Por Juan Gonzalo Betancur B.
juango@unab.edu.co
La guerra es un monstruo dinámico, activo, que se transforma. Los
dos últimos dos años han significado un cambio en la manera en
que se desarrolla en el Nororiente colombiano. Así lo explica el reciente
informe del Observatorio Nororiental de Desarrollo y Derechos Humanos, que evaluó
el tema del conflicto armado y la crisis de derechos humanos en esta región
del país durante el primer semestre de este año.
“Hasta principios de 2003, la presencia de la guerrilla en los centros
urbanos más importantes revelaba una tendencia hacia la urbanización
de la guerra –dice el informe mencionado-. Sin embargo, estrategias militares
relativamente exitosas como la de Cundinamarca en el primer semestre de 2003,
las operaciones Holocausto y Patriota, paralelas al fortalecimiento de las autodefensas,
produjeron modificaciones importantes”.
El estudio del Observatorio, adscrito a la Corporación Compromiso, una
organización no gubernamental con sede en Bucaramanga, está recogido
en un libro de 168 páginas. Asegura que durante el primer semestre de
2005 continuaron en esta región las amenazas, asesinatos selectivos,
el hostigamiento, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores de edad y
las detenciones arbitrarias.
Por Nororiente de Colombia entiende la zona conformada por los departamentos
de Santander, Norte de Santander, Arauca y las regiones del Magdalena Medio,
Sur del Cesar y Sur de Bolívar.
Y afirma en forma categórica: “Muchas de las acciones de los grupos
armados ilegales y del Estado se han orientado a dificultar el trabajo de las
organizaciones sociales, especialmente aquellas dedicadas a la defensa de los
derechos humanos, la organización comunitaria y el ejercicio legítimo
del sindicalismo”. Es decir, continúa lo que se ha denunciado desde
hace varios años: el conflicto va más allá del ataque a
los enemigos históricos de cada bando y su objetivo es también
impedir la labor de organizaciones de la sociedad civil que alguno de los bandos
considera que lo afecta.
Cómo se mueven las fichas
Respecto a la situación de los últimos meses en el Nororiente
colombiano, el Observatorio destaca cuatro aspectos:
1. El incremento y consolidación de la presencia militar de las autodefensas
en las regiones del sur de Santander (municipios de Cimitarra, Landázuri,
Bolívar y El Peñón), el Sur de Bolívar, el Catatumbo
y el Área Metropolitana de Cúcuta, la parte ‘urbana’
de la Provincia de Soto en Santander (Bucaramanga, Suratá, Mesa de los
Santos, Piedecuesta, Girón, Rionegro y Lebrija), la Provincia de Pamplona
y algunas áreas que sirven como ‘corredor’ o sitio de paso
a los estados venezolanos de Apure, Táchira y Zulia.
2. La presencia de las autodefensas en los principales centros urbanos del
Nororiente como las áreas metropolitanas de Cúcuta y Bucaramanga,
Pamplona, Aguachica, Cimitarra, Landázuri y parte de Barrancabermeja.
3. “La incursión política de las autodefensas en procesos
electorales y penetración del narcotráfico en territorios y regiones”,
dice en forma textual el informe.
4. El repliegue de las guerrillas de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia) y Eln (Ejército de Liberación Nacional) hacia zonas
montañosas, en particular de la Serranía del Perijá, El
Cocuy, el piedemonte del macizo montañoso aledaño al Cocuy y la
Serranía de San Lucas.
Esta última situación venía de antes.
En su informe de este año sobre Colombia, la Alta Comisionada de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos expresa que “la evolución del
conflicto armado interno se caracterizó [dice refiriéndose a 2004]
por la consolidación de la fuerza pública en las cabeceras municipales
y el repliegue de las Farc y el Eln”.
El Gobierno Nacional asegura que ello se debe a la ofensiva de las Fuerzas
Militares, en particular con el Plan Patriota, iniciado en abril del año
pasado y que se constituye en la más grande operación militar
que haya iniciado el Estado colombiano en su historia. Aunque sus mayores operativos
se concentran en el sur del país, el comandante de la Quinta Brigada
del Ejército, brigadier general Édgar Ceballos Mendoza, comenta
que las acciones en todo el territorio nacional responden a dicha estrategia
para golpear a los grupos alzados en armas.
Hace tres semanas, la Fundación Seguridad & Democracia, dirigida
por el politólogo Alfredo Rangel, dio a conocer un estudio que compara
los tres primeros años del gobierno Uribe con igual período del
gobierno Pastrana. La conclusión es que el conflicto armado se intensificó
durante el presente mandato, pese a la sensación que tiene la ciudadanía
de aparente control por parte del Estado.
Según dicho estudio, las acciones de los grupos armados ilegales han
aumentado, así como la confrontación directa: por ejemplo, en
el trienio que va de Álvaro Uribe hubo 6.080 combates, casi el tiple
que en el mismo período de su antecesor.
Del terreno militar al político
El Observatorio Nororiental de Desarrollo y Derechos Humanos destaca que una
de las consecuencias más profundas de esta nueva realidad del conflicto
es la transformación de la distribución del poder político
en toda la región. Ello determinado por la presencia de las autodefensas
en las zonas urbanas.
Rafael Téllez Sánchez, coordinador de este Observatorio, afirma:
“En 83 de los 87 municipios de Santander hay influencia del paramilitarismo.
El problema es la red de poder mafioso en la política, en la administración
pública y la economía. Lo que se está jugando aquí
es la transformación de la naturaleza del Estado”.
El informe explica que los partidos liberal y conservador perdieron importancia
en esta parte del país, lo cual ha influido en el mapa electoral de los
municipios e, incluso, de departamentos enteros, como el Cesar: “Los candidatos
a alcaldías, concejos y asambleas en representación de territorios
con la presencia militar predominante de las autodefensas, terminaron por ceder
a las alianzas y presiones de este grupo armado”.
Según ese análisis, dentro de los partidos tradicionales hay
sectores que han llegado a acuerdos de gobernabilidad con las autodefensas.
“No se presenta un copamiento total de la ultraderecha armada hacia los
partidos tradicionales, pero sí tienen una marcada influencia”,
manifiesta el estudio.
En Santander, el grupo de autodefensas de mayor presencia es el Bloque Central
Bolívar, que tiene seis frentes actuando en el departamento.
El Observatorio señala de manera directa a Convergencia Ciudadana, grupo
político del actual gobernador de Santander, como relacionado con el
paramilitarismo. Esto dice el informe: “Los señalamientos más
fuertes de vinculación política electoral y de gobierno con los
paramilitares recaen sobre el movimiento Convergencia Ciudadana, liderado por
el senador Luis Alberto Gil, disidente del M-19, quien apoyándose en
un sector del Sindicato de Educadores de Santander (SES) logró estructurar
una sólida maquinaria política que combina administración
pública con los intereses empresariales de su grupo y que, según
se afirma de diferentes fuentes (Vanguardia Liberal, mayo 10 y abril
15 de 2005) cuenta además con la fuerza paramilitar de la región”.
Y anota enseguida: “Es tal el poder que ha logrado obtener con esta combinación
de fuerzas que en muchos casos ha liquidado electoralmente a los partidos tradicionales,
incluso cooptando algunos de sus miembros más representativos”.
Ante esto, el senador Luis Alberto Gil respondió, en declaraciones entregadas
al diario Vanguardia Liberal, que los votos de la zona de influencia
de las autodefensas en el Magdalena Medio no fueron para él: “Yo
no pude hacer campaña en Sabana de Torres, El Playón, Puerto Wilches,
Cimitarra, Puerto Parra ni en San Vicente porque no me lo permitieron. De todas
maneras, me parece altamente irresponsable que una Corporación que recibe
recursos internacionales haga este tipo de señalamientos, sin argumentos,
en momentos como estos. Es muy preocupante y delicado lo que dicen”, manifestó
Gil Castillo.
Independiente de este caso específico, las implicaciones de la relación
política-grupos armados ilegales afectan la gobernabilidad, es decir,
las condiciones favorables para la acción del gobierno, y debilita la
democracia.
Así lo advierte el estudio ‘La viga en el ojo – Los costos
de la guerra’, elaborado por el Programa por la Paz, de la Compañía
de Jesús: “Se ha identificado la aparición de clientelismo
armado en algunas regiones [no se refiere en específico al Nororiente
sino a todo el país], expresado en el ejercicio de un poder local que
controla las redes sociales; con lo que se cierran los espacios para la configuración
de una política dentro de los límites de un Estado moderno, donde
se diluye la diferenciación entre lo legal y lo ilegal”.
No cesaron las acciones de guerra
• 90 acciones bélicas contabilizó el Observatorio Nororiental
de Desarrollo y Derechos Humanos en el primer semestre del año en el
Nororiente del país: 67 combates, 9 casos de minas antipersona, 5 emboscadas,
5 ataques a objetivos militares, 2 bombardeos, 1 incursión y 1 bloqueo
de vía.
• Marzo fue el mes que más combates: hubo 15.
• Las Farc fueron el grupo armado ilegal más activo pues estuvo
vinculado a 36 combates, 6 casos de mina antipersona, 4 ataques a objetivo militar,
2 emboscadas, un bloqueo a vía y un bombardeo.
• Con el Eln hubo 15 combates, 14 con las autodefensas (organizaciones
que estaban en un cese al fuego por las negociaciones en Santa Fe de Ralito)
y uno con el Epl.
• Por departamentos, los combates fueron: 22 en Norte de Santander, 21
en Santander, 18 en Arauca, 4 en el Sur del Cesar y 2 en el Sur de Bolívar.
• Todas las acciones bélicas dejaron 233 víctimas: el Observatorio
supo con certeza que 167 fueron hombres, 6 mujeres y de 60 no hubo información.
• Las víctimas fueron: 99 en Arauca, 73 en Norte de Santander, 37
en Santander, 13 en el Sur del Cesar y 11 en el Sur de Bolívar.
