Comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y víctimas del conflicto de diferentes partes del país se reunieron en la Universidad UNAB para compartir sus experiencias en procesos de reparación. En este encuentro, que se desprende de una de las investigaciones del Instituto de Estudios Políticos (IEP), se discutieron los alcances y desafíos de estas acciones a casi nueve años de firmado el Acuerdo de paz.
El denominado Foro nacional: Intercambio de experiencias territoriales de reparación y restauración sirvió de escenario para exponer las buenas prácticas alrededor de algunos TOAR ( trabajos, obras y actividades con contenido restaurador-reparador) adelantados en varios departamentos según lo estipulado por la JEP, pero también para identificar los obstáculos que han entorpecido su ejecución.
Personas de 19 municipios, entre ellos Tolima, Caldas Casanare, Antioquia, Santander y Norte de Santander, participaron tanto presencial como virtualmente de este evento que hace parte del más reciente proyecto de investigación del IEP sobre justicia restaurativa, el cual busca analizar los TOAR que se han venido ejecutando en los Santanderes y hacer recomendaciones a la JEP para mejorar su efectividad en los territorios.
En el actual contexto de Colombia, en el que la violencia ha vuelto a manifestarse en zonas históricamente afectadas, este tipo de encuentros, que reúnen las perspectivas tanto de víctimas como de victimarios, recuerdan la necesidad de mantener viva la búsqueda de la paz. Así lo manifestó María Eugenia Bonilla Ovallos, directora del IEP, en sus palabras de apertura.
«En un país que ha vivido décadas de conflicto armado, reflexionar colectivamente sobre las prácticas de reparación y reconciliación no solo es una tarea urgente, sino también un compromiso ético con las víctimas, las comunidades, las futuras generaciones y con los firmantes de paz que se mantienen firmes en su apuesta por la reincorporación, el esclarecimiento de la verdad, la reparación del daño causado y la no repetición».
Desconocimiento del Acuerdo: enemigo para la paz
El foro se llevó a cabo en cuatro conversatorios. En el primero se hizo un balance de experiencias restaurativas desarrolladas en Santander y Antioquia, y se discutieron algunos retos que han enfrentado los comparecientes en dichas acciones. Para contextualizar el tema, Gladys Celeide Prada Pardo, jefe de la Oficina Asesora de Monitoreo Integral de la Secretaría Ejecutiva de la JEP, reveló algunas cifras.
2025 ha sido el año en que la Jurisdicción ha recibido más solicitudes de ejecución de TOAR desde la implementación del Acuerdo de paz. Entre enero y junio se han radicado 53 solicitudes cuando en promedio se recibían 21 por año. Los Santanderes son los departamentos que más han logrado realizar acciones de este tipo desde 2016 con un total de 85 entre ambas regiones.
Si bien estas cifras suponen avances, los comparecientes participantes, que llegan a los 4.010 según la JEP, han encontrado barreras en las instituciones locales para legitimar estos trabajos. Para Pastor Alape Lascarro, firmante del Acuerdo, estas trabas se producen por marcados intereses políticos, ponen en riesgo la seguridad de los comparecientes e impiden lograr lo que llama una justicia prospectiva que garantice la no repetición de los ciclos de violencia.
«El desafío más grande que tenemos en la implementación del Acuerdo de paz es que aún el país no tiene conocimiento de su alcance. Se va a hablar con el alcalde, con el concejal y no saben qué es, la visión que tienen es que es un acuerdo para la impunidad. Si nosotros firmamos el Acuerdo y cree el Estado que mandando fuerza pública al territorio va a resolver algo, vamos a seguir en las mismas condiciones. Se necesita que al territorio llegue realmente un estado que proteja derechos para que ningún ciudadano tenga que considerar que los defiende por mano propia».
En contraste, Goymer Gutiérrez González, víctima del conflicto involucrado en el proyecto restaurativo Horizontes Seguros en el municipio de Dabeiba, Antioquia, hizo una invitación a los gobiernos regionales para que den más apertura a estas acciones por considerarlas un camino para perdonar a sus victimarios y un aporte para volver a creer en el Estado.
«Para nosotros como víctimas es duro llevar el día a día con nuestras dificultades, pero también sabemos que para los firmantes reparar los daños causados a la nación no es fácil. Si tenemos la voluntad entre todos los colombianos de crear la paz y de luchar por ella, de poner nuestro granito de arena con el perdón y la reconciliación, es posible que llevemos a cabo este proceso y que podamos volver a creer en las instituciones que nos han violentado por décadas».
Aportes al campo desde la restauración
En el segundo conversatorio, se hizo énfasis en los denominados proyectos de sanciones propias que han desarrollado algunos firmantes en los Santanderes con sus propios recursos en la prioridad que tiene el bienestar de los campesinos para el planteamiento del Acuerdo. De acuerdo con el representante a la Cámara Jairo Reinaldo Cala Suárez, que tiene una de las 16 curules especiales de paz, una victoria sobre esto último fue el reconocimiento de los campesinos como sujetos de derecho y de especial protección lograda apenas en 2023.
«Nosotros firmamos el Acuerdo como un tratado que tiene como objetivo garantizar derechos a una sociedad que no los ha tenido: el campo colombiano, hombres y mujeres que por razones de pobreza se han tenido que dedicar a los cultivos de uso ilícito. Hemos planteado cómo este problema está íntimamente ligado a la exclusión, a la marginalidad, al desplazamiento, y a los distintos factores y actores del conflicto, partiendo desde el mismo Estado».
Los comparecientes Pedro Trujillo Hernández y Erasmo Traslaviña Benavides admitieron que las obras reparadoras son mecanismos que aportan a la solución de los conflictos en el campo, sin embargo manifiestan que la falta de respaldo y de apoyo económico de la institucionalidad entorpecen su impacto.
Trujillo Hernández, enlace territorial TOAR para la región de Santander y del Magdalena Medio, trabajó en una acción proyectada para el barrio San Martín de Bucaramanga en la que afirma que, aunque la Alcaldía aportó ciertos recursos, estos no fueron suficientes para lograr su totalidad. Situación similar ha vivido en otros municipios como Puerto Parra en los que, para ejecutar obras como mejoramiento de carreteras, debe acudir a colectas públicas.
«Hemos tenido que desarrollar estos trabajos con nuestro esfuerzo físico pero además con nuestro esfuerzo financiero. La mayoría de los TOAR realizados en Santander han sido por ‘vacas’ hechas por los comparecientes. Son muy pocas las experiencias en las que hemos tenido ese apoyo económico institucional. Aún así, los TOAR son nuestro compromiso con la verdad, estamos convencidos que la paz es el camino y nosotros podemos aportar mucho en eso».
La misma experiencia la ha tenido Traslaviña Benavides, que ha liderado muchos de los TOAR en la subregión del Catatumbo a pesar de las limitaciones. Entre sus acciones más destacadas están la construcción de una escuela en el ETCR (Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación) de la vereda Caño Indio, realización de placa huellas en el sector Taladro de la vereda Palmeras Mirador, y la reconstrucción de la escuela El Jordán de la vereda Chiquinquirá, todas zonas rurales del municipio de Tibú, Norte de Santander.
Contribuciones de la Fuerza Pública
El tercer conversatorio se centró en los aportes realizados por comparecientes de la Fuerza Pública y los mecanismos con los que se está garantizando su cumplimiento por parte de este grupo. En su intervención Julieth Tatiana López Arcos, coordinadora para la zona Santander y Magdalena medio de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), expuso la existencia de un programa de acompañamiento para miembros activos y retirados.
En palabras de López Arcos, de los 300 comparecientes registrados en Santander, 58 ya hacen parte de este programa el cual busca que logren realizar TOAR anticipados que cumplan con lineamientos de la JEP. Para Paulino Coronado Gámez, exgeneral del Ejército Nacional y compareciente, una de las principales motivaciones para contribuir a la paz es no entregar la sociedad como la recibieron: fragmentada por el conflicto.
«Estas acciones nos han permitido reconciliarnos con nosotros mismos, nos sentíamos afectados por el impacto causado a las comunidades de las que teníamos que fungir como garantes de su integridad. Todo esto nos ha llevado a restaurarnos a nosotros mismos y partir del proceso de reparación con las víctimas. Ese impacto ha trascendido más allá de los TOAR porque las víctimas han hecho un reconocimiento del trabajo y eso nos lleva a continuar trabajando con ellos.»
Mirada de las víctimas a la reparación
En el conversatorio final las víctimas tuvieron su espacio. Los participantes manifestaron la necesidad de afianzar la colectividad en el desarrollo de las acciones para mejorar su impacto y resaltaron como crucial la continuación de esfuerzos de este tipo en zonas como la del Catatumbo.
«Los TOAR son de mucha importancia para las víctimas, pero también para firmantes y comparecientes. Desde ese punto de vista, no se pueden quedar en ser iniciativas de orden individual, tienen que ser de un sentido colectivo donde haya una construcción más incluyente y participativa que permita accionar ante las víctimas la reparación del daño», afirmó Orlando Burgos García, coordinador de la Mesa Departamental de Participación Efectiva de Víctimas de Santander.
«Nosotros estamos con la idea de ayudar, de buscar la paz y la reconciliación, porque somos el centro del Catatumbo. Esta visibilidad es muy importante porque es lo que anhelamos, como líder anhelo que en el Catatumbo haya paz, porque hay muchos jóvenes que los reclutan forzadamente por falta de educación y de recursos. Somos un pueblo que lucha por conservar su territorio porque así conservamos nuestros saberes y cultura», expresó Yeison Andrey Dora Dora, líder de la comunidad Bakuboquira del resguardo Catalaura de Tibú.
La investigación liderada por el IEP de la UNAB, desde la que se desarrolló este foro, es financiada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias), y su ejecución se realiza en alianza con la Universidad Francisco de Paula Santander – Seccional Ocaña (UFPSO), el Instituto (CAPAZ), la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la Gobernación de Santander, el Centro Latinoamericano del Propósito (CLAP) y la Red de Mujeres del Catatumbo. Puede revivir el encuentro en el siguiente video:
