Justicia ambiental: por la protección de los recursos naturales

En un esfuerzo por fortalecer la lucha contra los delitos ambientales, 75 funcionarios de diversas regiones de Colombia han asumido el reto de convertirse en peritos para la protección de la naturaleza en el país.

Por Luis Fernando Rueda Vivas

Director Oficina de Comunicación Organizacional UNAB – Periodista con Maestría en Comunicación Digital y Especialización en Periodismo Electrónico.

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Este programa hace parte del Proyecto «Formación y Fortalecimiento de Capacidades para la Lucha Contra la Deforestación», ejecutado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), financiado por el Fondo Colombia Sostenible, con recursos de los gobiernos de Noruega, Suecia y Suiza, bajo la administración fiduciaria del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) / Páramo de Berlín (Santander). Foto Luis Fernando Rueda

En 2023, según cifras consignadas en el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO), el número de delitos ambientales cometidos en Colombia superó los 3.200. Cada año, reporta la autoridad, se trafica con más de 50.000 animales silvestres para vender su piel, carne, plumas, huevos o por los beneficios curativos que se les atribuye. En los últimos cuatro años se realizaron por parte de la Fiscalía General de la Nación más de 100 operativos en contra de la deforestación, 190 procedimientos contra la extracción ilegal de minerales y 53 diligencias en contra de otros fenómenos que afectan los ecosistemas. En este lapso se ejecutaron 343 operativos con 1.018 capturados.

A pesar de que el ordenamiento jurídico nacional posee una normativa robusta contemplada en el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000), la Ley 2111 de 2021 y la Ley 906 de 2004, a lo que se suman las funciones de entidades como el Ministerio de Ambiente, las corporaciones autónomas regionales, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Policía Ambiental y la Fiscalía General de la Nación, la aplicación de justicia pareciera no hacer mella en el voraz apetito que depreda los recursos naturales. 

Por esto, en el marco del Convenio de Cooperación Técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Universidad UNAB, financiado por el Fondo Colombia Sostenible, con recursos de los gobiernos de Noruega, Suecia y Suiza, bajo la administración fiduciaria del BID, que ejecuta el programa de Formación y Fortalecimiento de Capacidades para la Lucha Contra la Deforestación, surgió la propuesta de crear un componente de educación formal sobre el proceso sancionatorio para formar peritos ambientales.

Algo así como entrenar ‘sabuesos’ capaces de llevar a cabo con sus conocimientos “investigaciones que supervisen y contrarresten los múltiples delitos e infracciones administrativas ambientales, para brindar conceptos técnicos dentro de los diferentes procesos judiciales, y con ello, dar luz a quienes administran justicia para tomar decisiones y resolver asuntos coyunturales en materia ambiental”, explica Alejandro Bermeo Olaya, coordinador académico del programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental de la UNAB.

“Los estudiantes han propuesto desarrollar proyectos en los que planifican e implementan acciones para mitigar daños ambientales y/o agilizar los procesos sancionatorios por delitos ambientales, basándose en casos de estudio específico”, afirma la profesora Yohana Castro / Foto Luis Fernando Rueda

Son 75 estudiantes entre funcionarios, contratistas, profesionales y técnicos de las áreas ambiental y jurídica, principalmente, de autoridades como corporaciones autónomas regionales de Cauca, Bolívar, Córdoba, Guajira, Nariño, Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Meta, Casanare, Putumayo, Caquetá, Guaviare y Bogotá, que fueron beneficiados con una beca del 90 % para cursar, desde el pasado 10 de enero, 23 cursos de e-learning en tres cuatrimestres que culminan en diciembre de 2024.

“Se encuentran estudiantes que ejercen sus funciones profesionales y éticas en la conservación y mantenimiento del equilibrio ecosistémico de algunas de estas zonas”, dice la profesora Yohana Castro, que dirige uno de los cursos de estudio de casos. Los futuros peritos planifican e implementan, con casos reales, “acciones para mitigar daños ambientales y/o agilizar los procesos sancionatorios por delitos ambientales, basándose en el caso de estudio específico y en sus propias capacidades técnicas y formativas”, agrega.


En la búsqueda de respuestas técnicas y legales

René Arciniegas Andrade trabaja actualmente en la Asociación de Corporaciones Autónomas y de Desarrollo Sostenibles, Asocars, en la ciudad de Bogotá. “Estoy investigando la reglamentación de la sanción ambiental denominada ‘trabajo comunitario’ en el marco de un procedimiento sancionatorio ambiental de la Ley 1333 de 2009”, comenta.

Con todo y que han pasado 15 años desde la expedición de la norma, el Gobierno nacional aún no ha reglamentado los lineamientos y criterios para estipular el trabajo comunitario como posible sanción para los infractores en su función preventiva, correctiva y compensatoria. “Sobre todo para los que son de condición socioeconómica baja para que puedan desarrollar en campo ese tipo de sanciones, al igual que cursos obligatorios y charlas de educación ambiental”, agrega. 

Para Francy Elena Paz Chará, funcionaria de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), el propósito fundamental de este tipo de iniciativas es propiciar una conciencia ambiental hasta que se vuelva una cultura. Según esta madre cabeza de hogar,  oriunda de Santander de Quilichao (Cauca), “más que pagar una multa, que los infractores se acojan a actividades de apoyo al trabajo comunitario, sanciones pedagógicas ambientales, que las compensaciones sean sembrando especies nativas para fortalecer las fuentes hídricas y enfrentar los fenómenos ambientales que estamos viviendo en el momento”.

La minería artesanal es común en los municipios de la provincia de Soto Norte, en Santander, sin embargo, mafias llevan a cabo la explotación ilegal en búsqueda de oro y otros minerales, utilizando mercurio que cae en el río Suratá y sus afluentes. / Foto Luis Fernando Rueda

Su proyecto busca evaluar los impactos ambientales, sociales y económicos “ocasionados por la tala y transporte de madera ilegal del norte del Cauca, identificando las etapas del proceso sancionatorio relacionadas con estos delitos y las funciones que cumpliría el perito ambiental”.

Por su parte el investigador en criminalística Ciro Armando Amézquita, le ha seguido la pista a diferentes actividades criminales que han afectado recursos naturales y medio ambiente en áreas de especial importancia ecológica como los parques nacionales naturales. “El caso objeto de estudio hace referencia a una investigación donde se desarticula toda la cadena criminal de la deforestación que se venía presentando en el Parque Nacional Natural Paramillo, una organización que venía delinquiendo desde el año 2016 hasta el 2022”, afirma.

Según relata Amézquita, esta banda se lucraba económicamente por medio del aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, en este caso especies endémicas y especies forestales, que estaban siendo extraídas del parque. “Producían cerca de 18.000 millones de pesos al año por estas rentas ilegales, a su vez, esta organización estaba instrumentalizando comunidades indígenas para que les proporcionaran la madera”.

El perito, advierte el coordinador del programa, se consolida como tal mediante el tiempo de experiencia y práctica, condición fundamental para que conozca de primera mano, y en carne propia, el verdadero funcionamiento de la administración de justicia así como la realidad ecológica, ambiental y social, “para que con ello de luces a quienes las necesitan para tomar decisiones fundamentales en la materia”. 

De acuerdo con el Boletín de Detección Temprana de Deforestación del Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales, Ideam, en 2024 se han identificado en el país 13 núcleos geográficos con alta deforestación. Las causas están asociadas a expansión de la frontera agropecuaria, incendios forestales, tala ilegal, minería y expansión de infraestructura para transporte no planificado. / Foto Luis Fernando Rueda

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