Por Luis Fernando Rueda Vivas*
Pesos y contrapesos. Para que una democracia funcione se necesita entender muy bien a qué hace referencia este concepto el cual, cuando se rompe, se pierde el equilibrio entre los poderes del Estado. De eso hemos visto de tanto en tanto y de cuando en vez, ya sea por asuntos internos como el regreso de la reelección en Colombia en 2006, de suficientes repercusiones hasta el sol de hoy, o de vecinos como Venezuela que caminan hace 20 años hacia el abismo.
Con lo que nadie contaba es que llegara una pandemia que cambiara el orden de las prioridades. El covid-19 trajo consigo acciones encaminadas por los Gobiernos, en todo el mundo, a proteger la salud de sus ciudadanos con medidas extremas como el encierro de la población en cuarentenas las cuales, a la postre, terminaron por derrumbar las economías mientras se ganaba tiempo para preparar los sistemas sanitarios ante la probable embestida del temido pico del contagio. Es en ese contexto que países pobres como Colombia, además de desnudar sus carencias en materia de salud, tuvo que atender con recursos públicos la imperiosa necesidad de un grueso de la población cuyo remedio más urgente fue esperar la mano tendida del Estado para paliar el físico hambre.
Un informe del diario El Espectador estableció un comparativo entre diferentes democracias sobre el cuidado que, durante la emergencia sanitaria, tuvieron países como Francia y Sudáfrica, para proteger ese equilibrio en el poder público mientras que en Colombia la Corte Constitucional, según la publicación, le giró un cheque en blanco al gobierno de Iván Duque y este, a su vez, hizo lo propio con los alcaldes y gobernadores, delegando en ellos las medidas de flexibilización del llamado aislamiento preventivo obligatorio, que ya lleva cinco meses y aún no tiene fecha de terminación.
Un publicitado frente común entre la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, emitió en abril pasado una primera alerta dirigida a proteger los recursos destinados para atender los efectos de la pandemia en la población colombiana. Es la primera vez que los máximos órganos de control establecen un frente común de esta naturaleza para salvaguardar esos dineros. Desde nuestras órbitas de competencia hemos examinado ya 7.756 contratos celebrados, en gran parte bajo la figura de la urgencia manifiesta. Hemos dispuesto los mejores recursos humanos y tecnológicos para alertar y prevenir sobre posibles anomalías que se traducen, como lo hemos verificado técnicamente, en presuntos sobrecostos en los productos que componen los kits de alimentación para comunidades vulnerables y también en equipos y material hospitalario, dijo públicamente el contralor Carlos Felipe Córdoba en una entrevista a un medio de circulación nacional.
La decretatón
Pero más allá de las libertades individuales y los excesos que, bajo normas dictadas en un estado de emergencia, pudieron ser materia de inexequibilidad en nuestro país, están los millonarios recursos puestos a disposición para enfrentar el coletazo de la crisis. Constitucionalmente el Presidente de la República tiene la potestad de declarar el Estado de emergencia cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen con perturbar de forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública.
En la primera declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, desde el 17 de marzo hasta el 16 de abril, el Gobierno expidió más de 160 decretos con fuerza de ley, y en la segunda emergencia, que corrió desde el 6 de mayo, la cifra sobrepasa los 50.
Para Sandra Ximena Martínez Rosas, directora programática de Transparencia por Colombia, quien en un reciente foro sobre inspección, vigilancia y control organizado por el Instituto de Estudios Políticos (IEP) de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), reveló los resultados de la iniciativa Ciudadanía Activa: con los ojos puestos en los recursos covid-19, al tenor de la emergencia surgió también la decretatón. En una sola semana se expidieron, según Martínez, más o menos 80 decretos, una cantidad infinita que posibilita el accionar de los amigos de la contratación pública que vieron, en las primeras semanas de la emergencia, la papaya puesta para repartir sus ganancias.
Esta iniciativa revisó, en tres momentos, 19.676 contratos por un monto aproximado de 2,5 billones de pesos en nueve regiones del país . Según el informe, que puso la lupa entre el 16 de marzo y el 17 de julio, cerca de la mitad de estos contratos fueron asignados de manera directa argumentando urgencia manifiesta, los recursos se destinaron prioritariamente a gastos de alimentación y ayudas para población en condición de vulnerabilidad mientras que los contratos de adquisición de bienes y servicios para salud representaron una proporción menor.
Volviendo al frente común de los organismos de control, para tener una referencia sobre los alcances de la mano larga de la corrupción, productos de la canasta familiar como la sal, panela y pastas, se cotizaron con valores superiores al 200 % de su precio habitual. Para Martínez la contratación se concentró en compras de ayuda humanitaria, es decir, para atender la pobreza, y la compra de equipos médicos así como suministros no fue prioridad. La contratación directa es una bandera roja, el estado de excepción no exime de los principios de la contratación pública. A ello se le suma esa costumbre tan colombiana de salir a cobrar la factura: 416 contratistas covid fueron financiadores de campañas políticas, que si bien esta relación no representa automáticamente una inhabilidad o incompatibilidad, esta iniciativa alertó sobre la situación. El monto de las contribuciones hechas a campañas por estos contratistas es superior a 4,7 mil millones de pesos, mientras que el valor de los contratos que reciben es aproximadamente tres veces mayor, ascendiendo a 12,5 mil millones de pesos, revela el informe.
La contratación en Santander
El capítulo de Transparencia por Santander encontró que en 146 contratos, que sumaron juntos 20 mil millones de pesos, 135 fueron detectados con problemas en el cumplimiento de requisitos legales y/o lineamientos expedidos en el marco de la emergencia. Los contratos a los que se les puso la lupa, según Marcela Pabón Rozo, vocera de este comité, corresponden a los 87 municipios del Departamento y la Gobernación de Santander.
La falta de justificación de los precios, la poca idoneidad de los contratistas, los precios exageradamente elevados y la publicidad tardía o deficiente en los documentos anexados, entre otros, fueron los principales hallazgos de esta veeduría. Según Pabón, aparecieron SAS (sociedades por acciones simplificada) cuyo objeto social resultaba muy amplio pero en nada tienen que ver con el objeto de contratación, explicó. Y sobre los precios elevados la constante justificación es que venderle al Estado es más caro.
Por su parte, en el más reciente informe de la iniciativa Ciudadanía Activa: con los ojos puestos en los recursos covid-19, dado a conocer esta semana, se encontraron 918 contratos en Santander relacionados con la crisis del covid-19 por un valor superior a los 67 mil millones de pesos. De ese total -dice el informe- 828 contratos fueron asignados bajo la modalidad de contratación directa, esto representa el 90,2 % de los contratos para la emergencia y el 97,3 % del monto total celebrado para contener los efectos de la pandemia en el Departamento.
Elevar la conciencia en la gestión pública
Para el rector de la UNAB, Juan Camilo Montoya Bozzi, institución que lidera la Red Santanderena por la Transparencia, el momento que estamos viviendo, en ambientes remotos y virtuales, es un desafío para el manejo de los recursos. Asimismo, el directivo señaló como de suma importancia que los organismos de control sigan adelantando procesos de modernización, tecnología, ciencia de datos, con el fin de actuar con mayor rapidez y efectividad.
El seguimiento permanente y en tiempo real a la ejecución de los recursos es un avance en la dirección correcta, lo mismo que la participación ciudadana con los ojos abiertos y el tapabocas bien puesto. Lilia Aidee Velasco Abril, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAB, considera que el uso de la tecnología y el control ciudadano han permitido hacer las denuncias ante presuntos inversionistas indebidos so pretexto de atender la pandemia.
María Juliana Acebedo, quien durante años estuvo al frente del comité Transparencia por Santander, reconoce que llegamos a un punto en el que la corrupción se volvió costumbre, muchos se hacen elegir para hacer negocios con la contratación para particulares e intereses privados, el que no tiene eso en la cabeza es el bobo del paseo. El ingeniero Félix Jaimes Lasprilla, un hombre curtido en materia de contratación pública, señala por su parte que hace unos años se afirmaba, con razón, que la corrupción hacia más daño que la guerrilla. Hoy, sin ninguna duda, la corrupción hace más daño que el coronavirus. Y mata.
*Director Oficina de Comunicación Organizacional
