Un ranking de países y partidos con mayor riesgo de corrupción
Una investigación sobre regulaciones anticorrupción en 18 países y en 85 partidos políticos en América Latina establece cuáles están más expuestos a este fenómeno y podría ayudar a tomar medidas de prevención.
Por Luis Fernando Rueda Vivas
Director Oficina de Comunicación Organizacional UNAB – Periodista con Maestría en Comunicación Digital y Especialización en Periodismo Electrónico.
Hace 46 años Julio César Turbay Ayala, quien a la postre se convertiría en presidente de Colombia (1978-1982), se hizo célebre por una frase que pronunció en plena campaña electoral: «Reduciré la corrupción hasta sus justas proporciones». La famosa premisa del controvertido estadista todavía retumba como un destino trágico de nuestras democracias.
Si nos tomamos en serio la frase de Turbay por unos segundos, surge una pregunta interesante: ¿Se puede ‘medir’ la corrupción? Esa es particularmente la preocupación que ha dado vueltas en la cabeza de la economista Giovanna Rodríguez-García, quien desde 2017 viene investigando sobre este fenómeno, específicamente en los partidos políticos. Hasta ahora no existen índices para medir lo que pasa al interior de estas organizaciones, sostiene la profesora de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad UNAB.
Rodríguez-García, doctora en Ciencia Política del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de México, decidió intentar una aproximación a este problema construyendo un Índice de Riesgo de Corrupción a partir de una exploración de legislaciones y reglamentaciones en 18 países y 85 partidos políticos de América Latina. Los resultados aparecen en el artículo Medición del riesgo de corrupción en los partidos políticos latinoamericanos. Análisis de jure (derecho) de las instituciones*
Los hallazgos arrojan revelaciones que, contrastadas con mediciones de amplio reconocimiento como el Índice de Percepción de la Corrupción en América Latina y el Caribe, elaborado por Transparencia Internacional, llaman la atención. Rodríguez-García subraya: “mide riesgos, no señala si un país o partido es más corrupto que otro”.
Con esa claridad, en una escala de 1 a 100, Venezuela (64) es el país con más riesgo de corrupción política, seguido de República Dominicana (53,8), Costa Rica (49,39), Ecuador (48,8) y Uruguay (48,12), y en el otro extremo, es decir, con menor riesgo aparecen México (16,59), Chile (22,74), Perú (26,21), Brasil (30,38) y Panamá (30,61). Colombia (33,01) se sitúa después de Panamá y por debajo de Argentina (37,18).
“Hay mucha captura del Estado en la financiación de campañas políticas, en la compra del voto, también está el enriquecimiento ilícito y la extorsión con intercambio de ‘favores’ sexuales”, sostiene la investigadora de la UNAB sobre formas de corrupción. / Foto Luis Fernando Rueda
“Primero revisé las leyes nacionales y luego me fui partido por partido, de los que tenían representación en el Congreso de cada país, para revisar sus estatutos, reglas, códigos de ética, todo eso”, explica la investigadora que invirtió cerca de un año en esta tarea.
El Índice de Riesgo de Corrupción propone un nuevo camino para identificar posibles riesgos de ilícitos al interior de estas entidades. La mayoría de organizaciones que luchan contra este delito, como Transparencia Internacional, suelen usar metodologías basadas en percepciones y lo hacen a través de encuestas y experiencias de ciudadanos, a lo que suman voces de expertos, que luego ponderan para presentar un escalafón sobre qué país es más o menos corrupto.
La autora de la investigación señala que al no poder observar directamente el fenómeno de la corrupción, las distintas metodologías “solo nos permiten ver sombras o reflejos. Siempre voy a medir solo una parte, pero pensemos que si esa es la punta del iceberg, cómo será lo que puedo ver por debajo”, comentó.
El índice, dice el estudio, evalúa la probabilidad de que los partidos políticos participen en actividades corruptas. Para su construcción se abarcaron dos dimensiones: “Yo lo he medido en dos momentos, uno a nivel del sistema de partidos políticos, entonces tiene que ver con cómo las legislaciones nacionales ayudan a disminuir esos riesgos y qué acciones se podrían tomar, y el otro a nivel de partidos políticos como estructura institucional que puede también tener riesgos internos y puede ayudar a disminuirlos”, dice la profesora.
Corrupción por país
En la primera dimensión se miran las legislaciones nacionales en cada país con respecto a financiamiento, mala conducta, poca transparencia, lobby y falta de independencia del órgano de gestión electoral. En la segunda dimensión se evalúan los riesgos en cuatro áreas dentro de los partidos: poca transparencia, fallas en la selección de líderes y candidatos así como falta de compromiso.
La construcción del índice se basa en la fuerza de las reglas que pretenden, explícitamente, disuadir y castigar estas áreas de riesgo, así como su severidad e implementación. Con base en ello construye unas variables a las cuales les otorga un peso, y luego de aplicar una serie de fórmulas matemáticas, arroja alertas que bien pueden ser subsanadas con algún tipo de regulación.
Cuando la mirada se fija en los partidos políticos en cada país los resultados varían considerablemente. Con mayor riesgo aparecen Ecuador, Brasil y República Dominicana, y al otro lado, Chile, Colombia y El Salvador.
Llaman la atención los casos de Costa Rica y Uruguay. Si bien son países que gozan de buena reputación en el contexto latinoamericano al reflejar en el índice de Transparencia Internacional 2023 una baja percepción de corrupción, presentan en este objeto de estudio alto riesgo debido a la ausencia de leyes que, en el caso de los ‘ticos’, limite el gasto durante las campañas o, en el caso de los ‘charrúas’, no hay información sobre cómo regula las donaciones de empresas e intereses extranjeros.
Una de las principales conclusiones de este estudio es que, aunque existen leyes y reglamentos nacionales, los partidos políticos van más atrás en la formulación de medidas internas para controlar la corrupción. “Las políticas anticorrupción todavía están muy centradas en la recuperación de recursos, deberían centrarse en términos más culturales”. Cambiar las percepciones requiere un enfoque diferente.
Lea la investigación completa en este enlace.
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