En Contexto

Las elecciones de 2026 son decisivas para el rumbo del país. Colombia se enfrenta a una nueva lección democrática 

Por María Eugenia Bonilla

Directora del Instituto de Estudios Políticos (IEP-UNAB).

mbonilla566@unab.edu.co

Más que elegir nuevos gobernantes el próximo año, el país pondrá a prueba la solidez de sus instituciones, la madurez de su ciudadanía y la capacidad de su democracia para renovarse frente a la polarización y la desconfianza.

El 2026 será uno de los más relevantes en la historia reciente de Colombia. En marzo, elegiremos un nuevo Congreso de la República -108 senadores y 166 representantes a la Cámara- y, dos meses después, en mayo, escogeremos al presidente y vicepresidente que gobernará hasta 2030. Más allá de los resultados, este proceso pondrá a prueba la madurez de nuestra democracia.

Por el carácter centralizado de nuestro sistema político, las elecciones nacionales siguen marcando el rumbo del país. No solo determinarán quién ocupa los principales cargos de poder, sino que servirán para evaluar las tensiones, continuidades y desafíos que enfrenta la democracia colombiana en un momento de fragilidad institucional y deterioro democrático global.

Por primera vez en décadas, la política exterior podría tener un papel protagónico en la contienda. El incremento de las tensiones entre el gobierno de los Estados Unidos y el actual ejecutivo colombiano, como resultado de los cambios en la agenda internacional impulsados por el gobierno de Gustavo Petro -en temas como la política antidrogas, la diplomacia ambiental y la integración regional latinoamericana-, junto con la impredecibilidad de la administración estadounidense, han generado fricciones que podrían repercutir en la discusión electoral, internacionalizando parcialmente el debate interno.

En el plano interno, el 2026 será un año decisivo para la izquierda, que buscará consolidar su lugar como fuerza partidista mayoritaria. El Pacto Histórico y Dignidad representan proyectos que, tras romper viejos límites de exclusión, deberán demostrar si pueden sostener una gestión estable y con vocación democrática. Asimismo, será el momento de medir la capacidad de reorganización de una oposición fragmentada, así como la emergencia de nuevos liderazgos ciudadanos que no se sienten representados por los partidos tradicionales.

Estas elecciones representan una oportunidad en cuanto a la participación política de las mujeres. Las elecciones de 2022 marcaron una expansión en la presencia de mujeres tanto en Cámara como Senado, en 2026 evaluaremos qué tan sostenible y progresivo resulta dicho proceso, porque la democracia sin mujeres en cargos relevantes para la toma de decisiones, como lo sostiene la Red de Politólogas Latinoamericanas, no es democracia.

Un gran desafío es la fragmentación partidista, que multiplica siglas y debilita proyectos. Si el sistema no logra fortalecerse, seguiremos atrapados entre personalismos, clientelismo y alianzas coyunturales. Las candidaturas independientes y los movimientos sociales tendrán, en este panorama, la oportunidad de renovar la política desde la base, siempre que puedan superar las barreras de financiación, acceso a medios y desigualdad en las reglas del juego.

Otros riesgos electorales se asocian a la violencia política y a la desinformación. Las agresiones contra candidatos, el uso del odio como herramienta de campaña y los intentos de manipular la opinión pública a través de redes y deepfakes amenazan la libertad de elección. A esto se suma la persistencia de violencias basadas en género y los discursos que estigmatizan a mujeres, minorías étnicas y comunidades diversas, en sus apuestas para ocupar cargos de relevancia para la toma de decisiones.

El 2026, en suma, no es solo una fecha electoral: es un espejo donde Colombia podrá mirarse de frente. Veremos si avanzamos hacia una política más plural, transparente y participativa, o si seguimos atrapados en la polarización, la desconfianza y la indiferencia.

La democracia no se mide solo por los votos, sino por la calidad del debate y la dignidad con la que los ciudadanos ejercen su derecho a decidir. En tiempos de desinformación y desencanto, informarse, participar y votar con conciencia es, más que un deber, un acto de esperanza.