Por María Eugenia Bonilla Ovallos*
La policía es una institución relevante y funcional para el Estado y el régimen político, cuyo desempeño ha estado condicionado por la forma en que se obtiene y se mantiene el poder. No obstante, esta es una de las instituciones del Estado menos estudiadas, debido a una multiplicidad de factores, dentro de los que se destacan la ausencia de criterios unánimes sobre lo que significa el buen desempeño policial, la resistencia de la institución a ser objeto de monitoreo y evaluación, los elevados niveles de secretismo con los que operan las policías, los limitados indicadores cualitativos y cuantitativos que existen, el sesgo en los datos disponibles que suelen ser estimados, calculados y suministrados generalmente por la misma institución y el subregistro originado por la cifra negra en los indicadores de seguridad.
Pese a las complejidades de abordar este objeto de investigación, en el Instituto de Estudios Políticos (IEP) de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), se han desarrollado investigaciones que permiten reflexionar sobre la funcionalidad del modelo de policía actual, teorizando sobre la relación existente entre desempeño policial y consolidación democrática, y midiendo su desempeño a través del Índice de Desempeño Policial Democrático (IDPD), integrado por tres dimensiones: efectividad, legalidad y legitimidad policial.
Los resultados indican que los cuerpos policiales, al ser poseedores legítimos del monopolio de la fuerza, asumen un rol elemental dentro del Estado democrático, puesto que las características de su desempeño pueden resultar funcionales o no para la consolidación de una sociedad capaz de resolver sus conflictos a través de códigos democráticos. En democracia se hace necesaria una institución policial que interactúe con los agentes institucionales y civiles del Estado, en el marco del respeto de los derechos políticos, civiles y humanos, de manera que sus acciones, en lugar de vulnerar y transgredir principios como la igualdad, la libertad y la justicia, los garanticen y reafirmen.
Malas prácticas policiales, como el excesivo uso de la fuerza, la politización, el abuso de autoridad, la tortura, la negligencia, el trato inhumano o degradante, la arbitrariedad y la corrupción, inciden en la legitimidad del cuerpo de seguridad, puesto que promueven la desconfianza y la percepción negativa sobre la posibilidad real de que los policías puedan establecer condiciones idóneas de seguridad. Además, estas prácticas son un obstáculo para la consolidación del régimen en la medida en que dan lugar a la violación de derechos o intereses considerados inviolables y por ende superiores al proceso democrático mismo (Dahl, 2002, p.220).
No es posible concebir una policía funcional para la consolidación democrática, que sea incapaz de cumplir de manera efectiva con su misión institucional. Responder a las demandas ciudadanas en materia de orden y seguridad representa una valiosa oportunidad para promover la confianza, incrementar la satisfacción frente al régimen y para instar a los ciudadanos a resolver sus conflictos mediante las reglas que el sistema democrático ha establecido, reconociendo al cuerpo de seguridad como the only game in town y considerando que la violación de las normas y las leyes vigentes desembocará en salidas costosas e ineficientes, ante lo cual, se sujetarán y habituarán a la resolución de los conflictos dentro de los límites que ésta les impone.
Para que el desempeño policial sea democrático, no solo importa qué hace el cuerpo de seguridad para cumplir con su misión institucional y cómo lo hace, sino también cómo lo percibe la ciudadanía, pues en este tipo de régimen, el ciudadano se constituye como el destinatario final del servicio público. La legitimidad social de la acción policial es clave para la gobernabilidad, puesto que a mayor legitimidad de la policía, mayor disposición por parte de la ciudadanía a aceptar y cumplir sus indicaciones y a colaborar activamente con ella.
Tras medir el Índice de Desempeño Policial Democrático, se evidenció que Colombia no ha logrado reemplazar completamente el modelo policial de corte represivo, militarizado, centralizado y politizado que estuvo vigente durante gran parte del siglo XX. La consolidación de un cuerpo policial funcional y coherente con los principios democráticos sigue siendo un problema crítico en el país, pues el actual modelo de policía presenta amplios retos en materia de efectividad, legalidad y legitimidad, pese a los esfuerzos democratizadores de la reforma policial promovida en la década de los noventa.
Los resultados incitan al debate sobre lo que la democracia requiere del cuerpo de seguridad y, a su vez, sobre lo que esta puede moldear en una institución policial con miras a promover su desempeño funcional y coherente con los principios elementales del régimen. Una reforma policial democratizadora debe orientarse a incrementar el grado de profesionalización de la policía, fortalecer y diversificar la estructura de accountability policial y ampliar la capacidad institucional de la que ha dispuesto la Policía Nacional para el ejercicio de sus funciones. Finalmente, nada de esto tiene sentido sino se analiza críticamente la postura gubernamental frente al cuerpo de seguridad, es decir, las políticas y el esquema de seguridad pública que soporta su accionar.
Para profundizar más sobre un tema que en estos momentos constituye un debate de carácter nacional, ante los convulsos hechos de orden público la semana anterior, puede consultar el siguiente artículo: https://revistas.unab.edu.co/index.php/reflexion/article/view/3740/3195
*Directora IEP UNAB
