primer momento la Universidad, y gracias al apoyo de las profesoras Yaneth Orellana y Gladys Rojas, me dio la oportunidad de iniciar mi ejercicio docente en el programa de Investigación Criminal y Ciencias Forenses.

Hoy día alterno mi labor como abogado litigante junto con la docencia, cuestión que me permite no solamente estar enterado de las novedades que a diario se presentan en el desarrollo de la profesión, sino que también me obliga a estar preparado para responder ante las inquietudes de mis estudiantes.

• Un abogado es independiente por naturaleza, ¿cómo surge la idea de emprender con tu propia firma de abogados? Cuéntanos un poco de ella.

En la Universidad tuve dos referentes muy importantes: en primera medida, el profesor Rodolfo Mantilla, quien me permitió trabajar de su mano; y, en segunda medida, y con una cercanía muy especial, el profesor Luis Francisco Casas Farfán, que, en aquel entonces, era abogado litigante. De él aprendí cómo se ejerce el litigio en términos de honestidad, tenacidad, pero por sobre encima de todo, en términos de independencia.  Siempre he sido un tanto contestatario, y por qué no decirlo, irreverente, y el espacio en el que advertía que efectivamente podía explotar el potencial que tengo, era el litigio. Afortunadamente el profesor Casas creyó en mí, y día a día me fue orientando para construir lo que hoy es una firma de abogados que se encarga de defender con entereza los intereses de las personas que lo necesitan.

• ¿Cuál ha sido el mayor desafío que has tenido que enfrentar en tu ejercicio profesional y en la puesta en marcha de tu firma de abogados?

Paradójicamente, y como algo que creo que es necesario modificar de manera urgente, los que menos creemos en el potencial de las regiones, somos los que estamos en las regiones. Me refiero respecto a quienes no se encuentran en la ciudad de Bogotá, que es lo que denomino como “bogocentrismo”. Esto puede ser un impedimento para que personas con unas capacidades enormes, puedan brillar en escenarios nacionales. Hoy día enfrento una lucha que espero mantener hasta los últimos días del ejercicio profesional, y es aquella dirigida a hacerle entender a la comunidad en general, que fuera de la capital del país, existe muchísimo talento. El mayor desafío que enfrentamos es el de romper aquel paradigma y abrirnos campo en espacios que, por lo general, están reservados para quienes se encuentran fuera de las regiones.

Esta lucha no es nueva, ya el profesor Laureano Gómez la había iniciado hace muchos años, y creo que gracias a él se abrió un espacio para quienes veníamos atrás.

• La mayoría de los integrantes de tu equipo de trabajo en tu firma son Abogados de la UNAB, ¿qué cualidades puedes destacar de los graduados de la UNAB?

Efectivamente y esto tiene una explicación: la capacidad de ser críticos a partir de una concepción liberal del derecho y de la vida en general. Podría pensarse que no, pero la academia marca una pauta muy importante en la formación y en las ideas de los estudiantes. Jamás en la Universidad Autónoma se me impidió exponer o defender una de mis ideas. Los egresados tenemos un sentido crítico, que en litigio es fundamental.

Recuerdo con mucho agrado una experiencia que se presentó con el doctor Juan Carlos Acuña Gutiérrez, que en aquel entonces era decano de la Facultad de Derecho. Yo iba a asistir a un evento académico externo y la facultad no me permitió ausentarme de clases, lo cual me pareció injusto. Saltando el conducto regular que existía, acudí a hablar con la vicerrectora académica, y al día siguiente recibí una llamada del doctor Acuña, quién me puso de presente que analizado el caso habían determinado que efectivamente contaba con el permiso correspondiente. Lo importante de la anécdota, es que la Universidad siempre me abrió las puertas para discrepar y jamás se me censuró por defender lo que consideré era lo apropiado. Curiosamente, este episodio permitió que se iniciara una amistad que hoy día se mantiene con Juan Carlos, que sabe que mis posiciones muchas veces van en contravía de lo que algunos directivos consideran, pero aun así me ha abierto las puertas para participar en cualquier escenario.

• ¿Qué puedes destacar de la formación que te brindó el programa de Derecho de la UNAB?

Lo más importante para mí, es que la Universidad me enseñó a “pensar”, y no “qué pensar.

• ¿Qué extrañas de la UNAB?

Todo; realmente pasé momentos formidables en la Universidad. Pero hay algo que extraño muchísimo, y es el sentarme en la cafetería que llamábamos “kool”, a simplemente esperar el cambio de clases. Ahí formé amistades que hoy se mantienen.

• ¿Qué consejos le darías a un recién graduado que está por iniciar su etapa laboral?

Mi consejo es el que siempre le doy a mis estudiantes: cuando afronten el mercado laboral, piensen con “la cabeza” y no con “el estómago”. Muchas veces se toman decisiones permanentes con base en situaciones temporales, partiendo de una especie de necesidad de incrementar el patrimonio y ahí es donde está el error.

• Eres columnista del periódico Vanguardia ¿Cómo surgió esta oportunidad? ¿Cómo ha sido tu experiencia y qué es lo que más te ha gustado?

Este escenario aún esta en formación y por supuesto, como todos, hay que esperar el momento ideal. Por ahora soy una especie de columnista emergente, dónde, cuando el espacio lo permite y los temas pueden ser relevantes, se me permite expresar mis ideas. Aun cuando la paciencia no es mi mayor virtud, entiendo que todo toma tiempo y la credibilidad para los lectores se forma con dedicación. Gracias a la directora del periódico, Diana Giraldo, quien un día amablemente me permitió escribirle y pedirle el espacio. Ahí cobra relevancia lo que mi mamá dice muy seguido: “la cara del santo hace milagros.

Casas Farfán es doctor en Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares, magíster en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia con especialización en Derecho Público, Derecho Penal y Docencia Universitaria de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y Derecho Constitucional de la Universidad Libre de Colombia. Ex-magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Seccionales de la Judicatura de Bogotá y Tunja, Procurador Judicial II y actualmente coordinador de procuradores judiciales penales de Santander. Además, es autor de los libros Detención y libertad en el sistema procesal penal colombiano, Estados de Excepción y derecho penal y coautor del libro Teoría de la Culpabilidad.

Cuéntenos un poco de su nuevo cargo en la Procuraduría

La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial es una dependencia de la Procuraduría General de la Nación, que tiene como finalidad adelantar los procesos disciplinarios contra algunos servidores públicos que tengan rango equivalente o superior al de Secretario General de las entidades que formen parte de la rama ejecutiva del orden nacional, legislativa o judicial, y de la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Organización Electoral, el Banco de la República, la Comisión Nacional de Televisión, las comisiones de regulación de servicios públicos y de otros organismos autónomos del orden nacional.

¿Cuáles han sido los mayores logros que hicieron posible este nuevo cargo?

La responsabilidad y el compromiso con las funciones que se asumen. Antes de ser designado como Procurador Delegado me desempeñaba como Coordinador de Procuradores Judiciales penales de Santander y logramos, como equipo de trabajo, un reconocimiento de nuestra labor en los escenarios de intervención judicial como también al interior de la Procuraduría.

¿Cómo se ha transformado la labor que ejerce durante la pandemia?

Desde que se decretó la emergencia social, la Procuraduría General de la Nación implementó un sistema de trabajo en casa y posteriormente, en la medida en que las condiciones de salud lo han permitido, una alternancia entre trabajo en casa y presencialidad en las oficinas. Estas medidas adoptadas han generado una dinámica distinta a la que tradicionalmente se tenían, puesto que ahora, demandando mayor cantidad de tiempo, se debe tramitar procesos que deben previamente digitalizarse, desarrollar reuniones y audiencias por vía telemática, con los inconvenientes que representa la conectividad para muchas personas. 

¿Cuál fue su primer trabajo al graduarse de la Universidad? ¿Puede contarnos un poco de esa experiencia?

Mi primer trabajo lo obtuve vía concurso de méritos, en décimo semestre.

Se había creado la Fiscalía General de la Nación y en 1994 se convocó a concurso nacional para ocupar los cargos nuevos que se creaban en las fiscalías locales. De esa manera, pude desempeñarme de 1994 a 1998 como técnico judicial del ente instructor. Fue una excelente experiencia en la medida en que tuvimos que asumir enormes cargas laborales, organizar una nueva entidad y actuar de modo tal que se legitimara esa autoridad que empezaba a ser conocida por los colombianos.

¿Cuál ha sido el mayor desafío que ha tenido que enfrentar en su ejercicio profesional? 

Quizás cuando asumí como magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Boyacá. Recibí un despacho con un inventario de procesos sumamente elevados, un equipo humano que tenía serias diferencias entre sus miembros y, además, una imagen no muy positiva del despacho. En el tiempo que estuvimos al frente de esa dependencia logramos unos de los índices de mayor productividad del país y, no sólo eso, sino que el clima laboral cambió 180 grados y la legitimidad que tuvimos como corporación fue total.

Durante sus años como estudiante en la universidad siempre hay docentes que marcan la vida de los estudiantes, ¿Cuál cree que fue el suyo y cómo esto lo llevó a ser quien es hoy en día?

Son varios nombres que vienen a la memoria. Cada uno de ellos tiene en mí un grato recuerdo y un espacio en mi alma. Profesores grandiosos que ya no están: Laureano Gómez, sin duda, con su sarcasmo inteligente y su manera de ser, nos enseñó la importancia de la disciplina, el rigor intelectual en todo lo que se hace. Heriberto Sánchez, el maestro de la vida, nos mostró la importancia del lenguaje y la historia, no como un compendio de saberes inútiles, sino como los insumos esenciales para saber dónde estamos parados y entender el entorno en que estamos.

Dentro de los hábitos de un profesional de leyes como el estar informado y la lectura crítica, ¿Cuál cree que fue el más importante aportado por la UNAB en sus años como estudiante?

La UNAB tiene un sello: Es una universidad liberal de pensamiento. Esa impronta implica tolerancia, debate, crítica, respeto por la diferencia. Creo que el ambiente universitario que vivimos nos cultivó en esos campos y nos marcó como profesionales.

¿Qué consejo daría a los jóvenes que inician o se encuentran estudiando Derecho?

No soy nadie para dar consejos, sólo le digo que están estudiando una hermosa profesión que tiene una finalidad simple y que a veces pareciera utópica: tener un instrumento racional para resolver los conflictos y lograr unos niveles de justicia en nuestra comunidad.

En la medida en que cada uno se percate de esto tan elemental y, no sólo eso, sino que además luche por lograrlo, podrá sentirse realizado como persona y como profesional. El éxito no es alcanzar dinero o fama. Es alcanzar la tranquilidad que sólo concede el deber cumplido.