Llegó la hora de las víctimas

Sep 22, 2008 | Institucional

Por Pastor Virviescas Gómez

¡Espanto! Eso es lo que siente Sergio Caramagna, jefe de la Misión de Apoyo de la OEA al Proceso de Paz en Colombia, cuando escucha a un desmovilizado reconocer que tan sólo en Buenaventura (Valle del Cauca) los paramilitares son los responsables de más de 1.000 asesinatos y que por los testimonios de los comandantes encarcelados se ha podido establecer la autoría de 6.000 homicidios que permanecían en la total impunidad.

Así se lo confesó a Vivir la UNAB el experto argentino, después de asistir el pasado 12 de septiembre a la conferencia ¿Verdad, justicia y reparación¿, en la que estuvo acompañado por Eduardo Pizarro Leongómez, director de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR.

La charla fue organizada por la Facultad de Derecho y el Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNAB, para que los santandereanos celebraran el Día Nacional de los Derechos Humanos.

Al evento realizado en el Auditorio Mayor ¿Carlos Gómez Albarracín¿, asistieron cerca de 350 estudiantes y una docena de profesores, que escucharon con atención, asombro y angustia los resultados y situación actual del proceso de desmovilización de 31.000 paramilitares que entregaron 18.000 armas.

Pizarro Leongómez, veterano profesor de la Universidad Nacional y hermano del asesinado candidato presidencial del M-19, Carlos Pizarro Leongómez, hizo un pormenorizado balance de las tareas a cargo de la CNRR y recalcó que ¿hoy no es posible resolver conflictos armados ni superar dictaduras militares sin reconocer los derechos de las víctimas a verdad, justicia y reparación¿.

Víctimas que hace 20 ó 30 años no existían en la conciencia universal, porque el descubrimiento de la víctima como portadora de derechos es una idea reciente en el mundo a pesar de que fue lentamente germinando desde el nacimiento del Derecho Internacional Humanitario a partir de la creación de la Cruz Roja Internacional en 1864.

De los juicios a criminales de guerra de Nüremberg (Alemania) y Tokio (Japón) -tras la Segunda Guerra Mundial-,  pasando por la Comisión de la Verdad de Argentina -que estableció los horrores cometidos por los militares-, y los informes ¿Nunca más¿ de Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia y Guatemala, entre otros países, sin saltarse la creación en 2002 de la Corte Penal Internacional (CPI), Pizarro entró al terreno colombiano haciendo énfasis en el derecho fundamental que tienen las víctimas a la verdad histórica (contextualización de lo que pasó), complementada indispensablemente por la verdad judicial que permite determinar las responsabilidades individuales; escenario que no se dio en Chile, por ejemplo, donde el criminal Augusto Pinochet se autoamnistió en 1988 antes de entregar el poder.

Nadie preguntó dónde estaban las víctimas, dijo Pizarro, cuando se firmaron las leyes de amnistía del dictador Gustavo Rojas Pinilla (1953) o de los presidentes Alberto Lleras Camargo (1958) y César Gaviria Trujillo (1990).

¿Las víctimas las descubrimos los colombianos hace muy poco tiempo, pero el mayor logro que hemos tenido es que las hemos visibilizado y puesto en la agenda pública nacional los derechos de las víctimas y esto es irreversible, tengamos éxito o fracasemos¿, señaló Pizarro.

Tarea en la que el director de la CNRR pidió el acompañamiento de alumnos, profesores y decanos de la UNAB, sin distingo del programa de estudios, porque la solución debe provenir de todos los colombianos.

Luego sí hizo un balance de luces y sombras, en el que destacó como avance la elaboración de un marco conceptual en la definición de víctima en la experiencia colombiana, ¿porque en cada país las formas de victimización cambian y no son lo mismo en la guerra civil de Sierra Leona (África) donde la mayoría de las víctimas son cien mil hombres jóvenes a quienes les cortaron las manos para impedir que pudieran empuñar las armas en una guerra étnica, o en Argentina, donde fue la detención arbitraria y la desaparición forzada¿.

En Colombia, precisó, estas formas fueron el desplazamiento forzado, la desaparición, el secuestro, las minas antipersona, los delitos sexuales contra la mujer y el reclutamiento forzado de niños.

También se refirió a los logros en materia de reparación, aunque se preguntó: ¿¿cómo se puede reparar a un hijo o un padre asesinado?¿ Y si este interrogante no fuera suficiente, continuó: ¿¿se repara con una indemnización económica?, ¿la vida tiene precio?, ¿se puede reparar a una madre por su hijo con un cheque de veinte mil dólares?, ¿cómo se repara el dolor causado?¿.

Preguntas a las que sumó cuatro más: ¿qué pasó?, ¿por qué pasó?, ¿quiénes son los responsables? y ¿cómo evitar que se repita en el futuro?

Un primer fruto de esa memoria histórica que reclama el país es el libro recientemente editado sobre la masacre de 342 personas en Trujillo (Valle del Cauca) por parte de los paramilitares con la ayuda de agentes estatales, aunque está pendiente la verdad judicial.

Eduardo Pizarro manifestó que debido a la persistencia de la violencia en Colombia ¿muchas víctimas tienen temor de hacerse visibles¿, pero en cifras frías y duras aseveró que hay registro de 170 mil víctimas en la Fiscalía General que se han hecho partícipes de la Ley de Justicia y Paz y dos millones 400 mil víctimas de desplazamiento forzado en las planillas de Acción Social, cantidad que es rebatida por organizaciones no gubernamentales que dicen que se acerca a los cuatro millones.

¿Las víctimas en Colombia fueron fundamentalmente de zonas rurales y el 90 por ciento de los estratos socioeconómicos cero y uno¿, lo cual condiciona, según Pizarro, el proceso de reparación.

Explicó que la víctima promedio en Colombia es una mujer, madre cabeza de familia -porque de cada 12 personas asesinadas en Colombia 11 eran hombres y entonces los sobrevivientes de este largo conflicto armado son mujeres y niños-, desplazada por la violencia, que perdió sus bienes, de estrato socioeconómico bajo, que no terminó la primaria y que tiene ingresos entre uno y dos salarios mínimos.

Víctimas todas que según la política de reparación integral deben hacer el tránsito a ciudadanos, reconstruyendo su vida con no sólo una indemnización económica sino permitiéndoles el acceso a educación, salud y vivienda social.

Víctimas que abandonaron cuatro millones de hectáreas (la mitad del territorio de un país como Suiza), de las cuales 1,2 millones siguen en manos de actores armados ilegales, no sólo paramilitares sino también las Farc, y de ¿élites regionales que se enriquecieron en el desorden, que les fueron comprando a las viudas detrás de los grupos que iban amenazando y expulsando a la población¿.

Panorama oscuro al que se suma que muchos bienes de la población desplazada están siendo ocupados por ¿pobres iguales de pobres¿. Entonces, afirmó Pizarro, ¿si expulsamos a estos ocupantes para restituirles los bienes a los legítimos dueños, estamos generando otro conflicto social¿.

Situación compleja que ha puesto a la CNRR en la búsqueda de tierras adecuadas para la población que está ocupando esas propiedades abandonadas. Con la advertencia de que si no se comienza ya mismo la política de restitución de bienes, esperando a que termine el conflicto y comience el retorno de los desplazados a sus zonas de origen, encontrando sus bienes ocupados, ¿vamos a tener nuevos ciclos de violencia, como ocurrió en Mozambique¿. Por esa razón, su meta es arrancar en firme con la política de restitución de bienes en el primer semestre del año 2009.

Mientras Pizarro menciona la creación de las unidades de Justicia y Paz de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, y se siente orgulloso por la conformación del Comité Interinstitucional de Justicia y Paz, que coordina todas las agencias del Estado encargadas de adelantar esta política de atención a las víctimas superando los egos burocráticos e institucionales, él y los miembros de la CNRR están preocupados por el crimen de diez víctimas que han estado ligadas a la lucha por la devolución de bienes.

A este factor que les hace temer sobre el futuro del proceso, Pizarro les adiciona la creciente ola de amenazas a víctimas y la conformación de 18 ¿bandas criminales emergentes¿, compuestas por unos 2.000 hombres armados, que pueden estar siendo utilizadas para impedir que las víctimas accedan a sus derechos. Por lo que le pide con vehemencia a la Policía y el Ejército, algunos de cuyos miembros en el pasado se hicieron los de la ¿vista gorda¿, que ¿estas bandas sean combatidas con mucho rigor porque pueden poner en peligro los derechos de las víctimas y su capacidad de acceder a Justicia y Paz¿.

Las víctimas ya no tendrán que esperar a una reparación por la vía penal, que se puede demorar diez o quince años, sino por la vía administrativa, lo que permite que los colombianos que tienen miedo a confrontar a sus victimarios obtengan la reparación sin necesidad de una sentencia judicial. 

Las víctimas de Chile y Argentina fueron reparadas con los impuestos de los ciudadanos. Eduardo Pizarro alberga la esperanza de que el esfuerzo económico de los colombianos no sea el determinante, ¿sino que podamos reparar con los bienes de los victimarios¿, pero sólo cuenta en sus arcas con 12 mil millones de pesos y una cifra veinte veces más alta de bienes que se encuentran en el Fondo de Estupefacientes haciendo el tránsito de extinción de dominio al fondo de reparación, con lo cual el monto llegaría a 250 mil millones de pesos a finales de 2008, mientras prosigue la investigación a los testaferros de los paramilitares, mapa en el que está incluido el departamento de Santander.

Una Colombia en la que hasta el momento se han localizado 1.400 fosas comunes. Un país de ferias y fiestas en el que decenas de niños llevan cuatro años sin hablar porque vieron matar a su padre o violar a su madre, e intentan reponerse miles de mujeres que fueron violadas sistemáticamente por los paramilitares que convirtieron sus cuerpos en parte del campo de batalla y vieron en ese crimen una forma de humillar a la comunidad. Un territorio de más de un millón de kilómetros cuadrados en el que el conflicto armado interno no ha cesado, haciendo de Colombia el tercer país con más minas antipersona del mundo, después de Camboya y Angola, aunque el primero por el número de víctimas.

Pero también una Colombia en la que la Oficina de la CNRR en Santander -dirigida por el profesor de la UNAB, David Augusto Peña-, es considerada la experiencia más exitosa, con avances excepcionales, merced a la conformación de una red regional de atención a víctimas con la participación 110 compromisarios, entre universidades, empresa privada, organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos y organismos del Estado.

De ahí la invitación de Eduardo Pizarro a la creación de un Museo de la Memoria en Santander, con la participación de la UNAB, dentro de la perspectiva de cómo conocer la verdad para que no se repita. Y su llamado a que los psicólogos ayuden a la atención psicosocial de las víctimas; los abogados al acompañamiento judicial; los administradores y economistas a la generación de proyectos productivos sostenibles para que la población desplazada pueda reconstruir su vida… Todos, sin excepción, porque del éxito de esta política de atención a las víctimas, dijo Pizarro, dependerá una sociedad más reconciliada y ¿vamos a poder cerrar las heridas con más rapidez¿.

Nota de la Redacción: Por considerarlo de interés para todos nuestros lectores, Vivir la UNAB publicará en la siguiente edición la segunda parte de esta mirada al conflicto armado interno colombiano, en la que tomará la palabra el jefe de la Misión de la Organización de Estados Americanos, OEA, Sergio Caramagna.

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