Los 240 asistentes al Auditorio Jesús Alberto Rey Mariño pudieron escuchar las perspectivas de seis expertos en la concepción, aplicación y desafíos del Derecho Concursal, la insolvencia y la recuperación de las empresas en crisis.
Desde el comienzo del Seminario organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad UNAB, la Maestría en Derecho y la Superintendencia de Sociedad, la decana Elisa María Martín Peré recalcó que es indispensable comprender que el régimen de insolvencia no debe ser concebido exclusivamente como un mecanismo de liquidación, sino como una herramienta jurídica de intervención temprana, diseñada para permitir la recuperación de empresas viables, proteger el empleo y salvaguardar el tejido productivo del país.
“Más allá del marco legal, la efectividad de este régimen depende de múltiples factores: la capacitación de los jueces y promotores, el acceso a información financiera veraz, la disposición de los acreedores a negociar, y el entorno económico en el que opera la empresa en crisis”, dijo, señalando que la pandemia de covid-19 y las reformas introducidas a través del Decreto 560 de 2020 pusieron de manifiesto la necesidad de contar con mecanismos más ágiles para atender situaciones de emergencia empresarial.
En su opinión, recuperar una empresa en crisis implica más que ajustar balances o renegociar pasivos: requiere comprender la dinámica del negocio, sus capacidades operativas, sus relaciones laborales y contractuales, y su potencial de reactivación, razones por las cuales el Derecho Concursal debe ser interdisciplinario, preventivo y estratégico.
Sobre la reforma al régimen legal de insolvencia de la persona natural con la Ley ‘Chao Deudas’ y otros aspectos relacionados, el exsuperintendente César Ucrós Barrós manifestó que la Ley 2437 de 2024 que reincorporó al ordenamiento jurídico los decretos legislativos 560 y 772 de 2020 –dictados durante la pandemia y como resultado de la emergencia económica– es trascendental para los comerciantes que tienen activos inferiores a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Afirmó también que resulta clave la Ley 2445 de 2025, expedida el 11 de febrero de este año y de la que es su autor, al incorporar al régimen a los pequeños comerciantes que tienen activos inferiores a 1.000 smmlv sin contar su vivienda ni su vehículo de trabajo, abriéndoles la posibilidad (sin excluir la insolvencia empresarial) de acogerse más bien a la de persona natural no comerciante. “Son muchas modificaciones que facilitan los acuerdos y también la liquidación cuando estos no son posibles. Otro logro es que se promueve la confianza de los acreedores en la figura”, subrayó.
En cuanto a los aspectos críticos, aseveró que “hay un punto muy importante en todo el país que es la responsabilidad penal de los administradores de las sociedades comerciales cuando se ven en la imperiosa necesidad para poder seguir dándole oxígeno a su empresa de no hacer los traslados por retenciones de IVA o Retefuente a la DIAN y no solamente tienen una responsabilidad civil, lo cual ha llevado a la cárcel a muchos empresarios honestos y decentes que se han visto en la situación de trasladar esos recursos o pagar a los trabajadores o a los proveedores, lo cual ciertamente no se ajusta a la Ley pero que una sanción penal en esa materia, que viene desde bastante tiempo atrás, es en extremo rigurosa y por qué no decirlo injusta”.
Según las cifras analizadas por la consultora y docente Diana Rivera Andrade, en el “Atlas de Insolvencia” (elaborado por la Supersociedades) hoy Colombia registra 5.103 procesos, de los cuales Bucaramanga reporta 633 (12,40 %), distribuidos así: 391 en acuerdo de ejecución, 122 liquidaciones y 120 reorganizaciones en trámite. Llamó la atención que el 98,42 % de los procesos de esta seccional corresponde a pequeños comerciantes o sociedades, correspondiendo con la realidad económica mundial y, por supuesto, con la nacional (ya que cerca del 97 % de las empresas en este país son micro y pequeñas).
Por su parte, Marcela Ogliastri Barrera, exintendente de Sociedades local y primera juez de insolvencia por allá en 1995, aseveró que la esencia del proceso de reorganización no es judicial, así se haya tenido que hacer como consecuencia de las objeciones y de la falta de conciliación que debe haber previa para la negociación. Expresó su preocupación por que “nuestros jueces no están capacitados para atender tantos casos de insolvencia y no tienen tiempo para atender estos asuntos”. Celebró que su idea de realizar este evento académico haya sido acogida por la Universidad UNAB.
A su turno, Fabio Gerardo Martínez Ruiz, intendente de Sociedades de Bucaramanga, resaltó como balance de la jornada que este encuentro de la academia con la entidad estatal e incluso con despachos de asesoría legal, “es valioso para sembrar inquietudes y hacer visible que la concursalidad y la crisis que le da origen se están moviendo al tiempo que se está moviendo la economía, y entonces siendo una materia no acabada debe permanentemente venir a la universidad para abrir espacios de discernimiento y plantear interrogantes que es desde aquí que deben resolverse”.
“La concursalidad está más vinculada al arreglo directo, a los acuerdos entre partes y a desjudicializar los temas, entonces queda abierta la invitación a que se haga de este tema una apropiación por parte de las universidades y lo vinculen al proceso formativo de los nuevos profesionales no solo del Derecho, sino también de las áreas administrativas y financieras”, sostuvo Martínez Ruiz.
En esa misma línea habló la decana Martín Peré, quien dijo que espacios como este seminario son fundamentales para fomentar el cambio de enfoque y construir una visión formativa que responda a las complejidades del entorno empresarial colombiano, ya que como académicos y profesionales del Derecho su deber es seguir promoviendo una cultura de la recuperación, que entienda la insolvencia no como un fracaso, sino como una oportunidad de transformación.
Por último, el docente Fabián Díaz Hernández anunció que la Universidad UNAB y la Supersociedades finiquitarán los detalles para ofrecer el Diplomado en Insolvencia Económica, que sería pionero en la región.
