“Cuando los ciudadanos pierden la capacidad de entablar una conversación y se ven unos a otros como enemigos, en lugar de como meros rivales políticos, la democracia se vuelve insostenible”.

Esta frase, que pertenece al historiador y escritor israelí Yuval Nohal Harari en su más reciente publicación, Nexus (2024), una breve historia de las redes de información desde la Edad de Piedra hasta la IA (inteligencia artificial), encaja perfectamente en cualquier latitud en donde, todavía, este sistema político permanece como la forma de gobernar los asuntos de los Estados.

El mismo autor advierte que la humanidad se enfrentará por primera vez, a partir del segundo cuarto del presente siglo que inicia en enero próximo, a la intervención directa en los procesos democráticos globales de ejércitos de bots comandados por IA, lo que “podría inclinar la balanza tecnológica del poder a favor del totalitarismo”.

¿Qué tan lejos o qué tan cerca está Colombia de que, visto desde el crisol de la revolución de la información, pueda arrojarse a un escenario con visos apocalípticos? Cerca de 42 millones de ciudadanos que hacemos parte del censo electoral podremos, en el primer semestre de 2026, ir a las urnas, al menos en dos oportunidades, con el fin de renovar el Congreso de la República y elegir un nuevo presidente, o presidenta, en medio de una confrontación radical entre extremos ideológicos, lo que no resulta ajeno a la tendencia global de menoscabo de la democracia por dentro, es decir, con el amparo de un voto a lo mejor sesgado, o en tantas otras, tal vez manipulado.

Las tensiones institucionales han marcado, durante el actual gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego, el primero en representación de la izquierda en doscientos años de vida republicana, un patrón definido desde la propia Casa de Nariño con el objetivo de permanecer en el poder ejecutivo, participando activa y directamente a pesar de las limitaciones establecidas por las normas electorales, lo que plantea importantes desafíos de cara a las jornadas que se avecinan: estos serán unos comicios que pondrán a prueba la fortaleza institucional, la legitimidad democrática y la cohesión social del país, entre otros.

Dos días antes de que la Defensoría del Pueblo, en octubre pasado, presentara el mapa de riesgos electorales por amenazas latentes en 649 territorios, el Ministerio del Interior se adelantó a anunciar que las alertas estaban encendidas en 104 jurisdicciones, lo que puso en evidencia las claras diferencias que existen entre entidades que deberían trabajar articuladamente en procura de garantizar que las elecciones se surtan tranquilamente en cualquier rincón de la geografía nacional.

Para la defensora, Iris Marín, el llamado de atención a las autoridades busca prevenir posibles vulneraciones a los derechos humanos de tres grupos: candidatos, precandidatos y simpatizantes de partidos políticos; personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales; y servidores públicos en cargos de elección popular o con funciones electorales.

El atentado y posterior muerte del precandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, a mediados de año, produjo un déjà vu en el ambiente político ante la posibilidad de retornar al cruento pasado, treinta años atrás, cuando cuatro candidatos presidenciales (Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán Sarmiento, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez) fueron asesinados por balas de la mafia narcotraficante. La política de paz total que este gobierno ha promulgado como generosa salida al eterno conflicto colombiano ha ayudado, además, a crispar el ambiente previo a las elecciones, ante los exiguos resultados en esta materia.

Riesgos electorales

Según la Misión de Observación Electoral (MOE), si las elecciones de 2026 se realizaran hoy, los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Bolívar y Norte de Santander estarían entre los más amenazados, debido a la presencia de grupos armados ilegales y a la persistencia de la violencia. Entre el 8 de marzo y el 8 de septiembre de 2025, la MOE ha documentado 222 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales.

El Registrador Nacional, Hernán Penagos Giraldo, en declaraciones a medios de comunicación advirtió que “los temas de orden público en algunos lugares del territorio nacional que ya están identificados por los diferentes mapas de riesgos que se conocen y la necesidad de desplegar toda la fuerza pública para garantizar que en esos lugares no solamente la ciudadanía pueda votar, sino que lo pueda ejercer de manera libre”, envía un mensaje directo a las autoridades encargadas de velar por la tranquilidad de las elecciones en marzo y mayo, y si es el caso, para una segunda vuelta presidencial en junio.

Hugo Acero, exasesor presidencial de las consejerías de Paz y Seguridad, cree que los frecuentes anuncios del actual gobierno en materia de conversaciones con actores armados ilegales apuntan a que “se abran nuevas mesas de negociación, inclusive con el ELN, y mantenerlas abiertas asegurándoles a todos estos grupos criminales y sus patrones que, si se logra mayoría en el Congreso y continua un aliado del gobierno en el poder, serán posibles los beneficios que han venido prometiendo”.

Esa situación le da gasolina a la oposición para seguir carburando sobre su intención de acortar el terreno que la izquierda ha ganado, a pesar de sí mismos, en estos tres años largos de ostentar el poder. El llamado ‘al orden’ suele ser muy atractivo a la hora de sumar seguidores así haya que sacrificar libertades. Ambas fuerzas se medirán en marzo, cada una, para escoger el candidato que vaya a la primera vuelta presidencial. El progresismo buscará, en lo que ha denominado como el Frente Amplio, al sucesor de Gustavo Petro, mientras que la derecha, por medio de una megaconsulta interpartidista, intentará salirle al paso con una figura que le haga contrapeso.

En el camino quedarán las decenas de aspirantes que pusieron sus nombres a sonar como muestra de una democracia amplia, para unos, o de una feria de avales, para otros. La suma de más de cien precandidatos o candidatos no deja de ser la muestra de una democracia, por lo menos, exótica.

Melba Escobar, la periodista y escritora caleña, describe esa sensación de vacío que, de calle en calle, de conversación en conversación, agobia la psiquis de los colombianos: “No creo que sea exagerado decir que como nación estamos huérfanos. Huérfanos de una figura que inspire, entendiendo esta como la de un adulto responsable que sabe tomar las decisiones correctas para la mayoría de los ciudadanos y respetando la democracia, por encima de su ego, sus peleas personales, su frustración, su resentimiento, su codicia y su rencorosa miseria”