A partir de hoy y durante los próximos 10 años, la capital de Santander implementará por primera vez una política pública orientada a reconocer las barras como actores sociales legítimos de la ciudad. Esto fue posible gracias a un proceso conjunto entre la Alcaldía de Bucaramanga y la Universidad UNAB que plantea estrategias para reducir la estigmatización de estos grupos y la ampliación de oportunidades para quienes los conforman. Esta es la primera política pública de barrismo social no solo de Bucaramanga sino de Colombia.
El camino para institucionalizar el barrismo social
El proceso de creación de este documento pionero en el país inició en la segunda mitad de 2025 y desde el principio su metodología fue de tipoparticipativo. Además de la revisión de normas nacionales e internacionales sobre temas similares para sentar una base conceptual, el enfoque principal se centró en las barras. Para esto se realizaron 13 grupos focales con cerca de 200 barristas de los colectivos Fortaleza Leoparda Sur, La Gran Familia y La Banda Oriental de Atlético Bucaramanga, Disturbio Rojo y Barón Rojo de América de Cali, Apokalipsis y Comandos Azules de Millonarios, y Los del Sur de Atlético Nacional.
Este trabajo de formulación fue liderado por el Instituto de Estudios Políticos de la UNAB (IEP) mediante un proyecto de investigación enmarcado en el objetivo de desarrollo sostenible número 16 sobre paz y justicia. El equipo investigador trazó como objetivo un diagnóstico sobre el estado actual del barrismo en la ciudad para, posteriormente, plantear estrategias que permitan resignificar a las barras y resaltar el aporte social y cultural que hacen a sus comunidades. Como resultado, se identificaron 12 problemáticas principales, en las que sobresalen violencia entre barras, abuso de la fuerza pública, déficit educativo y de empleo, y brechas de género, con las que se proyecta un trabajo basado en seis ejes temáticos.
La política propone entonces acciones orientadas a la convivencia pacífica entre barras y la cohesión social de las comunidades a las que pertenecen, la creación de programas de desarrollo social para reducir los riesgos de vulnerabilidad de las personas barristas, la generación de oferta formativa y de empleo para favorecer su inclusión social, el reconocimiento formal de las barras como actores sociales, la garantía de participación y proyección de mujeres y población LGBTIQ+ en estos grupos, así como la coordinación institucional que garantice la eficacia de estas estrategias.
«El documento técnico de esta política pública incluye el diagnóstico quizá más robusto que se ha realizado sobre las barras en el país. Se encontraron diferentes problemáticas que pretenden ser abordadas a través de seis ejes estratégicos y con ellos no solo se busca brindar una atención asistencialista hacia el barrismo sino ir a la raíz de estos problemas con el propósito de abordar estructuralmente aquellos obstáculos que estas organizaciones enfrentan en su día a día», explicó Jonathan Méndez Espíndola, líder formulador de la política pública.
Un triunfo para las barras, la ciudad y el país
Antes de Bucaramanga, ciudades como Cali y Medellín habían iniciado procesos similares pero que hasta el momento aún no habían logrado generar un resultado tangible. Esta política, aprobada por el Concejo de Bucaramanga el 29 de septiembre de este año, se convierte entonces en un referente único en Colombia que por primera vez pone a las personas barristas en el centro de una decisión pública.
«Para nosotros es muy importante que hoy esta política pública sea posible porque es ver materializado el trabajo de muchos años de quienes creemos que el fútbol es un escenario para vivirlo en paz. Esto nos abre oportunidades para transformar nuestros territorios y las vidas de los jóvenes, mujeres y familias que hacen parte de estas organizaciones populares. Esta es la muestra de que podemos resignificar la violencia y fortalecer los pilares del barrismo social para construir junto a la institucionalidad un mejor país y ciudad para todos, todas y todes», afirmó Alexandra Martínez, lideresa de la barra Disturbio Rojo creada en 1997.
El enfoque de protección de derechos humanos así como de pluralidad, inclusión y perspectiva de género es uno de los principales diferenciales de este lineamiento que, sumado a la promoción de una cultura de paz y de desarrollo humano, posiciona el barrismo social como motor de transformación cultural y convivencia ciudadana
«Este no es un triunfo de este año, el proceso formalmente empezó en 2019 y los liderazgos vienen desde finales de los años 90, entonces es un triunfo de todas las personas que le apostaron al barrismo como una herramienta de cambio. Hoy podemos evidenciar que tenemos un resultado muy importante para la ciudad, porque esto no es solo para los barristas. Al verse una población beneficiada, se van a ver beneficiadas todas las demás comunidades por todas las oportunidades de emprendimiento, de cultura y de desarrollo que pueden venir», expresó Fabio Meza Villamil, líder de Fortaleza Leoparda Sur, considerada la barra más grande del oriente colombiano.
«Esto es un logro enorme porque nos permite decirle a los integrantes de nuestras barras que somos parte de la comunidad social y política de Bucaramanga, que somos parte de una ciudad que busca quitar la estigmatización del barrismo, que nos abre las puertas a través de oportunidades de empleo, educación y deporte que reconocen a nuestras organizaciones como entidades que aportan a la sociedad desde lo social y cultural para generar una mejor ciudad», manifestó Sebastián Jiménez, líder de la barra Comandos Azules.
La nueva política pública incluye además la creación de la Mesa Municipal de Barrismo Social que integra secretarías municipales, organizas de control, juntas de acción comunal, barras organizadas y a representantes del Club Atlético Bucaramanga para hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos proyectados. El costo estimado de implementación de esta política supera los 17 mil millones de pesos.
«Esto ratifica el compromiso de la UNAB con el desarrollo territorial y el fortalecimiento de los mecanismos de planeación. El acompañamiento que ha realizado la Universidad en este proceso permitieron que hoy Bucaramanga no solo cuente con una política, sino con un plan de acción muy bien definido, con unos mecanismos de seguimiento y monitoreo que permitan dinamizar su ejecución. Desde la UNAB continuaremos apoyando el proceso de implementación con el propósito de fortalecer la capacidad de control político y social que las barras tienen y de garantizar que se logren los objetivos que se plantearon», concluyó María Eugenia Bonilla Ovallos, directora del IEP de la UNAB.
