Por Julio César Alvarado
calvarado@unab.edu.co
Ver un taxi o un carro particular dejando o recogiendo su cupo de cuatro pasajeros, en ocasiones hasta cinco, en una parada de bus, se volvió una imagen cotidiana en la ciudad.
Basta con ubicarse en un paradero, encontrar tres personas que vayan hacia el mismo destino y negociar con el conductor el valor del pasaje.
Esta modalidad de transporte aunque resulta práctica, rápida y hasta económica, es ilegal y está prohibida por el Código Nacional de Tránsito.
En Bucaramanga, empresarios del transporte urbano de pasajeros, estiman que diariamente de los cerca de 8 mil taxis que transitan por el área metropolitana, mil se dedican a llevar pasajeros al menudeo en lo que se conoce como taxis colectivos.
Dijo Graciela Gordillo Garcés, directora de Tránsito de Bucaramanga.
“Los taxis deben hacer carreras individuales. No pueden andar recogiendo pasajeros en diferentes sitios y cobrar sin utilizar el taxímetro. Es prohibido prestar un servicio que no tienen autorizado en su tarjeta de operación. En los dos últimos meses hemos inmovilizado un promedio de cinco a siete vehículos por operativo. En algunos de ellos, se han detenido hasta 15 carros”
Sin embargo, y pese a estos controles, los transportadores se quejan por la pérdida de pasajeros en sus recorridos. Jaime Osorio Avendaño, gerente de Transportes Unitransa, asegura que la situación se puede tornar insostenible.
“Además de que la gente ya no regresa a sus casas a almorzar por el caos vehicular que están causando las obras de Metrolínea, los taxis nos quitan los pasajeros, a tal punto que su número se ha reducido en un 40%”.
Igual situación afrontan otras empresas. Carlos Manuel Manrique Ibáñez, coordinador de tráfico de Transportes Piedecuesta, aseguró que el número de pasajeros que a diario pierden por causa de la piratería se acerca a los 5 mil.
“En el Parque Central del Municipio salen, en 10 minutos, hasta cinco taxis llenos para Bucaramanga que cobran mil pesos por pasajero.
No se está justificando lo que un bus gasta en llantas y gasolina para transportar de 50 a 60 pasajeros en tres horas que por lo general dura el recorrido”, dijo.
En Piedecuesta, los barrios donde se ubican los ‘piratas’ colectivos son: San Cristóbal, Cabecera y Campo Verde.
A esta situación hay que sumarle que en los paraderos ubicados por donde los buses cubren sus rutas, los ‘piratas’ esperan a los pasajeros.
En el puente de Provenza y a la salida del Centro Comercial Cañaveral, los taxis se ubican a la espera de pasajeros.
Manifestó Beatriz Mantilla Acevedo, directora de la oficina de Tránsito de Piedecuesta:
“Estamos haciendo los correspondientes operativos en los sitios denunciados por las propias empresas de transporte. Hasta el momento la Secretaría de Gobierno ha sido la encargada de manejar los operativos. El otro problema grande que se empieza a evidenciar son las moto-taxis”.
“Hemos contado con la colaboración de empresas como Unitransa, Trans Colombia, entre otras, haciendo el acompañamiento a los agentes de tránsito y de policía para tomar las pruebas correspondientes de las infracciones, que se hacen en video, porque sin éstas, no podemos sancionar a los infractores”, aclaró Gordillo Garcés.
Otras rutas de ilegalidad
Desde tempranas horas, los alrededores de la plaza Guarín se congestionan de vehículos, en su mayoría Renault 4, 12, 18; Dacia, Fiat, y hasta busetas con capacidad para 16 pasajeros, todos, entre modelos 80 y 84.
La razón de su presencia allí es evidente para quienes a diario utilizan estos vehículos, a fin de transportarse hacia sectores como el barrio Morrorico, el Alto de los Padres y el Km.18 vía a Cúcuta.
Esta estación improvisada, en los parqueaderos de la plaza Guarín, despacha cada 10 minutos un vehículo con tres o cuatro pasajeros.
Si su destino es el barrio Morrorico el ‘pirata’ le cobra los mismos $950 que vale el pasaje en el bus que cubre la ruta. Mil 500 desde la Plaza Guarín hasta el Km.18 vía Cúcuta.
Por la misma suma lo pueden llevar desde allí mismo hasta San José, en el Alto de los Padres.
“Por la situación de desempleo que hay en el país entendemos pero no compartimos que vehículos particulares presten el servicio en algunos barrios. Lo que no tiene presentación es que sean los mismos compañeros de los taxis los que nos estén quitando los pasajeros”, dijo Osorio Avendaño, gerente de Unitransa, empresa que cubre la ruta Unidos-Morro.
Igual situación se vive en otros puntos del área metropolitana. Para llegar hasta Centro Abastos desde Girón, o en la ruta contraria, un pirata lo lleva por mil 500 pesos y si desea, y son cuatro personas, un taxi los lleva desde este municipio hasta la carrera 33, frente al Club Unión, por los mismos mil 500 pesos. Igual precio cobran por el recorrido pero hasta el centro de la ciudad.
Voceros de la Veeduría Poder Amarillo manifestaron su rechazo a la práctica del taxi colectivo y aseguraron que diariamente se realizan cerca de dos mil carreras en toda la ciudad bajo esta modalidad.
Agregaron que esta problemática, además de quitarle pasajeros a los buses, también le quita carreras a los taxistas que trabajan legalmente.
Los barrios donde más se presenta esta práctica son: Santander, la Victoria, Joya, Morrorico, el Norte de la ciudad, y en general en los municipios de Girón, Piedecuesta y Floridablanca.
Según las autoridades de tránsito de Bucaramanga, los vehículos de servicio particular que se dedican a la piratería no cuentan con los requisitos de seguridad, son vehículos viejos que no se someten a revisiones técnico-mecánicas, no tienen pólizas de seguros y ante la eventualidad de un accidente no tienen con que responder.
“Quienes corren el riesgo son aquellos que utilizan este servicio. Ya sea porque es más rápido o más barato, el peligro es grande. La gente no valora su vida cuando se sube a esos vehículos que no están autorizados, ni cumplen con los requisitos de seguridad que establece el Código Nacional de Tránsito”, dijo Gordillo Garcés.
Las sanciones
A los conductores amonestados se les inmoviliza el vehículo en los patios de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, y están obligados a pagar una multa de $314.000 que se puede convertir en $235.500, por el descuento del 25%, si cancela a los tres siguientes días a la infracción.
Si el conductor es reincidente, la sanción económica es la misma pero la inmovilización del automotor es de 15 días.
“Hemos encontrado que varios de los sancionados siguen violando la norma, por eso estamos revisando la normatividad al respecto para ver si podemos entrar a cancelar las licencias de los infractores que reincidan”, aseguró Gordillo Garcés.
