Como parte de una estrategia de la Alcaldía de Bucaramanga, el Instituto de Estudios Políticos de la UNAB se encuentra trabajando en la creación de cuatro políticas públicas para la ciudad centradas en discapacidad, barrismo social, paz y derechos humanos, así como población NARP y comunidades étnicas. La iniciativa pública, que convocó también a otras dos instituciones de educación superior, proyecta tener listos estos lineamientos para mediados de 2026.
El pasado 13 de junio la Secretaría de Planeación de Bucaramanga realizó el lanzamiento de su estrategia de desarrollo que incluye siete nuevas políticas públicas para el municipio. Esta alianza entre academia y gobierno local busca evaluar la situación actual de cada una de las poblaciones que se quieren impactar y definir ejes de intervención que brinden soluciones oportunas de acuerdo a cada contexto, involucrando la participación de los actores y líderes estratégicos de estos sectores.
A la actividad de presentación asistieron autoridades académicas de las universidades UNAB, Pontificia Bolivariana y Manuela Beltrán, que hacen parte de este convenio, así como miembros de las diferentes comunidades. En el evento se explicaron en detalle los enfoques que tendrá cada uno de los documentos y la manera en que se aplicarán las capacidades y recursos de estas instituciones para lograr implementar dichas políticas el próximo año.
«Las universidades con nuestra naturaleza proporcionamos una mirada cuidadosa de estas problemáticas. La colaboración entre las distintas instituciones ha de fortalecer las capacidades técnicas de todos, incluidos los funcionarios públicos, al brindar las herramientas que garanticen que estas políticas públicas sean de verdad adaptadas a las necesidades reales de la población para lograr una gestión pública que se fundamente en el conocimiento», expresó Franz Dieter Hensel Riveros, vicerrector académico de la UNAB en su intervención durante el lanzamiento. «Sabemos que las áreas que abarcan estas políticas son vitales para esta sociedad y por eso estamos comprometidos en enfocar nuestros esfuerzos para gestionar una red de gobernanza centrada en las necesidades de estos grupos poblacionales».
En el espacio se presentó además el denominado Manual de formulación e implementación de políticas públicas, un documento creado por el Instituto de Estudios Políticos (IEP) de la UNAB que pretende estandarizar la formulación de dichas políticas para que alcancen los mayores niveles de efectividad y transparencia.
«Cuando hemos hecho análisis de las políticas públicas adoptadas en el municipio y en Santander identificamos que esos documentos son diagnósticos o lineamientos, pero no son un documento que técnicamente esté bien estructurado y que cumpla con los componentes fundamentales de una política», afirmó María Eugenia Bonilla Ovallos, directora del IEP y coordinadora de la estrategia de políticas públicas. «Elaboramos entonces este manual para que los funcionarios públicos adopten los requisitos de calidad que se espera y estas políticas sean verdaderos instrumentos de gestión territorial, y para que la ciudadanía comprenda qué debe contener y cómo debe estar estructurada una política pública y pueda valorar los documentos que se construyen».
Políticas públicas para el desarrollo local
A través del IEP, la UNAB desarrollará las políticas públicas de discapacidad, población NARP (Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros) y etnias, barrismo social y paz y derechos humanos. Para la primera de estas se han definido tres ejes específicos a cubrir: la garantía de derechos en temas de salud, educación y empleo principalmente, la mejora en la conectividad y la vivienda para estas personas, y el reconocimiento de estereotipos y discriminaciones que aún enfrenta esta población.
«La política de discapacidad tiene un enfoque de derechos humanos. Estamos muy coordinados con las recomendaciones que ha hecho Naciones Unidas para la atención de esta población, algo que nos han pedido los colectivos y organizaciones de personas con discapacidad del municipio con los que hemos empezado a tener acercamientos. Ya hemos coordinado la realización de acciones con el Comité Municipal de Discapacidad y en julio comenzaremos a realizar espacios de participación con personas con discapacidad y sus familias», manifestó Miguel Pardo Uribe, líder formulador de la política de discapacidad.
En el caso de la política NARP y comunidades étnicas, la intención del IEP es realizar un abordaje integral en el que a través del diálogo se conozca de su parte lo que esperan de este proceso. Estos acercamientos iniciales serán el primer insumo con el que se planteará un trabajo de construcción conjunta que haga de estas poblaciones, que han sido históricamente relegadas, el núcleo de este planteamiento.
«En este momento estamos realizando un mapeo junto con la Secretaría del Interior de las comunidades que de alguna manera no son de tan fácil acceso. También hemos empezado por hacer una revisión documental para ver cómo es el histórico de las necesidades, las barreras, las desigualdades que han tenido estas comunidades, no solo en Santander y en Bucaramanga, sino incluso en Colombia, porque eso también nos da como una radiografía general del panorama», expresó la líder de esta política Andrea Suárez Molina.
«Esta alianza entre alcaldía y universidades da una rigurosidad técnica y académica importante a estos trabajos. Sumado las capacidades desde lo privado y lo público, creo que se puede generar un engranaje interesante que contribuya a estas comunidades».
Resignificar la percepción del barrismo y contribuir a derrumbar la imagen negativa de estos grupos en la ciudad es el norte establecido para la política sobre este tema. El trabajo de participación incluye mesas de discusión con las ocho barras identificadas en la ciudad que incluyen las aficiones de Atlético Bucaramanga y de otros equipos como América de Cali y Nacional.
Para Jonathan Méndez Espíndola, líder de esta política, «el barrista dentro de la ciudad se ha convertido en un símbolo casi de lo que representa ser bumangués, pero todavía hay una estigmatización muy grande porque aún se asocia mucho con situaciones de violencia. Tradicionalmente el abordaje que se ha hecho desde las instituciones públicas a este tema ha sido de control y retención. Por eso con esta política lo que se busca es trascender y visibilizar otras expresiones que buscan, desde la misma barra, transformar a sus comunidades y a la misma ciudad. La recepción ha sido positiva, ya hemos adelantando algunos encuentros con líderes de estas barras y queremos lograr la mayor participación posible».
Esta no es la primera vez que el IEP de la UNAB se destaca en la formulación de políticas públicas. En 2022 hizo parte de la creación de las políticas de Juventudes y de Transparencia y Anticorrupción, ambas implementadas por la Alcaldía, que recibieron reconocimientos por parte de instituciones como la Red Académica del Gobierno Abierto Internacional (RAGA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
