Por Pastor Virviescas Gómez
El rector de la UNAB, Gabriel Burgos Mantilla, fue uno de los 50 rectores de
universidades de Iberoamérica que por primera vez se reunieron en la
ciudad de Salamanca, del 24 al 26 de octubre pasado, con el propósito
de determinar un sistema común que certifique el dominio del castellano
como lengua extranjera.
Y es que así como el inglés, el francés y el alemán
aplican una certificación unitaria, lo mismo pretende hacerse con el
español, bajo la orientación del Instituto Cervantes y entidades
como la Universidad de Salamanca, al amparo de la herramienta denominada Dele,
que fue presentada en el año 2004 por 31.000 estudiantes de 90 países
del mundo. En marzo de 2007, en Cartagena (Colombia), se verán los frutos
de la comisión académica que fue designada para tal fin.
El director del Instituto Cervantes, César Antonio De Molina, al referirse
a los retos que implica la alta demanda de enseñanza del castellano,
citó el caso de Brasil, donde ya es la segunda lengua obligatoria en
los colegios, o el inmenso mercado de China y Japón, países en
los que crece el interés por nuestro idioma a la hora de hablar de intercambio
de tecnología, inversiones y mercados.
De Molina, aconsejó que: "debemos hacer un certificado que nos
valga a todos y que todos tengan la misma acreditación, los mismos conocimientos",
para lo cual el criterio debe ser "que los diferentes métodos enseñen
un español internacional, aunque pueda haber características locales".
El rector de la UNAB destacó que el nuevo sistema de certificación
además será un instrumento de utilidad para la defensa, difusión
y promoción de la lengua castellana.
Burgos Mantilla aprovechó su estancia para visitar la Universidad de
Alcalá de Henares en compañía del decano de Derecho, Juan
Carlos Acuña Gutiérrez. En esa ciudad cercana a Madrid evaluaron
como satisfactorio el desarrollo del Doctorado en Derecho que ambas instituciones
iniciaron este año.
El anuncio es que en pocos días la UNAB y la Universidad de Alcalá
comenzarán los trámites para presentar ante el Ministerio de Educación
los documentos que permitan otorgar en Colombia el título conjunto en
la Maestría de Derecho Penal.
