El Ministerio de Justicia y del Derecho entregó a la Universidad UNAB el reconocimiento “Consultorio Jurídico Púrpura”, una certificación otorgada a los consultorios jurídicos universitarios que brindan una atención especializada a víctimas de violencia de género.
De esta manera se valida oficialmente y promueve la calidad y el enfoque de los consultorios jurídicos que se comprometen a brindar una atención legal digna, especializada y segura a las personas que han sido víctimas de violencia de género.
La entrega de esta distinción se llevó a cabo en el marco del Encuentro Nacional de Consultorios Jurídicos, cuya instalación y primera sesión se efectuó el 2 de octubre en el Auditorio Jesús Alberto Rey Mariño, de la Universidad UNAB, con asistencia del viceministro de Promoción de la Justicia, Yefferson Mauricio Dueñas Gómez, contando con la participación de 89 delegaciones y cerca de 300 funcionarios provenientes de toda la geografía nacional.
“Este reconocimiento es parte de un esfuerzo por fomentar una justicia más incluyente y accesible, ratificando el compromiso de la universidad con la justicia, el respeto y la equidad, convirtiendo el consultorio en un espacio seguro para las víctimas”, manifestó su director Juan Carlos Sánchez Contreras, quien dijo que para la Universidad UNAB y el Nodo Santander de la Red Tejiendo Justicia este certamen nacional “representa un espacio fundamental para fortalecer el trabajo que venimos desarrollando desde los consultorios jurídicos y centros de conciliación del país, en articulación con el Ministerio de Justicia y del Derecho”.
Subrayó Sánchez Contreras que “los consultorios jurídicos desempeñamos un papel decisivo en la formación práctica de nuestros estudiantes, pero también en la materialización del acceso a la justicia para las comunidades más vulnerables. Espacios como este Encuentro Nacional nos permiten compartir experiencias, generar propuestas conjuntas y consolidar un trabajo colaborativo que trasciende las fronteras institucionales y regionales”.
Entre los temas planteados se contó con una reflexión sobre los retos jurídicos para garantizar el acceso a la justicia con enfoque interseccional, abordando temas como la política de Paz Total, la prohibición del matrimonio infantil y la aplicación diferencial de la ley a personas no binarias. También se analizó la Guía para la Valoración del Riesgo Feminicida en el Contexto Familiar, como herramienta crucial para la prevención de violencias basadas en género, y se discutió sobre los retos y avances de la justicia racial en Colombia, tema indispensable para seguir construyendo un sistema jurídico más equitativo y respetuoso de la diversidad.
“Realidades tangibles”
Por su parte, el rector de la Universidad UNAB, Juan Camilo Montoya Bozzi, expresó: “La UNAB asume con convicción los compromisos de la Red Tejiendo Justicia. Nuestro consultorio jurídico cuenta con infraestructura accesible; desde hace años impulsamos la política institucional de equidad de género, el Comité de Género y el programa Líderes por Santander, que promueve la transparencia y la formación ciudadana. Creemos firmemente que los consultorios jurídicos son laboratorios de ciudadanía: espacios donde las y los estudiantes ejercitan la ética profesional, la sensibilidad social y el pensamiento crítico mientras ofrecen servicios a quienes más lo necesitan. Formar abogados capaces de proteger los derechos de las personas con discapacidad, de las mujeres y de la población LGBTIQ+ y de fomentar una cultura de transparencia no es un esfuerzo accesorio; es la esencia de la justicia que Colombia requiere”.
“Agradezco a nuestro equipo académico y administrativo, a los invitados y a quienes viajaron desde distintas regiones del país para compartir sus experiencias. Estoy seguro de que estos dos días nos permitirán aprender de nuestros aciertos y desafíos, generar nuevas ideas y fortalecer nuestra determinación de construir un país en el que la dignidad humana, la igualdad y la inclusión no sean discursos, sino realidades tangibles… Sigamos tejiendo justicia juntos”, puntualizó Montoya Bozzi.
Balance satisfactorio
Entre tanto, el viceministro Yefferson Mauricio Dueñas Gómez –quien se ha desempeñado como docente de posgrados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad UNAB–, aseveró que “este encuentro refleja de la mejor manera lo que estamos construyendo: una red que entrelaza con el conocimiento académico, la innovación social y el compromiso de servir a las comunidades. Tejer justicia es unir esfuerzos, reconocer la diversidad y hacer de la justicia un derecho vivo, cercano e incluyente”, destacó.
La red universitaria de consultorios jurídicos hoy integra más de 150 facultades de Derecho organizadas en ocho nodos regionales. Desde sus inicios, resaltó el viceministro Dueñas Gómez, ha sido una apuesta no sólo por formar a los futuros abogados y abogadas del país, sino por hacerlo con un enfoque diferencial de género, discapacidad y diversidad, garantizando un acceso más inclusivo y humano de cara a la justicia.
Durante el año 2025, son 38 los consultorios jurídicos universitarios que han sido certificados como Inclusivos y Púrpura, tras un proceso riguroso de diagnóstico, formación, seguimiento y reconocimiento oficial. Igualmente, ha venido tomando fuerza la Estrategia de Consultorios Jurídicos para la Paz, que los fortalece como verdaderos actores de paz territorial. Esta iniciativa ya está presente en siete ciudades: Cartagena, Popayán, Quibdó, Pasto, Ocaña, Bucaramanga y Cali, con la participación de 24 universidades que han realizado seminarios de paz, expediciones a comunidades vulnerables y procesos de formación con enfoque territorial que han permitido posicionar la paz en la agenda académica, llevar los servicios jurídicos al terreno y consolidar alianzas comunitarias e institucionales sostenibles.
A estos avances se suma la alianza de los consultorios con LegalApp, que hoy cuenta con la participación de universidades como la Javeriana (Bogotá), Surcolombiana (Neiva), Autónoma del Caribe (Barranquilla) e ICESI (Cali), para producir nuevos contenidos que acerquen la justicia digital a la ciudadanía y fortalezcan su capacidad de conocer y ejercer sus derechos.
