La sostenibilidad se ha convertido en un desafío para las empresas, los mercados financieros y los gobiernos. Sin embargo, avanzar hacia modelos de desarrollo con mayor responsabilidad requiere algo más que establecer metas ambientales o asumir compromisos públicos: implica transformar la gestión de las organizaciones, orientar las inversiones hacia soluciones sostenibles y garantizar que los cambios también generen beneficios sociales.
Esta fue una de las reflexiones que surgió en el Tercer Congreso Internacional de Economía y Negocios de la UNAB. En este espacio, expertos nacionales e internacionales analizaron los retos que enfrentan las organizaciones y los países para convertir la sostenibilidad en decisiones que produzcan resultados económicos, ambientales y sociales.
Para Víctor Hugo Malagón Basto, director ejecutivo de Pacto Global Red Colombia, uno de los principales desafíos consiste en convertir las declaraciones de sostenibilidad en acciones que se integren a la estrategia de las organizaciones y contribuyan a su competitividad. Esto implica contar con herramientas de gestión, modelos de negocio y buenas prácticas que permitan evaluar los avances y orientar las decisiones empresariales.
“Hablar de sostenibilidad no puede seguir siendo una bonita intención retórica. Se ha convertido en una apuesta real de competitividad de las empresas. Por eso, las empresas ven con buenos ojos las herramientas, las buenas prácticas, los business case y los modelos de negocio que permiten su mejor aplicación en los ámbitos de sostenibilidad”, expresó.
El directivo también señaló que los obstáculos no son únicamente técnicos, relacionados con presupuestos, infraestructura o tecnología. Las organizaciones deben abordar retos adaptativos que implican revisar sus hábitos, creencias y formas de trabajar.
La transformación de los modelos económicos también depende de cómo se asigna el capital y de la coherencia entre los compromisos ambientales de las entidades financieras y sus decisiones de inversión. En este campo, Rosella Care, profesora asociada de Banca y Finanzas de la University Magna Graecia of Catanzaro, Italia, y profesora en Canadá, advirtió sobre la necesidad de evaluar las acciones de las organizaciones más allá de sus declaraciones públicas.
“Tenemos el dinero en los mercados para los fondos verdes, sociales y sostenibles. Así que necesitamos ser conscientes de que necesitamos una salida de los combustibles fósiles y que necesitamos invertir más en las energías verdes”, señaló Care.
Desde su perspectiva, movilizar recursos hacia proyectos sostenibles también exige que las entidades financieras respondan por sus compromisos ambientales. La profesora advirtió que algunas instituciones anuncian medidas para reducir su financiación a los combustibles fósiles, pero mantienen prácticas que contradicen esas promesas.
“La declaración sola no es suficiente. Necesitamos verificar si las declaraciones hechas por las empresas, por ejemplo los bancos. Si eres un gran banco y prometes algo que no puedes mantener en práctica, necesitas ser sancionado por esto”, advirtió Rosella Care.
Igualmente, reducir las emisiones y adaptarse a los efectos del cambio climático son tareas urgentes, pero sus resultados deben evaluarse tanto por los beneficios ambientales como por sus efectos en las comunidades. Así lo planteó Antonina Ivanova Boncheva, investigadora del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), México, al abordar la relación entre cambio climático, impactos socioeconómicos y transición justa.
“Tenemos que elevar el beneficio de la descarbonización, pero al mismo tiempo minimizar el daño. Si hay algunos trabajadores que quedan sin empleo, hay que ver cómo los ubicamos. Si quedan algunas comunidades afectadas, por ejemplo, por la instalación de tecnologías de energía alternativa, hay que tomar en cuenta sus necesidades y evitar que se afecten sus actividades productivas”, explicó Ivanova Boncheva.
La experta insistió en que las comunidades no deben ser únicamente receptoras de las medidas definidas por los gobiernos, sino participantes activas en su implementación y evaluación. Esto permite considerar sus conocimientos, sus condiciones de vida y los efectos que las nuevas tecnologías pueden tener en sus actividades cotidianas.
“Es muy importante que las comunidades y las personas vulnerables no se observen solamente de manera pasiva, sino como agentes activos que pueden participar en la toma de decisiones sobre lo que es mejor para su comunidad. El resultado hay que evaluarlo no solamente desde el punto de vista de cuánto ha contribuido a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también de cuánto ha contribuido al bienestar de las comunidades”, señaló la investigadora.
Las perspectivas de los tres expertos coinciden en que el desarrollo sostenible exige conectar las decisiones económicas con resultados verificables. Para las empresas, esto implica incorporar la sostenibilidad a su cultura y a sus modelos de gestión; para las entidades financieras, orientar el capital hacia actividades coherentes con sus compromisos ambientales; y para los gobiernos, impulsar políticas que articulen la acción climática con las necesidades sociales y económicas.