El pasado 19 de mayo el Concejo de Bucaramanga aprobó la Política Pública de Transparencia y Anticorrupción, la cual lideró desde el rol técnico un equipo de investigadores del Instituto de Estudios Políticos (IEP) de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB).
Este fue un proyecto que se formuló en junio de 2021, el cual obtuvo la aprobación de la Dirección de Investigaciones de la UNAB en el primer semestre del mismo año, haciendo avances importantes en el mapeo de actores y estado del arte, lo que sirvió para suscribir el convenio entre la Alcaldía de Bucaramanga, la Fundación Corona y la UNAB, cuyo objetivo principal fue apoyar la formulación de esta Política Pública.
“Lo que pasó fue un hito histórico, la adoptó el Concejo Municipal mediante el Decreto 018 de 2023 y es importante resaltar que una de las novedades de esta política pública, es que no sólo brinda algunas recomendaciones y estrategias en la prevención de la corrupción sino también genera propuestas de política pública para la implementación del enfoque de Gobierno Abierto, que ha tomado fuerza en los últimos años y se basa en cuatro pilares para el fortalecimiento de la democracia”, manifestó Miguel Pardo Uribe, docente e investigador del IEP de la UNAB.
Dichos pilares son: la participación ciudadana en la gestión pública, la rendición de cuentas, el uso y divulgación de datos abiertos para garantizar el derecho a la información pública de parte de la ciudadanía y la innovación pública. “Importantes en la actualidad para brindar mayor fortalecimiento institucional para las organizaciones y entidades públicas, además, favorece la buena gobernanza y legitimidad de las instituciones respecto a el involucramiento ciudadano y la incidencia en la toma de decisiones”, expresó Pardo Uribe.
En este proceso también participaron la Red Santandereana por la Transparencia, el Comité de Transparencia por Santander, la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), varias universidades, entes de control como Procuraduría, Contraloría; también, el programa Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, otras entidades y líderes de la sociedad civil y ciudadanía con los que se realizaron espacios de participación, en sí, talleres que tuvieron como fin problematizar lo relacionado con la prevención de la corrupción y el Gobierno Abierto.
Otro factor importante fue el de los empresarios, con la ayuda de la Red Santandereana por la Transparencia y la Cámara de Comercio de Bucaramanga, hubo interacción con este sector a través de una encuesta diseñada para identificar algunos riesgos de corrupción en el ámbito empresarial y con la realización de un grupo focal con ellos.
“Una vez aprobada ya se promulgó para 10 años, de 2023 a 2033, la actual Administración Municipal en el poco tiempo que le queda está encargada de comenzar su implementación. En términos objetivos va a ser responsabilidad del nuevo mandatario que llegue a la Alcaldía. De manera que es importante en el marco de las elecciones locales dar a conocerla, divulgarla, con el objetivo de hacer incidencia política y que los candidatos, que ya están en campaña por la Alcaldía de Bucaramanga, la conozcan y se comprometan a implementarla en caso de ser elegidos”, señaló el investigador.
No existen en Colombia muchas experiencias de políticas subnacionales de lucha contra la corrupción y gobierno abierto, con ese enfoque amplio sólo se podrían mencionar, además de la de Bucaramanga, la del departamento de Nariño y la de Transparencia y Gobierno Abierto de Bogotá. Ahora el objetivo del IEP es hacer el acompañamiento de esta Política Pública, ser también veedores para que los objetivos planteados se cumplan, y también, “queremos a partir de esta experiencia, seguir apoyando a otros municipios que quieran formular sus políticas públicas”, finalizó Pardo Uribe.
