El impacto de los TOAR en el nororiente:Camino a la reconciliaciónen el país

Investigar significó salir de los salones de la Universidad, dormir lejos de sus familias, ponerse las botas pantaneras, espantar zancudos y hasta toparse de frente con una columna guerrillera que indagó por qué motivos estuvieron asomando las narices en ese corregimiento perdido en el mapa del Catatumbo (Norte de Santander).

Esto lo supieron y lo experimentaron María Eugenia Bonilla Ovallos, directora del Instituto de Estudios Políticos (IEP) de la Universidad UNAB, y sus colegas cuando hicieron el trabajo de campo para el proyecto Justicia Restaurativa y Territorialidad: Recomendaciones para el fortalecimiento de las acciones con contenido restaurador–reparador en Norte de Santander y Santander, una propuesta que en noviembre de 2023, fue calificada con 100 puntos de 100 posibles, ubicándose en el puesto 2 de las 734 elegibles y en el puesto 1 entre 118 proyectos presentados en el área de Ciencias Sociales, en la Convocatoria de Investigación Fundamental 937 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias).

El pasado 7 de mayo, en el auditorio ‘Jesús Alberto Rey Mariño’ del Campus El Jardín de la UNAB, el equipo dio a conocer los resultados que se obtuvieron bajo la metodología de acción participativa, cuyo análisis incluyó a 128 víctimas, 48 comparecientes y 30 líderes, representantes de organizaciones sociales e instituciones gubernamentales de los territorios afectados por el conflicto armado en ambos departamentos. Además, el análisis de 218 acciones o Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador-Restaurador (TOAR) desarrolladas en los Santanderes, exigidos por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a “excombatientes de las Farc-EP, integrantes o exintegrantes de la Fuerza Pública, agentes del Estado no miembros de la Fuerza Pública y terceros civiles” que tuvieron participación en delitos durante el conflicto armado.

De acuerdo con Bonilla Ovallos, los investigadores analizaron más de 45 documentos que detallan la estructura de la justicia transicional y los compromisos normativos tras la firma del Acuerdo de Paz, base teórica que permitió la realización de 16 grupos focales y 34 entrevistas semiestructuradas a profundidad con la población mencionada. En total, “se hicieron nueve visitas de campo a municipios priorizados y a la subregión del Catatumbo, donde pudieron evidenciar directamente los TOAR y dialogar con los actores vinculados al proceso”, explicó la directora del IEP UNAB durante la presentación de los resultados de la investigación.
Además, resaltó que, tanto en Santander como en Norte de Santander, los TOAR se han enfocado en acciones como la reparación simbólica, la conservación de la memoria histórica, y de la infraestructura rural y urbana, así como acciones enfocadas en el medio ambiente, la educación para la paz, la lucha contra las minas antipersona y la búsqueda de personas dadas por desaparecidas (ver mapas de Santander y Norte de Santander).

El estudio sobre justicia transicional reveló que los TOAR han alcanzado una cobertura del 75 % en el territorio nacional de manera anticipada; es decir, los participantes en el proceso hacen aportes a la verdad antes de recibir sentencia. A pesar de su alcance, persiste la centralización geográfica, ya que el 45 % de estas acciones se concentra en solo cinco departamentos: Norte de Santander (19,6 %), Antioquia (11,85 %), Putumayo (7,80 %), Caquetá (7,51 %) y Cesar (7,23%), según el informe Los 80 logros de la JEP de 2025.
María Eugenia Bonilla resalta que Norte de Santander se consolida como líder nacional al implementar mayores acciones reparadoras y restauradoras anticipadas ha desarrollado en municipios como Villa del Rosario, El Tarra, Teorama, Tibú y Cúcuta, teniendo en cuenta que en esta región el conflicto armado continúa. En el caso de Santander, ubicado en el séptimo lugar del balance de los TOAR del informe de la JEP del año anterior, el 6,36 % de las acciones se han desarrollado en Vélez, San Vicente de Chucurí, Landázuri, Bucaramanga y Bolívar (ver mapa de los Santanderes).

Como balance nacional, la Secretaría Ejecutiva de la JEP ha certificado hasta el año pasado 237 TOAR, de un total de 355 presentados, en 27 departamentos y 107 municipios, y en los cuales han participado 4.158 personas, entre firmantes y comparecientes). De estos, vale precisar que, 146 han sido máximos responsables.

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Impacto de los resultados

Conscientes de los riesgos que su labor implicó, pero también de la enorme expectativa por sus resultados, lograron reunir de manera civilizada y en el mismo recinto (Auditorio Menor ‘Alfonso Gómez Gómez’) a uno de los antiguos comandantes de las Farc-EP, Pastor Lisandro Alape Lascarro, con el exgeneral Paulino Coronado Gámez (excomandante de la Brigada 30 del Ejército Nacional), y como testigos de excepción a la Red de Mujeres del Catatumbo, quienes no declinaron en su reclamo de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición por tantos crímenes cometidos, incluidas las ejecuciones extrajudiciales que algunos sofistas llamaron ‘falsos positivos’.

Con una financiación de 496,3 millones de pesos por parte de MinCiencias y 267,6 millones de la UNAB (para un total de 763,9 millones), en su diseño y ejecución se mostró como un modelo de articulación de cinco equipos investigadores de tres facultades de la UNAB, estudiantes de doctorado, maestría y semilleros de investigación, más el apoyo de aliados internacionales y nacionales claves para la construcción de paz.

El trabajo interdisciplinario se trazó como objetivo proponer ideas para el fortalecimiento de los TOAR, desde una perspectiva territorial, cultural, diferencial y comparada, a partir de los imaginarios y las prácticas restaurativas de las víctimas, los comparecientes, los actores institucionales, las organizaciones sociales y los cooperantes internacionales, para la construcción de paz y el desarrollo sostenible en estos dos departamentos del nororiente colombiano que durante décadas padecieron los rigores del conflicto armado interno.
La decana de Ciencias Jurídicas y Políticas, Elisa María Martín Peré, así como Nydian Yaneth Contreras Rodríguez, Johana Marcela Reyes Jaimes, Camilo Alipios Cruz Merchán y Miguel Jesús Pardo Uribe (IEP), Roberto Sancho Larrañaga (Programa de Comunicación Social), Germán Andrés Cortés Millán (Psicología), Johana Calderón Ochoa (Música), Daniel Camilo Tello (Artes Audiovisuales) y Ana Patricia Pabón Mantilla, figuraron como coinvestigadores, en tanto que la asesora internacional fue Sabine Michalowski (Universidad de Essex, Inglaterra) y su par nacional fue Juliette Vargas Trujillo (Instituto Colombo Alemán para la Paz, Capaz). Entre las entidades coejecutoras aparecieron la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Gobernación de Santander y la Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña (UFPS).

“La paz es territorial o no es paz”

Uno de los compromisos de quienes cometieron crímenes, ya sea como integrantes de las Farc-EP, miembros de la Fuerza Pública o terceros responsables, es realizar acciones reparadoras con las víctimas y en los territorios afectados por los daños causados. A cambio, no son enviados a un centro carcelario, aunque sí deben cumplir restricciones a su movilidad. Por esta razón, los TOAR pueden ejecutarse incluso antes de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imponga las sanciones a los comparecientes, nueve años después de la firma del Acuerdo de Paz.

En Norte de Santander y Santander, los investigadores encontraron como medidas de reparación de los comparecientes la remodelación de escuelas, la construcción de puentes y placas huellas; que las víctimas fueron tenidas en cuenta en los territorios en donde se realizaron las acciones, y las dificultades que se han enfrentado. De igual manera, ofrecieron capacitación, cartillas orientadoras y diplomados gratuitos con alcaldes, personeros, defensores y líderes de organizaciones de víctimas.

El proyecto dejó recomendaciones tanto para la JEP como para alcaldías, gobernaciones, Unidad para las Víctimas y organizaciones sociales, entre otras. Bonilla Ovallos concluye que, si bien existe voluntad de participar en los TOAR por parte de los comparecientes y las víctimas acreditadas ante la JEP, que hay participación de las administraciones locales y la existencia de organizaciones de base comunitaria y social sólidas, “la continuidad del conflicto armado en el territorio y dificultad para la reparación de las víctimas directas es una amenaza constante”, especialmente en Norte de Santander.

Además, existen barreras como el desconocimiento de las administraciones municipales, las organizaciones de víctimas y las comunidades sobre el alcance y los procesos de la Justicia Transicional Restaurativa, baja articulación entre los tres niveles de gobierno y una ausencia de diálogo entre comparecientes y víctimas. A esto se suma, “la falta de acompañamiento psicosocial y poca difusión de los procesos actuales, factores que, sumados a las incertidumbres sobre la sostenibilidad de las acciones, ponen en riesgo el impacto real y transformador de la reparación en el territorio”, expresó la directora del IEP UNAB.