Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, Departamento Nacional de Planeación (DNP), Ministerio de Justicia y del Derecho, INPEC, Alcaldía de Bucaramanga, voceros del sector judicial, defensores de derechos humanos, organizaciones de género, abogados, investigadores y profesores se dieron cita en la Universidad UNAB este 10 de diciembre para hacer sus aportes a la actualización del Plan Decenal del Sistema de Justicia y participar de los diálogos nacionales para la construcción de la nueva Política Criminal del Estado.
La sesión de ocho horas tuvo lugar en la Sala de Audiencias de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en cuya instalación participaron Luis Daniel Terán, director de Justicia, Seguridad y Defensa del DNP; Alejandro Alvarado Bedoya, subdirector de Política Criminal y Articulación de la Fiscalía y abogado graduado en la Universidad UNAB en 2015; Diana Carolina Chica, directora de Política Criminal y Penitenciaria de MinJusticia; Elizabeth Rico, asesora del Viceministerio de Promoción de la Justicia; y Arturo Suárez Acero, subdirector de Justicia del DNP.
¿Conoce experiencias de transformación de la justicia que sean inspiradoras y que el país deba conocer? ¿Qué debe suceder en su territorio para poder sentir que la justicia ha sido eficaz en sus propósitos? Preguntas como estas sirvieron de punto de partida para que en dos grupos de trabajo se originara una lluvia de ideas que fueron plasmadas en decenas de fichas, cuyos principales aportes serán adicionados a los documentos en preparación.
Según Alejandro Alvarado Bedoya, este evento forma parte del mecanismo de participación ciudadana diseñado por la Fiscalía para formular su componente dentro de la nueva Política Criminal del Estado colombiano y Bucaramanga también fue escogida para realizar la presentación del nuevo Conpes carcelario.
“Consideramos que las prácticas judiciales y la sociedad santandereana en general son un buen escenario para aprender de sociedades que tienen consolidada su administración y su institucionalidad en comparación con otras regiones de Colombia”, dijo Alvarado Bedoya, explicando que el propósito es validar cómo conectar las políticas nacionales con las políticas territoriales partiendo del hecho de lo lejos que queda Bogotá del resto del país.
“Queremos subsanar esas deudas entre el nivel nacional y el nivel territorial, y también diseñar herramientas de financiamiento, de concurrencia y de subsidiariedad”, señaló Alvarado Bedoya, acotando que “en Santander los profesionales saben lo que están haciendo, así tengan limitantes y unos retos complejos para poder desempeñar sus labores. Pero tenemos que seguir trabajando de mano de los entes territoriales para diseñar las cárceles que le hacen falta al sistema y dignificar el trabajo de todo el cuerpo de guardia del INPEC, que a nivel regional tiene grandes desafíos”.
De igual manera se pusieron al tanto de la eficacia que las estrategias tienen a nivel territorial. “Sí tiene sentido hacer estos ejercicios de planeación y de seguimiento a las políticas que se diseñan”, dijo y advirtió que la justicia de hace diez años es muy distinta a la actual. “Sí ha mejorado en su calidad y en su pertinencia. Efectivamente hay mucho por hacer, pero en definitiva no es la misma justicia en términos ni de tiempos, ni de condiciones de trabajo ni de atención a los usuarios. Este es un servicio público esencial que siempre debe tener un espacio a la mejora continua”.
Anunció que lo que sigue es la formulación del documento Conpes, del cual se derive el financiamiento de la estructuración de los proyectos de cárceles regionales. “Estamos hablando de un hacinamiento de cerca de 50.000 personas que deben tener una dignidad en el tiempo de reclusión y que tampoco deben estar privados de la libertad en las estaciones de Policía, que no son para eso. Debemos también definir los temarios que van a quedar en la Política Criminal del Estado y cuáles van a quedar en el Plan Decenal del Sistema de Justicia, porque la primera tiene un horizonte de cuatro años, mientras que el segundo lo tiene a una década”.
La tarea ahora es hacer propuestas que tengan cierre financiero, lo cual es una falencia en la planeación del sector justicia, porque la justicia sí vale y el aparato debe tener un financiamiento, así el servicio sea gratuito de cara al usuario. “Debemos filtrar las metas y comprometernos solo a aquello que de verdad tenga un horizonte de cumplimiento cercano”, señaló.
¿Y los estudiantes qué?
Por su lado, el subdirector técnico de Justicia del DNP aseveró que a propósito del lanzamiento del documento Conpes 4157 de humanización del sistema penitenciario y carcelario, su meta en la Universidad UNAB fue la de realizar un ejercicio de vínculo con actores locales relacionados con ese ciclo del derecho penal que tiene uno de sus puntos focales en el sistema penitenciario.
Arturo Suárez Acero dijo que fue enriquecedor el aporte de representantes locales del ente acusador sobre cómo se ataca el fenómeno delictivo y cómo se busca impactar las causas subyacentes, lo mismo que la contribución de actores sociales y comunitarios que tienen un involucramiento en la fase de prevención del delito y como actores que inciden también en el efecto resocializador de las medidas.
“Lo que vinimos a buscar lo encontramos y además quedan unas puertas abiertas para seguir interactuando con estos actores”, afirmó Suárez Acero y señaló que el próximo año, cuando tengan más elaborados los instrumentos en los que vienen trabajando, regresarán a Bucaramanga para someterlos a un proceso de comunicación que permita validarlos y establecer si la tarea la están haciendo correctamente.
Que la sociedad bumanguesa y santandereana en su conjunto sientan que tienen un lugar para aportar en la construcción de la justicia del país, con una visión hacia la próxima década pero que empieza desde ya produciendo transformaciones concretas, afirmó Suárez Acero y remarcó que la Universidad UNAB y otras instituciones de educación superior locales tienen mucho que ver con el Plan Decenal de Justicia por ejemplo en lo atinente a encontrar la relación entre los cambios de enfoque y percepción del sistema con respecto a cómo se están educando las nuevas generaciones de juristas.
“Estamos buscando generar una conversación asociada a cómo la academia forma nuevas generaciones de abogados, porque estos instrumentos solo tienen sentido cuando son una práctica concreta que se construye en estas aulas y en estos espacios de debate, de incorporación de nuevas corrientes de pensamiento que lleguen por nuevos docentes que se roben el corazón de estos jóvenes para que éstos a su vez sean quienes movilicen la transformación en la práctica”, concluyó el funcionario de Planeación Nacional.
Los dos planes analizados incorporan una visión enfocada en la justicia restaurativa, lo cual no puede materializarse si no pasa por los salones de clase y si no se elaboran teorías de la justicia restaurativa basadas en la experiencia local (como la conciliación en equidad, la justicia de paz, las expresiones de la mediación comunitaria), no en textos de hace más de medio siglo que tuvieron origen en Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá o Alemania.
La invitación, recalcaron Alvarado Bedoya y Suárez Acero, es que los semilleros de investigación se la jueguen por salir a hallar cuál es la justicia que hay en Santander, donde en todas sus provincias se tienen experiencias destacadas de justicia comunitaria, justicia campesina y de articulación de modelos de justicia, así como conciliadores rurales que están construyendo la paz todos los días desde la gestión del conflicto.
