Gabriela Juliana Montes Vargas y Bernardo Esteban Arenas Blanco, estudiantes de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad UNAB participaron en el XXII Encuentro Nacional de la Red de Investigación Jurídica y Sociojurídica 2023 con la ponencia Crímenes por prejuicio en contra de las personas de la comunidad Lgbtiq+: Un análisis desde la necesidad en el Derecho Penal Colombiano.
Una ponencia que construyeron desde el Semillero de Derecho Penal, llamado Telos. “Participamos en el encuentro regional aquí, en Bucaramanga, en la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), como en mayo de este año, afortunadamente pasamos la fase regional entre 15 ponencias y así pudimos presentarnos en la fase nacional en Medellín en la Universidad Antonio Nariño, este 12 de octubre”, contó Montes Vargas.
En Colombia el 1,3 % de la población mayor de 18 años, corresponde a personas lesbianas, gais, bisexuales, trans y no binarias (Lgtb), 471 mil en total, según se registró en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), entre febrero de 2022 y enero de 2023.
“Partimos de que internacionalmente hay sentencias de la Corte Interamericana de Derecho y la Corte Constitucional de Colombia, que indican que las personas de la comunidad Lgbtiq+, son sujetos de especial protección, se dice mucho sobre que debemos protegerlos en su integridad personal, pero no se habla de qué mecanismos implementar para cumplir con los compromisos y obligaciones nacionales e internacionales. Entonces a partir del derecho penal estudiamos la posibilidad de crear un mecanismo que garantice la protección de los bienes jurídicos de las personas de esta comunidad”, expuso Arenas Blanco.
Los estudiantes concluyeron, según su investigación, que hace falta tipificación idónea en los casos de violencia contra dicha población y que se reconocen porque se registran estadísticamente, pero no se hace mucho al respecto. “No hay una preocupación, no hay un énfasis, se quedan solamente en la teoría, de manera que es muy interesante que la teoría haga mención de todo esto, pero si con la teoría no se hace una aplicación en la práctica, queda sólo en el papel y no tiene sentido la función que debe tener el derecho penal en la sociedad”, manifestó la estudiante.
Según el Informe sobre la situación de los Derechos Humanos de personas Lgbtiq+ en Colombia, elaborado con información triangulada de los datos entregados por la Fiscalía General de la Nación, los informes anuales de la Defensoría del Pueblo y del Observatorio de DD.HH. de Caribe Afirmativo, en 2022 se registraron 5.501 hechos de violencia contra esta población, muchos de los cuales tuvieron lugar debido a los prejuicios sociales relacionados con las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas (Osigeg) y lo que desencadenó en: violencia, segregación y complicidad.
“Después de la ponencia varios asistentes al encuentro, nos felicitaron por animarnos a hablar de estos temas, para no dejarlo como un tabú o en silencio, así logramos exponer desde lo objetivo y científico con la importancia que merecen. Buscamos crear un tipo idóneo para sancionar estas conductas que se cometen con odio y prejuicio contra esta población”, concluyó el estudiante.
