La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAB realizó la cuarta versión de su Congreso de Derecho Procesal, un espacio académico orientado a generar discusiones sobre los retos contemporáneos de esta rama del derecho. En esta ocasión, el evento contó con destacados invitados de la Rama Judicial que conversaron alrededor de las transformaciones tecnológicas en la aplicación de la justicia colombiana y el impacto de la inteligencia artificial en los procesos judiciales.
Innovaciones del derecho procesal: tema del congreso
El principal objetivo del encuentro fue promover una revisión profunda sobre la ética y la responsabilidad profesional de los operadores jurídicos en los nuevos entornos digitales. En este sentido, los ponentes invitados discutieron sobre las distintas implicaciones y ventajas del uso de herramientas tecnológicas en materia de garantías procesales y protección de los derechos fundamentales.
De igual manera, se plantearon debates sobre el papel que tienen las redes sociales en la formación de la opinión pública y en la legitimidad de la función jurisdiccional, y la vulnerabilidad de las pruebas digitales que obligan a que los funcionarios reduzcan la brecha entre el derecho y el uso de la tecnología para generar material probatorio.
La prueba digital: el nuevo desafío del derecho procesal
El magistrado del Consejo de Estado Pedro Pablo Vanegas abrió el congreso analizando los desafíos que enfrenta la justicia electoral colombiana frente al uso de pruebas digitales en procesos judiciales. El ponente explicó que, si bien actualmente videos, capturas de pantallas, mensajes de WhatsApp y publicaciones en redes sociales pueden ser pruebas en litigios electorales, son fácilmente manipulables. Esto obliga a que los jueces apliquen criterios jurídicos y técnicos para determinar la autenticidad de esas evidencias.
Para Vanegas, los principales riesgos de las pruebas digitales son los deepfakes (videos hiperrealistas creados con inteligencia artificial), la alteración de metadatos y la ausencia de la cadena de custodia digital. Este riesgo aumenta especialmente cuando las pruebas son aportadas por particulares o rivales políticos.
El panelista afirmó que, si bien hoy por hoy en el país hay ausencia de regulación específica sobre evidencia digital, esta no debe verse como un vacío jurídico, sino como una oportunidad para fortalecer la jurisprudencia y garantizar decisiones judiciales más sólidas y transparentes en materia electoral.
«Vivimos en la era de la evidencia más abundante de la historia, pero también en la era de la evidencia más manipulable. Un video puede probar todo o no probar nada, dependiendo de cómo fue obtenido, procesado y presentado. Hoy los jueces, entre ellos el juez electoral, enfrentan lo que antes era de dominio de los laboratorios forenses: decidir qué es real», afirmó Vanegas.
«Esta discusión adquiere especial relevancia en el ámbito electoral porque hoy las campañas políticas se desarrollan principalmente en escenarios digitales. El juez electoral debe comprender no solo las categorías clásicas del derecho probatorio, sino también las dinámicas tecnológicas de producción, circulación, manipulación de la evidencia digital y de la realidad social».
Las redes sociales y el daño a la intimidad
Otra de las invitadas destacadas en el congreso fue Hilda González Neira, magistrada de la Corte Suprema de Justicia y egresada del programa de Derecho de la UNAB. En su ponencia, reflexionó sobre las afectaciones que se pueden generar a la reputación e intimidad de una persona a partir de imágenes manipuladas o difundidas sin consentimiento a través de redes sociales.
González Neira hizo especial énfasis en el impacto jurídico de las imágenes falsas o modificadas con inteligencia artificial. Para ella, el derecho a la imagen debe protegerse no solo frente a contenidos reales difundidos de forma ilegítima, sino también frente a representaciones artificiales que, aunque parezcan verosímiles, afectan la dignidad del individuo.
En materia de respuesta jurídica por este tipo de daños, la panelista manifestó que la responsabilidad no puede recaer sobre la tecnología en sí misma, sino sobre quienes la controlan o se benefician de ella. Asimismo destacó que el verdadero desafío alrededor de este tema no es solo jurídico, sino humano, pues detrás de cada imagen existe una persona cuya dignidad debe ser protegida.
«Las imágenes viajan solas, despojadas de su origen, desprendidas de la verdad que las originó. En redes sociales, una fotografía no necesita explicación. Se basta a sí misma para ser creída, compartida y juzgada. Hay una violencia silenciosa en esta dinámica. Una reputación construida durante años puede desmoronarse en minutos ante una imagen», resaltó la magistrada.
«Puede suceder que la imagen sea auténtica, pero haya sido obtenida o difundida ilegítimamente sin autorización de su autor o puede ocurrir que la imagen sea manipulada o creada artificialmente mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial. En ambos casos hay daño. La captación clandestina, la reproducción no autorizada o la difusión fuera del contexto legítimo en el que fue obtenida, convierte en una imagen verídica en un instrumento de afectación de derechos fundamentales».
