Al Encuentro Nacional de Consultorios realizado en Bucaramanga, evento en el que el Consultorio Jurídico UNAB recibió el reconocimiento “Consultorio Jurídico Púrpura” por parte del Ministerio de Justicia, llegó el viceministro de Promoción de la Justicia, Yefferson Mauricio Dueñas Gómez y concedió esta entrevista.
¿Desde el Gobierno Nacional y el Ministerio de Justicia y del Derecho qué importancia les dan a los consultorios jurídicos de las universidades?
Los consultorios jurídicos de las universidades son fundamentales para el acceso a la administración de justicia, por varias razones, pero mencionemos cinco. Primero, son el puente entre la academia y el derecho, digamos la institucionalidad. Son actores importantes en la construcción del conocimiento. Son espacios neutrales de crítica constructiva en la deliberación de los procesos jurídicos y en la construcción de proyectos de ley.
En el caso del Ministerio de Justicia y del Derecho nos acompañan diferentes proyectos. Por ejemplo, los Consultorios Púrpura, que son una estrategia para que desde los consultorios jurídicos acompañen y hagan seguimiento a las violencias basadas en género y por prejuicio como unidad LGBTIQ+, de manera que atiendan las necesidades de esta población.
También están los consultorios jurídicos para la paz, con enfoque territorial. Es decir, la presencia de los consultorios para ayudar a aportar a los procesos de paz con enfoque desde lo local. Entonces, como pueden ver, son muchas las funciones y las tareas que pueden cumplir los consultorios jurídicos, no sólo en el Ministerio de Justicia y del Derecho, sino en general en la construcción de acceso a la justicia a nivel nacional. Tejer justicia es tejer comunidad, confianza, dignidad y paz.
Insistía usted en sus palabras que la academia es un sitio neutral y que este encuentro nacional es para tejer justicia. ¿Todas las universidades le están jalando a ese propósito?
Que sea neutral no significa que no pueda ser crítica. Es más, es fundamental la crítica en la academia. Luego, no se trata de que sean obstáculos. Me parece que algo que hace parte de la construcción de justicia es la crítica. Consideramos que los consultorios jurídicos han sido aliados estratégicos en la construcción de los procesos de paz, de los procesos de diálogo con diferentes actores y también en una visión de la justicia restaurativa, de una visión de la justicia que aporte no en lo retributivo, sino en la construcción y reconstrucción de los territorios.
El modelo funciona muy bien desde un escritorio de Bogotá, pero cuando se oyen las quejas y reparos del comisario que vino de un pueblo de Santander, se evidencia que algo está fallando.
Tiene usted toda la razón. Efectivamente, una de las políticas y de las estrategias del Ministerio de Justicia es hacer presencia en los territorios. Y el Ministerio de Justicia está impulsando convenios con las universidades, con las gobernaciones y con diferentes instituciones para hacer presencia en los territorios, fortalecer los mecanismos alternativos de solución de conflictos; fortalecer entre ellos, por ejemplo, los conciliadores en equidad; fortalecer el apoyo a las universidades, porque tenemos claro que la justicia se construye es desde los territorios.
Entonces, le hemos apuntado muy fuerte y en el tiempo que llevamos a tratar de construir las estrategias de justicia desde lo local, las rutas de acceso a la justicia desde lo local, porque son las necesidades de cada territorio las que deben marcar la ruta de acceso y no desde la Nación decir cómo se accede a la justicia.
Desde el primer día el presidente Gustavo Petro ha insistido en la fórmula de la Paz Total. Ya estamos en la recta final de su Gobierno y sigue habiendo sectores que se oponen tajantemente diciendo que por ahí no es la salida. ¿Ustedes se la van a jugar hasta el 7 de agosto de 2026?
Nosotros estamos convencidos que el conflicto necesita una salida dialogada. La reconciliación y el diálogo deben ser siempre la vía de escape. Por supuesto, sin abandonar la presencia militar del Estado y la necesaria intervención de la Fuerza Pública para controlar las situaciones de orden público que puedan ser problemáticas.
Pero hasta el último día estaremos siempre apuntándole a una salida negociada, a una salida del diálogo al conflicto y a la situación de violencia en general. El proyecto que se ha presentado a consideración del Congreso de la República ha tenido algunas dificultades, usted las conoce muy bien, pero nosotros como Ministerio de Justicia estamos absolutamente convencidos de la necesidad de ofrecer esa salida. Jugaremos y actuaremos siempre desde lo jurídico porque estamos convencidos de que esa es una necesidad que demanda la sociedad y no bajaremos la guardia hasta lograr que ese proyecto sea una realidad.
¿Usted qué les dice a aquellas personas que después de la reciente condena de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra siete excomandantes de las FARC (y 12 exmilitares), persisten en que los acuerdos de paz no tienen ninguna validez, que eso fue una sinvergüencería del Gobierno de Juan Manuel Santos y que hay impunidad?
Yo establecería dos diferencias, una lo que es el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías. Todo el sistema de la JEP y de la justicia transicional, que fue el producto de la negociación con las FARC, se elevó por un lado a acto legislativo, por el otro lado fue reconocido en el sistema ante Naciones Unidas, fue registrado como un acuerdo, como un compromiso de Estado, y su fuerza vinculante también ha sido reconocida por la Corte Constitucional, no solo como un acuerdo político sino porque se convirtió en normas con fuerza vinculante. Y en ese escenario podrá haber crítica, pero su fuerza normativa y su eficacia no están en discusión.
Ahora, el escenario de Paz Total o de Paz y Reconciliación Ciudadana que propone el Gobierno Nacional, va sin desconocer la fuerza de los Acuerdos de Paz, planteando unas estrategias de diálogo, de desmantelamiento, de dejación de armas de otras organizaciones, diferente al que es el proceso de la JEP. Es decir, son dos escenarios completamente distintos. El primero es un escenario de una jurisdicción especial, con un marco normativo y unas reglas especiales. Este segundo para mantener unos procesos de justicia transicional, de desmantelamiento y sometimiento, y de rebaja de penas para la protesta social, siempre dentro de la jurisdicción ordinaria, es decir, sin crear una nueva institucionalidad.
Y el mensaje es: avancemos y no nos detengamos en episodios que ya han sido superados, que ya han sido resueltos jurisdiccionalmente. Lo que necesita esta sociedad es avanzar y no quedarse en controversias de años y décadas pasadas.
