Según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, P4V, más de seis millones de ‘patriotas’ han salido desde 2005 de su país en la búsqueda de un mejor presente y futuro porque en la República Bolivariana la pobreza alcanza porcentajes dramáticos: el 76,6 % vive por debajo del umbral de pobreza extrema y el 94,5 % lo hace por debajo del índice de pobreza. 

De esos seis millones de migrantes, a agosto de 2021 permanecían en Colombia 1’842.390 venezolanos, según P4V. Al menos 344.668 alcanzaron en esa fecha el estatus regular, 1.182.059 estaban en proceso de regularización y 315.643 eran considerados como irregulares. 

“Una de las pocas cosas que podemos destacar del gobierno de (Iván) Duque es precisamente la gestión y las apuestas que ha hecho con población migratoria que, difícilmente, se encuentra en otros lugares del mundo, el desarrollo normativo y político que ha hecho el país, ha sido muy amplio”, reconoce María Eugenia Bonilla Ovallos, directora del Instituto de Estudios Políticos (IEP) de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB).

Bonilla ha liderado desde el IEP un ambicioso proyecto: caracterizar la población migrante que proviene del hermano país con vocación de permanencia en la capital santandereana. “Nos dimos cuenta que era importante desarrollar una estrategia que permitiera comprender quiénes estaban llegando al territorio, cuántos de ellos tenían vocación de permanencia o cuántos estaban en el territorio porque iban de tránsito hacia otras ciudades, hacia otros países, y qué caracterizaba a esa población en temas sociodemográficos, económicos, educativos, en términos de condiciones de salud”, explica.

Así fue como, en 2017, esta investigadora y su equipo diseñaron una encuesta que aporta datos esenciales para definir políticas migratorias regionales. “Este trabajo nos ha permitido participar en la mesa de asuntos migratorios de Bucaramanga donde se definen líneas de intervención con recursos de cooperación internacional”.

Durante cuatro años seguidos se ha aplicado esta encuesta, cuya proceso de validación ha contado con la participación de la coordinación de asuntos migratorios de la Alcaldía de Bucaramanga, Fundación Entre Dos Tierras, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y Migración Colombia, en la cual se ha indagado por trece dimensiones (en la última caracterización se tuvo en cuenta el impacto de la pandemia) que van desde la composición demográfica, el proceso migratorio, las condiciones de residencia, hasta la inclusión social y cultura política, entre otras.

Los datos recientes muestran que los 43.132 migrantes que permanecen en Bucaramanga, según datos de la plataforma R4V y Migración Colombia, se localizan en su mayoría en sectores de la ciudad cuya estratificación socioeconómica corresponde a población de bajos recursos. El 28 % se ubica hacia el sector denominado como Ciudad Norte, el 10 % en Morrorico y el 15 % en el sector que bordea la escarpa occidental de la meseta. Eso, de entrada, revictimiza a una población que, por lo general, ha tenido que sortear una experiencia dramática en su desplazamiento desde Venezuela hasta el interior de Colombia.

En un principio era “una población altamente irregular, generalmente joven, en donde primaban los hombres que habían migrado hacia el territorio, también mucha incertidumbre frente a las expectativas de permanencia, no sabían por cuánto tiempo se iban a quedar en el territorio, estaban mirando si se podían incorporar en el mercado laboral, qué oportunidades había, pero no tenían vocación de permanencia”, señala Bonilla.

Esa condición de irregularidad, que de a poco ha ido cambiando con la expedición del Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos (EPTMV), se reflejaba principalmente en identificar que “muchos de ellos estaban en una condición de vulnerabilidad, a veces en condición de calle, porque lo que lograban conseguir como recursos económicos se iban en remesas hacia Venezuela para tratar de mantener a las personas del núcleo familiar”, advierte la investigadora. 

Eso, de alguna manera, ha variado. “En Bucaramanga, desde que llegaron los migrantes venezolanos se ha incrementado el número de emprendimientos formales que están registrados en la Cámara de Comercio en la ciudad”. Particularmente, como lo revela el estudio, significa arraigo en su nuevo territorio. De hecho, según Bonilla, el envío de remesas ha caído por que ya se ha dado la reagrupación familiar, otra de las características importantes encontradas, y “ahora con respecto a una economía dolarizada, que es la que prima en estos momentos en Venezuela, pues no representa realmente una posibilidad significativa contrario a lo que sucedía hace cuatro o cinco años, cuando el peso con relación al bolívar sí era importante o relevante para lograr satisfacer necesidades básicas”.

Otro aspecto tiene que ver con el involucramiento de migrantes venezolanos en episodios de delincuencia y el incremento de la xenofobia. La investigación plantea dos conclusiones en ese sentido. Por un lado, desde que empezó la pandemia hay un crecimiento en la participación de los migrantes en el delito y las contravenciones, pero aún sigue siendo un porcentaje limitado.

De acuerdo con cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en los primeros cuatro meses de 2022 había 2.933 ciudadanos extranjeros privados de la libertad, de los cuales el 84 % corresponde a personas de nacionalidad venezolana. Si bien son mayoría dentro de ese grupo poblacional, las cárceles en Colombia albergan 97.080 reclusos, lo que quiere decir que el porcentaje de ciudadanos del vecino país tras las rejas no supera el 2,5 %.

En contraste, la caracterización ha servido para dar cuenta de que el porcentaje de victimarios en el que se vinculan migrantes es menor al que se relaciona como víctimas. Los hallazgos revelan que los venezolanos son víctimas de redes de trata de personas, explotación laboral, niños migrantes instrumentalizados para mendicidad y violencia. Un reporte de la Policía Nacional indica que 759 venezolanos fueron asesinados en territorio colombiano el último año (2021).

Otra de las conclusiones es el incremento en el porcentaje de migrantes que señalan haber sido rechazados, que han sido maltratados o discriminados, que sienten temor de reconocer su país de origen. El último informe de caracterización realizado por el IEP revela que el 57 % ha sufrido algún tipo de discriminación.

A pesar de estas amenazas la caracterización ha permitido encontrar que, al ser mayoritariamente una población migrante muy joven (el 61 % está entre los 18 y 35 años de edad), es un grupo económicamente activo que puede aportar mucho al sistema productivo. Sin embargo, se necesita que el proceso de regularización avance para que se pueda generar un impacto en la economía formal. 

“Es una población que ha ido generando arraigo con el territorio ya con vocación de permanencia”, reflexiona la experta a manera de conclusión, puesto que el 71 % de los migrantes materia de estudio afirma que se quedaría en la ciudad de manera indefinida. “Ahora lo que encontramos es un grupo poblacional en un porcentaje bastante alto, que dice que ya no vuelve a Venezuela”.