Desde el pregrado de Derecho de la UNAB que se oferta en convenio con Unisangil Yopal, se propició un encuentro académico sobre los efectos de la violencia vicaria, un tipo de violencia de género que afecta especialmente a los hijos de las mujeres víctimas. El objetivo fue discutir desde el punto de vista jurídico y psicológico alrededor de esta forma de agresión que, aunque no es reconocida penalmente en el país, sí es objeto de investigación en el programa.
La violencia que aún no se nombra en Colombia
El concepto de violencia vicaria fue creado apenas en 2012 por Sonia Vaccaro, una psicóloga clínica y forense argentina, para darle nombre a una forma de violencia en la que un agresor busca causar daño emocional y psicológico a una mujer a través de la instrumentalización de sus hijos o hijas, normalmente niños o adolescentes. Es considerada un tipo de violencia de género pero sus efectos trascienden también a los menores de edad que pueden ser víctimas de maltrato o incluso asesinato.
A nivel mundial su reconocimiento también es muy reciente. Nueva Zelanda fue el primer país en hacerla visible con su Ley de Violencia Doméstica de 1995 (que en 2018 se convirtió en la Ley de Violencia Familiar), luego de que un año antes Alan Robert Bristol asesinara a sus tres hijas tres meses después de haber obtenido su custodia. Le siguió España que solo hasta 2021 promulgó la Ley Orgánica 8 que incorpora la violencia vicaria en su Código Penal. Allí también se presentó un caso emblemático: en 2011 José Bretón le quitó la vida a sus dos hijos en venganza hacia su esposa por haber iniciado su proceso de separación.
Aunque en la región México, Uruguay y Argentina reconocen penalmente este tipo de violencia, Colombia aún no la incluye en el sistema jurídico de manera formal pese a que existen cifras al respecto. De acuerdo con la Fundación Contra la Violencia Vicaria, entre 2023 y 2025 se registraron más de siete mil casos en el país. Estos datos impulsaron la creación de dos proyectos de ley recientes que no prosperaron en el Congreso: el proyecto por la Ley Gabriel Esteban (surgido a razón de la muerte de un niño de cinco años a manos de su padre en Tolima sucedido en 2022) y el de la Ley 008.
Estas iniciativas han buscado no solo mayor protección para las mujeres sino también para los niños, niñas y adolescentes. Y no es para menos. Según el informe Forensis de 2024, por cada cien mil habitantes se presentan 44,45 casos de violencia intrafamiliar en Colombia. Esta es una preocupación particular para el departamento de Casanare, ya que el mismo informe reveló que esta es la segunda región con más casos de esta violencia, superando la media nacional.
A raíz de este contexto se generó el Diálogo Territorial: “Violencia vicaria y violencias basadas en género: desafíos para la protección integral de las familias”, el evento organizado por el programa de Derecho de la UNAB en Unisangil Yopal. Su objetivo fue intercambiar perspectivas entre expertos sobre el tema e identificar los retos que tiene el territorio para abordarla.
«La idea surge desde la Clínica Jurídica de esta sede y de la experiencia aprendida el año pasado con el primer diálogo territorial que organizamos enfocado en la protección de la infancia, niñez y adolescencia. Luego de eso encontramos que la violencia en contra de ellos no está separada de las violencias basadas en género. Realizamos entonces un análisis previo de cómo está la jurisprudencia sobre el tema para entender el contexto y a partir ahí quisimos generar este espacio de sensibilización y de encuentro con expertos y autoridades de atención a estas violencias», afirmó Linda Barragán Maldonado, coordinadora de investigación del programa en Yopal.
Perspectivas sobre la violencia vicaria
En el encuentro sobre violencia vicaria participaron expertos del sector público, académico, jurídico y desde el área de la psicología para generar una discusión interdisciplinar. Los panelistas fueron: Leidy Arévalo Corredor, directora de la Casa de Justicia y Derechos Humanos de Yopal, Karen Pérez Álvarez, experta en estudios de género, Ángela Jimena Jiménez, docente investigadora del programa, y Álvaro Andrés Silva Amado, magíster en Intervención Psicológica en Niños y Adolescentes.
«Poder reflexionar hoy sobre la violencia vicaria permite generar transformaciones desde las diferentes disciplinas que intervienen. Tenemos un marco normativo amplio que nos permite hacer el abordaje de las violencia basadas en género, pero todavía tenemos barreras para poder garantizar los derechos de las víctimas, de las mujeres y poder llegar a la igualdad y a la no repetición», mencionó Pérez Álvarez, abogada UNAB.
Ella es además especialista en Derecho de Familia, en Memorias colectivas, derechos humanos y resistencias, y magistra en Derecho.
El diálogo giró en torno a los factores sociales y culturales que han invisibilizado la violencia vicaria, los efectos que tiene esta en las víctimas, las barreras jurídicas y de atención en salud que frecuentemente impiden la protección de los niños y sus madres, cómo se puede evitar su revictimización en las distintas estancias de atención, y qué acciones pueden adelantar las instituciones, las universidades y las organizaciones sociales mientras se establece algún tipo de legislación en el país.
«El rol del psicólogo en este tipo de manifestaciones es clave no solo para identificar, sino también llevar la educación a las personas que son víctimas. Esto ayuda a que quienes sufren esto aprendan a identificarla y pedir orientación profesional que muchas veces sirve como prevención primaria para que esta violencia no siga escalando y no se presenten los casos trágicos que ya conocemos», afirmó el psicólogo Silva Amado, que es además profesor del programa de Psicología de la UNAB en convenio con Unisangil sede Yopal.
Además de convocar estudiantes y profesores de Derecho y Psicología, también hicieron presencia miembros de instituciones públicas como comisarías de familia, Personería, y de otros operadores públicos de justicia que hacen parte de las rutas de atención de violencias basadas en género. La intención de esta invitación fue articular esfuerzos entre academia e institucionalidad para contribuir al bienestar de las infancias y de las mujeres.
«Este tipo de espacios son muy importantes para la construcción social. Evidentemente todas estas problemáticas de violencia requieren el trabajo articulado de muchos actores, especialmente desde la academia, porque es allí donde se gestan los proyectos de políticas públicas para cambiar esa naturalización que a veces predomina socialmente y para transformar hacia nuevas acciones que realmente impacten y mitiguen la violencia que tenemos en nuestro departamento», declaró la funcionaria Arévalo Corredor, que es también defensora acreditada de derechos humanos.
Este es el tercer diálogo territorial que se realiza en el campus de Unisangil en Yopal. El primero se hizo en 2025 y en este presentaron resultados y sugerencias realizadas por semilleros de investigación del programa a la Política de Infancia y Adolescencia vigente entonces en el departamento. El segundo tuvo lugar en el primer semestre de 2026 y su tema fue derechos de la infancia y violencia intrafamiliar. Para este desde el programa se realizó también una radiografía previa a nivel regional.
