
Por Pastor Virviescas Gómez
Enviado especial de Ciencia Abierta UNAB. Reportero con 40 años de experiencia y tres Simón Bolívar.
La Universidad UNAB, la Alcaldía y hasta los hinchas del Atlético Bucaramanga están comprometidos con iniciativas de barrismo social, paz y derechos humanos, comunidades étnicas y discapacidad. En 2027 el balón le llegará al Concejo Municipal.
Conscientes de este panorama, y mientras se convierte en la ‘Boston de Latinoamérica’ o en la ‘Barcelona sudamericana’, la Universidad UNAB y la Alcaldía de Bucaramanga se embarcaron en la tarea, quijotesca quizás, de plantear y sacar adelante políticas públicas de enorme impacto en sus 625.000 habitantes y en los miles de personas que van y vienen del área metropolitana.

Se trata de las políticas de Barrismo Social, Paz y Derechos Humanos, de Población Afro, Raizal y Palenquera, así como de Comunidades Étnicas. La primera tiene como propósito institucionalizar el barrismo social como un proceso participativo e inclusivo, que reconozca a los distintos combos y filiales organizadas como actores sociales legítimos, promoviendo su desarrollo integral en lo social, cultural y educativo, superando la estigmatización y los obstáculos que dificultan su plena integración comunitaria.
La segunda busca garantizar el goce efectivo de los derechos humanos y la consolidación de la paz territorial en esta urbe, mediante la transformación de las causas estructurales de la violencia, la gestión pacífica de las conflictividades urbanas y el fortalecimiento de una gobernanza institucional con enfoques interseccional y diferencial, orientada a promover la cultura de paz, la justicia social, la reparación digna y la reconciliación comunitaria.
Una política complementaria, liderada por la Universidad Manuela Beltrán con la asistencia de la Universidad UNAB, es la de Discapacidad. Esta le apunta a asegurar la participación de las personas con discapacidad y sus familias, mediante la transformación de los entornos y una gestión intersectorial articulada. Esta meta se alcanzará a través de la eliminación progresiva de barreras físicas, comunicativas, actitudinales e institucionales, así como con la implementación del diseño universal y los ajustes razonables, integrando enfoques de equidad e interseccionalidad que aseguren la inclusión en condiciones de igualdad y equidad.
Quien figura al frente de esta iniciativa multidisciplinaria de acompañamiento técnico es María Eugenia Bonilla Ovallos, directora del Instituto de Estudios Políticos (IEP) de la Universidad UNAB. Esta economista con doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global, manifiesta que Bucaramanga inició desde hace varios años la labor de organizar y gestionar los procesos de política pública territorial, para lo cual se ha realizado una detallada revisión de las políticas vigentes identificando ciertas falencias en la formulación.
Entre las dificultades detectadas se pudo establecer que no hay claridad ni homogenización de metodologías en la construcción de las mismas, debido a lo cual se ve en muchos casos afectada su implementación y por consiguiente su eficacia. Para ello presentaron en 2024 el Manual de Formulación e Implementación, con el que se pretende guiar y estandarizar de manera pedagógica e innovadora la formulación, actualización y puesta en marcha de tales políticas públicas.
Este sirve como herramienta para asegurar la calidad y efectividad en la gestión, facilitando la alineación con mejores prácticas y estándares actuales. “La formulación de políticas, en este contexto, no es solo un tema técnico, sino también una oportunidad para fomentar la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. La implementación efectiva de estas políticas requiere un enfoque coordinado y adaptativo, mientras que el seguimiento y la evaluación continuos son esenciales para garantizar que los objetivos se alcancen y se ajusten según las necesidades cambiantes de la sociedad”, recalca el documento.
En consecuencia, se precisa que los y las funcionarias de la administración municipal conozcan de manera clara y se apropien de los elementos clave asociados a las políticas públicas, de tal forma que mejoren la planeación territorial, insiste el Manual de 34 páginas.
Cómo y con quiénes
En términos sencillos, las políticas públicas definen una visión de largo plazo que sobrepasa los periodos de administración de los gobiernos y buscan resolver una realidad social relevante. Estas surgen a partir de la concertación intersectorial y cocreación, en los que se involucran actores del gobierno, la ciudadanía, la empresa, la sociedad civil, los gremios y la academia, entre tantos llamados al convite.

Su implementación debe superar el periodo de gobierno (normalmente a 10 años), buscan resolver problemáticas socialmente relevantes, se acompañan de una construcción colectiva con los actores de incidencia y se generan acciones que estarán a cargo de distintas secretarías de la administración, dependiendo de la competencia que tenga cada una.
Incorporar estos enfoques parte de reconocer que el centro de acción de la administración pública es el ser humano y, como tal, es sujeto de derechos irrenunciables e inalienables. La centralidad de los derechos humanos es el eje para garantizar una sociedad justa, inclusiva y respetuosa de la dignidad de todas las personas sin importar que vivan en Cabecera del Llano o Ciudad Norte, teniendo presente que las desigualdades son las causas de los problemas del desarrollo.
Así mismo, implica corregir las prácticas discriminatorias y las distribuciones arbitrarias del poder que impiden el progreso y que a menudo resultan en grupos de personas que se quedan atrás, según lo trazado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Por su parte, el enfoque territorial reconoce la interdependencia entre Bucaramanga y su área metropolitana, promoviendo un desarrollo integral y sostenible que trascienda los límites administrativos municipales. Busca articular políticas y acciones en infraestructura, movilidad, servicios públicos y medio ambiente para un desarrollo equilibrado, sin seguir dejando en el olvido a los habitantes de sus 25 veredas.
El enfoque diferencial contempla las particularidades y necesidades específicas de diversos grupos poblacionales, como personas en situación de discapacidad, población indígena, afrodescendientes, en razón de su edad o etapa del ciclo vital, género, orientación sexual, identidad de género, personas mayores, extranjeros y migrantes, entre otras, asegurando su inclusión y participación en las políticas públicas.
La sostenibilidad ambiental también es prioritaria. Se busca armonizar el desarrollo con la preservación y protección del medio ambiente, promoviendo prácticas responsables, la conservación de los recursos naturales y acciones orientadas a mitigar el cambio climático para garantizar la calidad de vida a las generaciones futuras. De igual forma, impulsa la conectividad ecológica, la restauración de zonas de riesgo, y la gestión de la contaminación del aire, ruido y agua.
Quienes están remando para sacar adelante esta propuesta ya saben que es un ejercicio profundo de investigación, que a los estudios existentes y fuentes de información les debe sumar los vitales aportes que efectúan los afectados o representantes de la situación para darle legitimidad a la formulación de estas y otras políticas públicas.
En 2027 a más tardar, y una vez finalizadas las etapas señaladas por los expertos incluidas las consultas previas que contemple la ley, el balón quedará en el terreno de los 19 concejales de la capital santandereana, quienes tendrán que demostrar si están a la altura del desafío o si por no ponerse de acuerdo arrojan por la borda tanto esfuerzo de la Alcaldía, de las comunidades y de cerca de 30 investigadores de las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas, de Economía y Negocios y del IEP de la Universidad UNAB. Después serán los siguientes alcaldes los llamados a materializar estos consensos.
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