El lema “La innovación y los retos del Derecho Procesal en busca de un sistema de justicia eficaz, ético y su enseñanza en la Academia” marcó el compás desde la primera hasta la última de las 19 charlas de lo que ocurrió en el III Congreso de la materia llevado a cabo por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad UNAB el viernes 9 y el sábado 10 de mayo.
El evento resultó tan interesante y variado para los más de 500 asistentes, que se habló a profundidad de campos como el tributario, luego el penal, pasando por nulidad electoral y divorcio, más tarde insolvencia, enseguida inimputabilidad, después conciliación y arbitraje, para cerrar de la manera más insospechada: la proyección de la ranchera La tragedia del Vaquero, interpretada por el mexicano Vicente Fernández, la cual le sirvió al profesor Carlos Arturo Duarte Martínez para abordar los temas del uxoricidio, feminicidio y enfoque de género, apoyado igualmente en legendarias defensas realizadas a comienzos del siglo XX por el italiano Enrico Ferri y el colombiano Jorge Eliécer Gaitán.
La nómina de lujo estuvo encabezada por magistrados del Consejo de Estado como Pedro Pablo Vanegas Gil y Omar Joaquín Barreto Suárez, de la Corte Suprema de Justicia como Hilda González Neira y Gerardo Barbosa Castillo, además de jueces, docentes e investigadores y el propio presidente de la Junta Directiva de la UNAB y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rodolfo Mantilla Jácome.
Fue la decana Elisa María Martín Peré quien tomó la batuta al enfatizar que no se trata simplemente de hacer que los procesos sean más rápidos, sino de garantizar que el acceso a la justicia sea real, que los derechos procesales se respeten integralmente y que las decisiones judiciales gocen de legitimidad social.
“Nos enfrentamos a un sistema judicial que, si bien ha mostrado avances importantes, todavía adolece de congestión, desigualdad en el acceso, disparidad en la calidad de las decisiones y rezagos en la implementación tecnológica. La innovación procesal, por tanto, no debe ser entendida únicamente como digitalización, sino como una oportunidad para revisar a fondo los modelos de gestión, los roles de los operadores judiciales, la eficiencia de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y la pertinencia de los procedimientos frente a las realidades sociales”, señaló la decana.
En contextos de desigualdad estructural como el de este país, el Derecho Procesal tiene la función social insoslayable de servir como vehículo de inclusión, protección y reparación, no solo instrumento técnico, recalcó Martín Peré, para quien la incorporación de la tecnología, la inteligencia artificial (IA) y los sistemas digitales plantea interrogantes éticos y jurídicos de gran calado: ¿Cómo garantizar el debido proceso cuando la toma de decisiones se automatiza? ¿Cómo preservar la imparcialidad judicial en entornos digitales? ¿Qué límites se deben establecer para proteger la intimidad, la equidad y la trazabilidad de los procedimientos?
En esa línea fue la intervención de la magistrada de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, Hilda González Neira, quien concluyó que la transformación digital debe acompañarse de políticas públicas que aseguren la protección de datos personales, la seguridad cibernética y la capacitación continua, para maximizar los beneficios de la tecnología y minimizar los riesgos.
La IA puede apoyar y mejorar las capacidades humanas sin suplantarlas por completo, señaló González Neira, enfatizando que “se requiere de un abogado dúctil, que tenga mente abierta y capacidad de adaptación a las tecnologías que llegarán en el futuro y a la continua transformación del derecho”, siempre teniendo el concepto de plusvalía humana referido a la capacidad de resolver asuntos complejos garantizando los derechos de las personas; ética, responsabilidad y empatía, inteligencia emocional, habilidades de comprensión y negociación.
Los abogados en general, insistió la magistrada, no pueden ser ajenos al advenimiento de la llamada Quinta Revolución Industrial, que representa enormes cambios en cuanto a mayor auge de tecnologías desafiantes y fuertes, inteligencia artificial colaborativa, robótica, computación cuántica, realidad aumentada e Internet de las cosas, partiendo del principio de que la tecnología se va a centrar en el ser humano (bienestar, respeto de los derechos humanos y sostenibilidad).
Mostrando apartes de la película Sentencia Previa, del año 2002, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Cruise, la cual se ambienta en el año 2054 con un sistema penal judicial conocido como “Precrimen”, González Neira atizó el debate sobre si es posible hablar de una “justicia predictiva” y expresó que la aplicación de la IA en la revisión de casos y la predicción de resultados judiciales puede fortalecer la seguridad jurídica al analizar grandes volúmenes de datos legales y jurisprudenciales, proporcionando “datos predictivos” basados en patrones históricos.
En cuanto a la utilización de la IA en las providencias, la magistrada precisó que “en la búsqueda de agilidad en la administración de justicia, se ha avanzado tanto que hasta se han creado ‘simuladores de sentencias’; empero, para que sean fiables, se debe atender especialmente al uso ético de la inteligencia artificial, porque uno de los mayores riesgos es la resolución idéntica de diversos casos sin adaptarse a los cambios continuos y evolutivos del derecho, acumulando sesgos y prejuicios al identificar como patrón la repetición de decisiones en un determinado sentido”.
Valga recordar que la Corte Constitucional en la Sentencia T-323/24 planteó que “ni la comunidad ni la administración de justicia podrán ser reemplazadas por las tecnologías ni por las máquinas, pues aquellas comprenden en su esencia lo insustituible de la existencia cuál es el componente humano de racionalidad, creatividad, emotividad, singularidad y solidaridad que habrá de acompañar las generaciones por siempre”.
Por ejemplo, la IA ya es empleada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para realizar análisis de violencia en el conflicto armado interno, pero no hay que olvidar que al reto de la capacitación se suma la destinación de recursos para inversión y laboratorios de IA.
También el profesor Pablo Andrés Delgado Peña se enfocó en este campo de tanta expectativa para soltar interrogantes como quién es el autor y titular de los derechos patrimoniales de autor de una obra o un producto generado total o parcialmente con participación de la IA o cómo regular el uso de la IA en la academia (incluidos los programas de Derecho) y mitigar riesgos de plagio.
Según Delgado Peña, en escenarios litigiosos los jueces deberán determinar si existe autoría humana y, en consecuencia, si procede el reconocimiento de derechos patrimoniales o morales sobre la obra. La carga probatoria será determinante, así como el papel de peritajes técnicos y los conceptos de autoridades administrativas como la Dirección Nacional de Derecho de Autor, dijo, advirtiendo que “la excusa basa en que el contenido fue generado por IA no exime de responsabilidad al usuario ni al propietario de la herramienta”.
El III Congreso de Derecho Procesal de la Universidad UNAB, cumplido en el Auditorio Mayor Carlos Gómez Albarracín y cuya organización corrió por cuenta de un equipo encabezado por el docente Sergio Julián Santoyo Contreras, convocó no solo a identificar problemas, sino a construir soluciones. A fomentar una cultura jurídica abierta al cambio, sensible a las demandas sociales y comprometida con la consolidación de un Estado de derecho más justo, inclusivo y eficaz.
