Con una conferencia sobre el sistema de fuentes del derecho y la figura del bloque de constitucionalidad, la Universidad UNAB le dio el banderazo de partida a su primer Doctorado en Derecho.
La charla estuvo a cargo de Alexéi Egor Julio Estrada, hasta hace unos días director jurídico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), quien en esencia manifestó que a partir de la Constitución de 1991 para quienes trabajan en el sector pero también para todos los ciudadanos colombianos el único referente no son solo las normas nacionales, porque hay una apertura del derecho internacional y podemos reclamar y exigir esos derechos que están en esas normas internacionales de derechos humanos.
Aseveró, sin embargo, que “hay un punto en particular que a la Corte Constitucional colombiana le ha costado mucho trabajo y le ha causado problema: ¿Cómo integrar en el bloque un tratado internacional de derechos humanos –la Convención Americana sobre Derechos Humanos– y qué papel tiene en esa integración la jurisprudencia del órgano que lo interpreta con autoridad, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos?”, aseveró.
Problema, dijo, que ha sido causado en parte por la propia Corte IDH, ya que “desde 2006, en un caso contra Chile, comenzó a sostener una tesis que es complicada y que es difícil de defender a la luz del Derecho Internacional Público, que es la tesis del control de convencionalidad para verificar que esas disposiciones internas no sean contrarias no solo a la Convención sino a su jurisprudencia que considera obligatoria para todas las autoridades internas (legislativas, administrativas y judiciales)”.
Postura fuerte de la Corte IDH sobre el valor de su jurisprudencia que genera conflictos con las autoridades internas y que ha traído ciertas dificultades de armonización entre la figura del bloque y cómo incorporar la jurisprudencia de la Corte IDH dentro del sistema de fuentes, así como el hacer compatible esa jurisprudencia con la jurisprudencia de la propia Corte Constitucional colombiana y con la letra de la Constitución del 91.
Luego entró en las honduras de que es común pensar por los abogados que la Constitución es la norma de cierre del ordenamiento jurídico, pero desde la perspectiva del Derecho Internacional la Constitución no es derecho sino un mero hecho, porque el derecho interno de los Estados no es algo que se aplique, sino un referente fáctico que se confunde con los hechos del caso. Así las cosas, la Constitución colombiana no puede ser tomada como referente para resolver los casos donde esté involucrado el Estado colombiano.
Este abogado cartagenero egresado de la Universidad Externado de Colombia es especialista en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, máster en Economía de la Universidad Externado de Colombia, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y se ha desempeñado como Magistrado Auxiliar de la Corte Constitucional colombiana y juez de la Corte IDH. También es docente de la UEC en Teoría de los Derechos Fundamentales, Mecanismos de protección de los derechos fundamentales, acciones y justicia constitucional, entre otros.
La Corte IDH es un tribunal internacional con sede en la ciudad de San José (Costa Rica), que resuelve reclamaciones por violaciones de los derechos humanos por parte de los Estados y emite opiniones consultivas sobre la interpretación de determinadas cuestiones jurídicas. Son 20 los países que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte IDH: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.
“La Corte IDH no establece responsabilidades individuales porque no es un organismo que juzgue personas, sino al Estado y cómo cumple o no sus obligaciones”, precisó Julio Estrada, al responder por qué razón algunos autores materiales e intelectuales de masacres como las de los 12 funcionarios judiciales en La Rochela (1989) y de los 19 comerciantes (1987) permanecen en libertad tantos años después. Las dos sentencias de la Corte IDH establecieron que una de las medidas de reparación que tenía que cumplir el Estado colombiano era precisamente investigar los hechos, determinar los responsables y -si contaba con los elementos probatorios suficientes y respetando las reglas del debido proceso- condenarlos y hacer que cumplieran las condenas, porque los hechos de esos dos casos fueron graves violaciones de los derechos humanos.
En consecuencia, advirtió, más que cuestionarnos para qué sirve la Corte IDH, “deberíamos reflexionar sobre cómo cumple el Estado colombiano sus obligaciones internacionales y con deberes que son propios del Estado colombiano”.
Oteando el panorama en la materia a nivel continental, este investigador cerró su intervención señalando que “estamos en un momento crítico para el Derecho Internacional Público en general y particularmente para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, porque discusiones que ya creíamos superadas y el nivel de protección de los derechos que creíamos que habíamos alcanzado y que no se podía retroceder, ahora mismo están cuestionados en toda la región”.
En su opinión, “estamos en una crisis del sistema de protección que se creó y esa crisis, tratando de ser optimistas, no nos debe conducir al desaliento sino a seguir intentando mantener esos estándares ya creados y a seguir progresando. Pero sinceramente lo veo muy difícil porque estamos en un momento muy crítico”.
Reconoció que un gran problema del sistema interamericano es que mientras el convenio de derechos humanos y el tribunal europeo a los que desde un comienzo pertenecieron todos los Estados, aquí se dio con un faltante, para no hablar solamente de Estados Unidos, Canadá, Cuba y Venezuela, entre otros, sino de los países del Caribe anglosajón donde los pocos que estaban se salieron cuando la Corte IDH empezó a dictar sentencias contra ellos. “Ese ha sido un enorme problema para su legitimidad, que muchos de los Estados de la región no están bajo su jurisdicción y su competencia, y es muy difícil que en este momento avancen hacia allí precisamente por esa crisis. Es que los Estados si no quieren cumplir con las obligaciones que tienen, menos quieren más obligaciones de derechos humanos. ¿Entonces qué incentivos tendrían para incorporarse a un sistema de protección?”.
El lanzamiento
El acto inaugural del Doctorado en Derecho tuvo lugar en La Casona UNAB en la tarde del pasado miércoles 13 de agosto, con la asistencia de unos 70 estudiantes, docentes e inscritos en la primera cohorte de la que promete ser una etapa trascendental en la formación e investigación jurídica en la Institución, convirtiéndose en un espacio para fomentar el pensamiento crítico, la rigurosidad científica y la innovación con relevancia en el ámbito del derecho tanto a nivel nacional como internacional.
Allí la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Elisa María Martín Peré, afirmó que “presentar este Doctorado en Derecho es más que compartir un programa académico; es abrir la puerta a una conversación colectiva sobre el papel del conocimiento, del pensamiento y del derecho en un mundo que en este momento atraviesa profundas transformaciones y no pocas crisis. También es una invitación a hacer parte de una comunidad que cree que investigar no es solo producir teoría, sino igualmente una forma de comprometerse con el mundo”.
Este Doctorado tendrá una duración de ocho semestres y dispondrá un acompañamiento permanente durante los dos primeros años de la figura del docente consejero, que los asesorará en la construcción de su proyecto de investigación.
Desde su perspectiva, éste no es un doctorado tradicional ya que aunque se inscribe en el campo del Derecho, su espíritu es interdisciplinario. “Aquí el Derecho se cruza con la Historia, la Filosofía, la Psicología, la Sociología, la Economía, la Antropología y otras ciencias sociales humanas. Creemos que los problemas jurídicos contemporáneos, especialmente en sociedades complejas y desiguales como la nuestra, no pueden comprenderse ni transformarse desde una sola mirada”.
Según la decana, se promoverá un diálogo entre disciplinas, metodologías y perspectivas que permita abordar el Derecho no solo como un sistema normativo sino como una práctica social, una construcción cultural y un lenguaje que está cargado de historia, poder y posibilidades.
“Quien investiga se compromete, quien pregunta se implica, quien busca comprender transforma”, expresó la decana Martín Peré, e insistió en que este Doctorado en Derecho de la Universidad UNAB “es una apuesta por pensar distinto para vivir distinto”.
