Por Pastor Virviescas G?mez
Enviado Especial de 15
Bogot?
M?s de 18 a?os debi? esperar Virgilio Alfonso Hern?ndez Castellanos para verle la cara a la justicia en la masacre de La Rochela, Bajo Simacota (Santander), emboscada en la que muri? su padre a manos de paramilitares aliados con integrantes de las Fuerzas Militares, pol?ticos, narcotraficantes y terratenientes.Por esa raz?n, impunidad es la palabra que m?s le inquieta a este abogado egresado de la UNAB, quien ha laborado como director de las Unidades de Derechos Humanos y Anticorrupci?n de la Fiscal?a General, y en la actualidad se desempe?a como instructor de los jueces iraqu?es que juzgaron al dictador Saddam Hussein y todo su s?quito de criminales que arrasaron a ni?os y ancianos kurdos.Hern?ndez Castellanos acept? dialogar en exclusiva con 15, analizar todo el proceso que llev? a que fuera un tribunal internacional -la Corte Interamericana de Derechos Humanos-, quien en los ?ltimos d?as esclareciera la verdad y condenara al Estado colombiano por la muerte de su padre, Virgilio Hern?ndez Serrano junto a los otros 11 miembros de la comitiva judicial que cayeron acribillados por la banda de Los Masetos, que por azar dejaron gravemente heridos a otros tres funcionarios.
En los 58 minutos de conversaci?n en su casa ubicada en alg?n lugar del norte de Bogot?, Virgilio Alfonso mantiene la concentraci?n de un juez y la serenidad de una v?ctima que no busca revancha, y apenas se acomoda un par de veces en el sill?n mientras su mente repasa las im?genes de aquel 18 de enero de 1989, d?a en el que 40 paramilitares dispararon m?s de 400 veces sus armas de largo alcance contra unos funcionarios indefensos, que hab?an sido primero enviados a la ?boca del lobo? por un Estado indolente y luego enga?ados por sus agresores, quienes los remataron como para que nadie m?s se atreviera a pisar ese ?territorio comanche? del Magdalena Medio.A nombre de su persistencia le toc? irse al exilio primero a Guyana Francesa y luego a Estados Unidos, de donde regres? cuando supo de la muerte de Carlos Casta?o y calcul? que se hab?an calmado las aguas, aunque el temor sigue latente. Miedo que no deja asomar cuando su peque?o hijo se acerca a su regazo y le explica que est? hablando de su abuelo, un m?rtir del conflicto armado interno colombiano, un hombre de bien que cre?a en su pa?s y a ?l le entreg? la vida.
Con el auspicio de Estados Unidos, Hern?ndez Castellanos ha asesorado el fortalecimiento de los sistemas de justicia en? Per?, Bolivia, Ecuador, Guatemala y Honduras, entre otros pa?ses, y gracias al respaldo del Departamento de Justicia norteamericano, as? como del Banco Mundial y las Naciones Unidas (ONU), ha viajado a Bagdad ?para que ninguno de los cr?menes de Hussein quede en la impunidad?
?Cu?l es el principal significado del fallo de la Corte Interamericana?
Por primera vez en la historia judicial de un tribunal internacional sobre los casos de Colombia, las v?ctimas encontramos que un pronunciamiento va m?s all? de la simple responsabilidad del Estado, que de hecho ya ha sido aceptada parcialmente, sino que se atreve a hacer una fuerte censura contra los esquemas de justicia utilizados en el caso, mencionando nombres de personas -miembros de la Fuerza P?blica- que participaron en los hechos y que durante m?s de 16 a?os de investigaci?n nunca fueron ni siquiera llamados a declarar.Es una cr?tica muy fuerte contra el Estado colombiano y los sistemas de justicia, que nos pone a reflexionar no s?lo a las v?ctimas, sino que debiera tambi?n hacerlo con los jueces, los abogados y todas las personas comprometidas de hoy en adelante, como el Fiscal General de la Naci?n, en cumplir estrictamente el fallo de la CIDH.
?Como ser humano, v?ctima y abogado que ha representado para usted este caso?
Es dif?cil porque fui funcionario judicial durante muchos a?os, estuve investigando hechos tan atroces como el de La Rochela y sent? total impotencia de no poder haber nada por la masacre de mi padre, porque por obvias razones no lo pod?a hacer. Es un sentimiento de tristeza. Lamentablemente en la masacre? en la cual mi padre fue asesinado y de la cual se desprendieron acciones en mi contra, no pude hacer nada para evitar ese manto de impunidad de 18 a?os.
El Estado admite cierta responsabilidad, ?pero de ah? a que efectivamente se castigue a los responsables y que se de una reparaci?n, hay mucha distancia?
Los hijos de Virgilio Hern?ndez Serrano esperamos, fundamentalmente, es el compromiso del actual Fiscal General, una vez se conoci? el fallo, de activar las investigaciones que se adelantan por este hecho, convocar al proceso a todas las personas independientemente de su rango o su posici?n para que respondan por los delitos, ya que como dice la Corte, los medios probatorios se encuentran en el proceso y lo que demanda la CIDH es que se evite de una vez por todas la impunidad.Este es para nosotros el mayor significado: que las personas que estuvieron comprometidas en los hechos y cuyas pruebas afloran en el proceso, sean por fin llevadas a los estrados judiciales.
Este fallo por primera vez llama las cosas por su nombre y habla del maridaje entre militares y paramilitares, lo cual contrasta con que implicados como el general Farouk Yanine D?az, el coronel Jaime Fajardo Cifuentes y otros oficiales y suboficiales anden tan campantes. ?Se prev? a corto tiempo que esas les den la cara a las autoridades?
Las autoridades judiciales deben cumplir estrictamente el fallo de una corte internacional, y es deber de los fiscales y jueces no esperar que estas personas se presenten, sino citarlos, permitirles su derecho a la defensa, y seguir adelante con el proceso con el fin de determinar su presunta responsabilidad de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente.
?Es tan peregrina la disculpa del actual fiscal general y de quienes lo precedieron, de que el caso de La Rochela se les pas? por alto? ?Qu? hay detr?s para que ning?n fiscal general hubiese movido un dedo?
He sido juez y fiscal, estuve en tres administraciones de la Fiscal?a, creo conocer la Fiscal?a por dentro, y esto me permite decir que si no hay una voluntad pol?tica institucional, es dif?cil que los fiscales con sus esfuerzos y la log?stica que les proveen puedan sacar adelante un hecho de esta magnitud, y m?s cuando hay implicadas personas de muy alto nivel jer?rquico, como en el caso de La Rochela. Si no hay un compromiso con la sociedad, los fiscales act?an por s? solos, con su sentido com?n y preparaci?n. En la investigaci?n por esta masacre han participado fiscales preparados e id?neos, pero una masacre de estas no se investiga con la sola voluntad de un fiscal, sino con la voluntad pol?tica de toda una instituci?n.
Lamentablemente en las masacres de los jueces no hay presi?n social ni pol?tica y por esa raz?n van quedando en la impunidad, como de hecho tambi?n est? sucediendo con la del Palacio de Justicia.Conf?o en la buena voluntad del Fiscal General, pero si ?l no est? preparado para hacerle frente a las cr?ticas y presiones que seguramente van a llegar, no s?lo de personas que est?n al margen de la ley sino de quienes hacen parte de las instituciones del Estado, ser? muy dif?cil cumplir el fallo de la Corte Interamericana.
?Qu? piensa cuando ve al comandante paramilitar Ram?n Isaza, implicado en la masacre de La Rochela, decir que sufre de Alzheimer y saber que no va a ser condenado por este caso por estar amparado en la Ley de Justicia y Paz?
Es lamentable que despu?s de 18 a?os de impunidad surja una ley que le va a permitir a estas personas salir ilesos de cualquier acci?n judicial en contra de ellos luego de que las pruebas afloran de su participaci?n criminal en este y en otros muchos hechos, so pretexto de encontrar la paz, mientras que para las v?ctimas no hubo ning?n lugar importante en el momento de la creaci?n y aplicaci?n de esta ley.
Afirmar que militares y paramilitares se ayudaban ?a hacer la tarea? es como descubrir que el agua moja. ?Por qu? esta sentencia tiene tanto valor si este era un hecho evidente?
Porque es la primera vez que un organismo internacional de justicia hace aseveraciones tan claras y expresas como las que ha hecho la CIDH, no s?lo para referirse expresamente y sin ninguna duda sobre esa simbiosis paramilitares, narcotraficantes y algunos miembros de a Fuerza P?blica, creo que ese es el mayor significado del fallo, y en ese sentido se ver?n enfrentados los fiscales y los jueces. Es una verdad que ya se conoc?a, pero cuando tiene repercusiones internacionales como en este caso, ya no se puede seguir ocultando el Sol con las manos y salir adelante.
La Corte dice que para la fecha de la masacre ya hab?an transcurrido varios a?os desde cuando los grupos de autodefensa se transformaron en paramilitares.
En los a?os 1965 y 1966, cuando surgieron estos decretos que amparaban grupos de autodefensa, seguramente el prop?sito no era fomentar la creaci?n de bandas de criminales, como de hecho ocurri?, sino defenderse de la agresi?n de la guerrilla, pero a?os m?s tarde degeneran en grupos de sicarios y asesinos que empiezan a trabajar mancomunadamente con narcotraficantes, y el Estado tuvo que esperar a que ocurriera la masacre de La Rochela para derogar esos decretos.Sin embargo, el problema no era la existencia de los decretos, sino que el Estado no hiciera nada para evitar la mala utilizaci?n de esos decretos. En ning?n momento se esperaba que la Fuerza P?blica permitiera que los grupos paramilitares campearan por todo el territorio nacional extorsionando, asesinando y cometiendo toda clase de fechor?as contra la poblaci?n civil.
El Reglamento de combate contra guerrillas y el Manual de combate contra guerrilleros o bandoleros, desde esas fechas autorizaban los patrullajes de Ej?rcito y autodefensas. ?De entrada el Estado fue ingenuo o ten?a ese prop?sito de echarle la mano a la guerra sucia al ver que no pod?a ganar la batalla?
Efectivamente eso no era nada nuevo y de alguna manera los miembros de la Fuerza P?blica que se han visto sometidos a investigaciones por estos hechos siempre se amparan en su manuales internos, sin embargo ning?n manual, ning?n decreto, ha llegado a autorizar m?s all? de armar a un civil o irse acompa?ado de un informante, permitir una connivencia casi absoluta con esos grupos, como ha ocurrido en muchas partes del pa?s.???
Llama la atenci?n que la comitiva judicial llevara apenas tres rev?lveres, mientras los asesinos portaran fusiles R-15.
M?s que eso, el poder de los delincuentes sobre la regi?n y no de los jueces. Quienes ten?an el poder, con o sin armas, eran los delincuentes. Tuvieron la ocasi?n de tomarse todo el tiempo del mundo, cometer la masacre, varias horas para fugarse del lugar. Las Fuerzas Militares de la ?poca acordonaron la zona y no dejaron que nadie se acercara. Por fortuna un periodista de Vanguardia Liberal pudo llegar al lugar y tomar unas fotograf?as, pero nadie de los familiares de las v?ctimas pudimos llegar a recoger los cad?veres.
?Qu? debi? haber hecho el Estado para evitar la masacre?
En ese momento no exist?a la Fiscal?a General de la Naci?n, porque el ?rgano de investigaci?n era la Direcci?n Nacional de Instrucci?n Criminal y ?sta a su vez ten?a unas oficinas seccionales, que para este caso era la Direcci?n de Bucaramanga. Este director seccional, de apellido Delgado, conociendo el peligro que se cern?a sobre la vida de estas personas, por la informaci?n que ellos mismos le dieron, debi? solicitar un apoyo especial de la Fuerza P?blica, claro, si la vida de ellos hubiera ameritado mayor importancia, pero no haber permitido que se desplazaran en carros en p?simo estado y con tres armas cortas para entrar a una zona de amplio dominio paramilitar y de connivencia de la Fuerza P?blica que estaba en la zona. S? pudo haberse evitado la masacre.
?El pa?s conserva en su memoria la masacre de La Rochela?
La Rochela lo tenemos en la memoria los hijos de las v?ctimas. Hace unos meses hubo unos actos de desagravio en los que participaron altos funcionarios del Estado, pero son actos protocolarios, y el sentimiento s?lo lo tenemos las personas que tuvimos que afrontar la p?rdida de nuestros seres queridos.? En esa ocasi?n se pusieron las fotograf?as de las v?ctimas en la Fiscal?a, pero hoy est?n en el cuarto de San Alejo. En ?ltimas, somos los familiares de las v?ctimas los que tenemos que afrontar el dolor y llevar a cuestas ese lastre de la impunidad. Colombia es un pa?s de desmemoriados.
?Los 200 mil d?lares que ordena pagar la Corte al Estado colombiano, en su caso remedian algo?
En anda. Seguramente hay familias que porque en la fecha en que ocurrieron los hechos eran familias muy j?venes tuvieron muchas dificultades, y hoy d?a esos recursos aliviar?n alguno de sus tantos problemas, pero la p?rdida de nuestros seres queridos para ninguno se va a suplir con ninguna indemnizaci?n de car?cter material.
?Usted conserva un sentimiento de venganza?
Yo lo super? hace mucho tiempo. Tal vez el mayor malestar no es contra quienes cometieron la masacre ni contra quienes los financiaron, sino contra un Estado que estuvo impotente durante muchos a?os, ignorando la masacre y el lastre que llevamos los hijos de las v?ctimas, de ver la impunidad permanente, de saber que los agresores y quienes participaron con los agresores, seguramente en poco tiempo van a estar en el Congreso de la Rep?blica o en altos cargos del Estado.
?Cu?l es el recuerdo que usted tiene de ese 18 de enero de 1989 cuando se entera del asesinato de su padre?
Dos d?as antes, yo fui el ?ltimo miembro de la familia Hern?ndez que vi a mi padre con vida. ?l se encontraba en el Palacio de Justicia de Bucaramanga y estaba con otro funcionario solicit?ndole al director de Instrucci?n Criminal de la ?poca que les aplazara la comisi?n. Ellos ten?an serios temores de que algo iba a suceder. Alg?n juez que no estuvo en esa comisi?n ya hab?a sido objeto de amenazas. Ellos ya sab?an de varios miembros del Ej?rcito involucrados e incluso a mi pap? le escuch? hablar muchas veces del temor que ten?an del general Farouk Yanine, pero no pudieron hacer nada, les ordenaron asumir esa obligaci?n, y los jueces y los secretarios tuvieron que ir. Ese fue el ?ltimo d?a y me dejaron un sabor amargo sus palabras y la propia despedida. Dos d?a m?s tarde me hicieron una llamada al consultorio jur?dico donde estaba haciendo mi pr?ctica de la UNAB y me informaron de la emboscada.La primer anoticia que circul? en todo el pa?s era que las Farc hab?an atacado la comisi?n judicial, y yo fui de las primeras personas que ante los medios de comunicaci?n tuvo que rechazar esa versi?n porque sab?a en conciencia a qui?nes ellos iban a investigar y por qu? hechos. No porque las Farc no cometiera un delito de esa naturaleza, que los ha cometido y peores, sino porque ese hecho en particular no pod?a ser cometido por un grupo guerrillero en una zona que para esa ?poca? ya era del dominio de los paramilitares y adem?s porque ellos iban a investigar a grupos paramilitares en connivencia con algunos miembros de la Fuerza P?blica y con grupos de narcotraficantes como se supo posteriormente.
?Cu?l ha sido el precio que usted ha tenido que pagar por tanta insistencia para hallar la verdad?
Nunca logr? poder actuar para evitar la impunidad en este caso, como hubiera querido, porque antes de hacerlo fui atacado de muchas maneras. Cuando dirig? la Unidad Nacional de Derechos Humanos (1997), a la primera o segunda decisi?n importante que se tom? estando al frente de ese cargo, empezaron? a llover las cr?ticas en mi contra por parte de miembros de la Fuerza P?blica, particularmente del Ej?rcito, por algunos periodistas como Plinio Apuleyo Mendoza, y otras personas, quienes se ensa?aron en mi contra manifestando que yo estaba investigando la muerte de mi padre y que yo estaba atacando, como dec?a Mendoza, ?a todo el que llevara el honroso uniforme militar?. Esa censura permanente, en particular de ese periodista, llev? a que los grupos paramilitares empezaran a amenazarme y dijeran que yo estaba actuando de una forma vindicativa en contra de los militares. Las amenazas fueron repetidas y serias, tuve que tener unos esquemas de seguridad muy r?gidos, lo cual no me permiti? tener una vida normal ni a m? ni a mis esposas ni a mis hijos. Este ha sido un peso muy grande que he tenido que afrontar porque sin lograr insistir en que la masacre no quedara impune, como ten?a derecho, adem?s tuve que soportar esa actitud de quienes esperaban que no actuara contra los grupos paramilitares por hechos similares a los de La Rochela.
?En concreto qu? amenazas recibi? del Ej?rcito?
Institucionalmente no recib? ninguna ni nunca lo pens? as?, pero s? de miembros del Ej?rcito y de la Polic?a, como tambi?n de pol?ticos y lamentablemente periodistas.
?Ha tenido la oportunidad de verse la cara con alguno de los criminales o sus c?mplices?
No, y no quisiera hacerlo. Quisiera que ellos se encontraran m?s bien con los fiscales que tienen a su cargo la investigaci?n y alg?n d?a con un juez de la Rep?blica en el juzgamiento.
?Qu? significado le da a la palabra Justicia?
Es un valor loable, alt?simo, de los m?s importantes. He tenido la oportunidad de practicarlo, con mucho esfuerzo y con el fin de que muchas personas, que como en el caso nuestro han tenido ese sabor amargo de la injusticia le puedan poner fin alg?n d?a. Lamentablemente en el caso particular nunca lo hemos visto.
?Qu? sabe usted de los tres sobrevivientes de la masacre?
En realidad, entre nosotros hemos tratado de referirnos poco al caso en estos a?os por evitar traer a colaci?n el dolor que signific? la muerte de nuestros familiares. A uno de los sobrevivientes lo conoc? en San Jos? de Costa Rica cuando en enero pasado fue citado a declarar por la Corte.
?Por qu? raz?n el juez ad hoc, que representaba a Colombia, se excus? y le sac? el cuerpo?
En este tipo de casos y particularmente cuando el Estado colombiano no tiene una opci?n diferente que aceptar la responsabilidad, no hay disputas por ir a declarar.
?Caso perdido de entrada?
S?.
En 1990 y 1991el hoy vicepresidente de la Rep?blica, Francisco Santos, para la ?poca periodista del diario El Tiempo, y Plinio Apuleyo Mendoza, publicaron una defensa del alcalde Beltr?n Luque del Carmen de Chucur? (Santander), y aparte de criticar el papel de los jueces, enlodaron la imagen del padre Nel Beltr?n, quien no estaba negociando en secreto nada con la guerrilla, como afirmaban los periodistas, sino de vacaciones en Disneylandia con sus sobrinas. Ahora en el fallo de la CIDH, Santos dice: ?en nombre del Estado colombiano reconozco responsabilidad internacional del Estado por no haber adoptada las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros funcionarios. Esta omisi?n permiti? la violaci?n de los derechos a la vida e integridad personal?. ?Es simplemente una omisi?n, como lo hace ver Santos, o es una complacencia descarada entre agentes estatales y genocidas?
Los jueces que han juzgado el caso, han considerado que ac? hubo actuaciones de miembros de la Fuerza P?blica que condujeron a que finalmente la masacre tuviera ocurrencia, luego no estamos hablando exclusivamente de omisiones.
?Por qu? el Estado insiste en que se juzgue aisladamente el caso de La Rochela, pero que no se busquen nexos con el paramilitarismo y el nacimiento de esa plaga?
El temor que puedo advertir que ten?a el Estado en la referida audiencia de juzgamiento de Costa Rica es que alguna decisi?n pudiera enervar o afectar la aplicaci?n de la Ley de Justicia y Paz por cuanto algunas personas que participaron en la masacre est?n siendo beneficiarios de esa ley.
Hay quienes piensan que la v?ctima es quien muri? pero no el hu?rfano o la viuda, quienes entre otras cosas requieren un tratamiento psicol?gico. ?Este es otro acierto del fallo de la CIDH?
El fallo no s?lo es expl?cito en materia de responsabilidades, sino tambi?n en cuanto a las indemnizaciones, en particular en los efectos que sobre miembros de las familias de las personas que murieron en los hechos, tuvieron que afrontar. En nuestro caso, mi madre desarroll? una afecci?n nerviosa que la ha tenido sometida a medicamentos desde esa ?poca y ser? muy dif?cil superar.
El fallo confirma que prescribieron los procesos disciplinarios y que a ra?z de eso ning?n funcionario estatal fue sancionado por la masacre. ?Entonces la Procuradur?a General de la Naci?n no hizo nada?
No, nada. Es lamentable que contando con pruebas tan contundentes como la misma confesi?n que hizo Alonso de Jes?s Baquero Agudelo (alias Vladimir), un organismo de la importancia en el Estado como la Procuradur?a no haya tenido oportunidad de haber tomado decisiones de fondo contra los responsables. Aqu? tambi?n deber?an evaluarse las responsabilidades de quienes no actuaron a tiempo.
La Comisi?n Interamericana de Derechos Humanos indic? que la creaci?n de los grupos paramilitares fue propiciada por el Estado como una herramienta de lucha contrainsurgente al amparo de normas legales que se encontraban vigentes al momento de perpetrarse la masacre de La Rochela. Hay colombianos que piensan que el paramilitarismo es un fen?meno reciente, pero La Rochela es un caso de hace 18 a?os. ?Se calculaba en ese momento las pisadas de animal grande que vendr?an con el fen?meno del paramilitarismo?
Si se calculaban, se estaban ignorando en el seno del propio Estado y pues ya se cern?an amenazas contra los periodistas que se atrev?an a hablar de esa simbiosis, pero era un hecho. En el Magdalena Medio las cocinas de los narcotraficantes ya se serv?an de la protecci?n de los mal llamados grupos de autodefensa, y los hechos empezaron a ocurrir como finalmente pas? con la masacre de La Rochela, pero antes ya hab?an ocurrido muchos hechos a manos de estas agrupaciones de criminales in que el Estado se hubiera tomado la molestia de indagar por los efectos negativos no s?lo de un decreto vigente desde 1965, sino de una relaci?n muy estrecha entre la Fuerza P?blica y estos grupos de criminales.
?Robarse los expedientes que llevaba la comisi?n era uno de los prop?sitos de la masacre? ?Con las herramientas de hoy se habr?a podido evitar ese crimen al tener que llevar documentos en f?sico?
A ellos no los mataron para robarse los expedientes. Rob?rselos pudo haber sido un prop?sito, pero no el principal. Alonso de Jes?s Baquero (Vladimir) en su extensa indagatorias dice que en una reuni?n a la que asisti? un pol?tico santandereano y miembros de la Fuerza P?blica en Barrancabermeja se tom? la decisi?n de cometer la masacre como una forma de rechazo a cualquier investigaci?n que se realizara sobre grupos paramilitares, como un mensaje contra cualquier funcionario o juez que se atreviera a adelantar investigaciones contra los paramilitares con el fin de mantenerse ellos blindados de cualquier injerencia de la Rama Judicial sobre sus acciones. Ese fue el prop?sito de la masacre y Vladimir lo reitera en sus indagatorias, las cuales fueron conocidas en 1996-97-98. Los expedientes se los robaron porque tuvieron la oportunidad de hacerlo, pero lo que quer?an era generar a los funcionarios judiciales serios temores para evitar que se juzgaran estos sucesos.De hecho sucedi?, porque pasaron 18 a?os y no se juzg? en forma integral ni el caso de La Rochela, ni el caso de la desaparici?n de los 19 comerciantes en el Magdalena Medio, que era la raz?n por la cual los funcionarios judiciales se encontraban en el lugar.
?El pol?tico qui?n es?
Tiberio Villarreal Ramos.
?Por qu? el nombre del ex congresista liberal aparece citado en la sentencia de la Corte y dice que la Fiscal?a profiri? resoluci?n inhibitoria?
Vladimir habla de las relaciones estrechas de Villarreal Ramos con los grupos paramilitares y son evidentes las relaciones de ?stos con el grupo de El Mexicano (Gonzalo Rodr?guez Gacha) y los laboratorios de coca?na que ten?an en el Magdalena Medio. Para nosotros tambi?n fue una sorpresa aunque a?os m?s tarde conocimos todos de sus implicaciones con un narcotraficante de Cali, luego ya se van entendiendo las razones de su presunta participaci?n.Una fiscal, de pronto que no entendi? la indagatoria de Vladimir, se aventur? a dictar una resoluci?n inhibitoria a favor de Tiberio Villarreal, y como ex funcionario judicial y como abogado respeto esa decisi?n pero no la comparto, porque si la fiscal la hubiera le?do con mayor detenimiento hubiera arrojado una decisi?n contraria. Por fortuna, los delitos de lesa humanidad deben valorarse integralmente con todos los medios probatorios que se cuenta, m?xime cuando hay un fallo de la justicia internacional. Una nueva revisi?n de las pruebas que est?n en el expediente, deber?an conducir a una decisi?n distinta.Para fortuna de las v?ctimas y de los funcionarios responsables, esa decisi?n no hace tr?nsito a cosa juzgada de manera forzosa, as? que una nueva valoraci?n incluyendo los nuevos medios probatorios debe ameritar una decisi?n de fondo mucho m?s responsable.
?Qu? ha sentido al encender el televisor y ver a Villarreal Ramos como conductor de un programa de televisi?n -?Poker de Ases?- en un canal local de Bucaramanga?
Verg?enza, malestar profundo, desaz?n.
Usted le cuenta a un colega suyo o ante la Corte, que masacran a 12 personas, que los batallones est?n a 20 minutos del lugar y que las Fuerzas Militares ni se inmutan, ?eso es comprensible para una persona cuerda?
El s?lo sentido com?n es suficiente para tener una respuesta. Con sentido com?n se entiende qu? sucedi? all?, por qu? estos criminales pudieron actuar con toda la tranquilidad del mundo, a sabiendas de que nada les iba a suceder y se evidencia que las cosas sucedieron como ellos las planearon.
A pesar de justicias blandengues como la colombiana, ?estos cr?menes prescriben?
Nunca y est? claro en la jurisprudencia internacional que los delitos de lesa humanidad no prescriben precisamente por el da?o a la Humanidad que se hace cuando se comete una masacre de esta naturaleza.
?Qu? fue lo m?s grave que ocurri? con la masacre de La Rochela?
La impunidad. Cuando uno ejerce una actividad peligrosa sabe que en cualquier momento puede estar sujeto a una acci?n de los delincuentes. Es una actividad peligrosa ser juez o fiscal y uno sabe que en cualquier momento le pueden hacer un atentado, pero lo m?s grave es que ocurra y pasen 18 a?os con la pruebas en la mano y no ocurra nada. Esa impunidad la hemos tenido que soportar los familiares durante todos estos a?os.
?Cu?ntos casos de esta magnitud han corrido la misma suerte?
Es lamentable, pero mucho, much?simos. En el Magdalena Medio ese mismo grupo paramilitar liderado por Acdegam, que en alg?n momento quiso hacer un partido pol?tico que se iba a llamar Morena, con la ayuda de algunos comandantes de la Fuerza P?blica en la zona, cometi? muchas masacres. En las indagatorias de Vladimir se mencionan m?s de 600 muertos en circunstancias similares a las de La Rochela.Con este proceso de Justicia y Paz, que es la oportunidad para que de una vez por todas se conozca la verdad real de los hechos, la estamos perdiendo.
