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Preocupante situación de derechos humanos

Oct 15, 2006 | Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda
csilvera@unab.edu.co
El social es uno de los aspectos neurálgicos pues el desempleo supera 20% y el subempleo está cercano al 35%; de cada 100 habitantes de la región Nororiental aptas para trabajar, 20 están desempleadas y 35 trabajan en condiciones de laborales por debajo de las justas.

“A pesar de los convenios internacionales (…) en materia de derechos económicos, sociales y culturales éstos no están garantizados para la mayoría de la población”.

Así quedó manifiesto en un informe elaborado por la Corporación para el Desarrollo del Oriente, Compromiso, en el cual se presentan hechos ocurridos entre enero y junio de 2006 en la región Nororiental del país, que comprende el departamento de Arauca, Sur de Bolívar, Sur de Cesar, Norte de Santander y Santander.

El documento fue presentado, ante la ciudadanía y medios de comunicación nacional en el marco de la Semana por la Paz y el Día Internacional de los derechos humanos, en septiembre pasado.

El educativo es otro de los factores de preocupación ya que, según Compromiso, en Colombia 3 millones de menores están por fuera de las aulas.

“La preocupación por cumplir metas de cobertura en educación y salud, sin aumentar en la proporción necesaria los recursos, ha conllevado al desmejoramiento en la calidad de vida (…)

“En el país hay 800 mil hogares sin vivienda y cerca de 17 millones de personas están sin posibilidades de acceder al sistema de salud, 25 millones de pobres y 11 millones de indigentes”.

Actores armados, atenuantes de la crisis
“Persecución de procesos de organización, movilización y liderazgo comunitario, social y político, (…) la falta de garantías para que las comunidades, líderes y organizaciones puedan promover, defender y exigir libremente sus derechos, la débil respuesta del Estado ante las múltiples violaciones y las sistemáticas amenazas a los entes promotores de derechos humanos”, dice el informe, son características de ese clima de angustia que vive la población en la región Nororiente, como consecuencia de la presencia de actores armados ilegales.

Según fuentes consultadas por Compromiso, las Auc son responsables de 8 infracciones al DIH, el Ejército de 16, el Eln de 11y las Farc de 25 casos. Otros grupos armados -de los cuales no se estableció el nombre- fueron responsables de 25 violaciones al Derecho Internacional Humanitario.   

Una de las situaciones de violencia que más víctimas generó fue el desplazamiento forzado interno, violación fragante al DIH.

De acuerdo con lo expresado por el Observatorio de la Corporación, se registraron 6.318 víctimas, de las cuales 5.028 son de Arauca.

Esta región fue “escenario de enfrentamientos entre diferentes grupos armados ilegales y confrontaciones de éstos con el Ejército Nacional, situación que, entre enero y junio de 2006, generó varios desplazamientos masivos”, explica el informe.

Otras zonas con altos índices de violaciones al DIH, en su gran mayoría por el desplazamiento forzado, fueron el Sur de Bolívar donde hubo 612 víctimas, en Norte de Santander (653), Sur del Cesar (3) y en Santander (22 víctimas).

Así mismo, el Observatorio Nororiental de Derechos Humanos determinó que, durante el primer semestre de 2006, la presencia de hechos como detenciones masivas y arbitrarias, hostigamientos, amenazas y asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, hacen que se catalogue la situación de los derechos humanos como “crítica”.

Allí se registraron 39 hechos de violación a los derechos humanos que dejaron como resultado 84 víctimas (42 hombres, cinco mujeres. En 37 casos no se logró establecer el género de la víctima).

El Observatorio logró establecer como responsables de los 39 hechos a: la fuerza pública -Policía- en 20 casos, el Ejército Nacional de 12, el DAS de dos, la Sijin y el CTI de un caso cada una.

“Otros organismos del Estado, -de los cuales no se suministró el nombre- fueron responsables de cuatro situaciones violatorias a los derechos humanos y del DIH”, dice el informe.

Disminuyó la calidad del tejido social
Según el documento, la situación de violencia y delincuencia en la región se agudizó como consecuencia del control que han venido ejerciendo miembros desmovilizados de grupos paramilitares sobre varios sectores de la economía ilícita (gasolina robada, tráfico de alucinógenos) y la lícita (venta de chance y juegos de azar).

También han realizado inversiones, según Compromiso, “en negocios de empresas que la Gobernación ha privatizado y en las obras de infraestructura contratadas por las administraciones públicas”.

La zona Nororiental posee una posición geoestratégica, “gracias al gran potencial de riquezas mineras, energéticas y al desarrollo de proyectos agroindustriales en palma de aceite, caucho y ganadería, aspectos que convierten a la región en un bastión sin igual para grupos paramilitares”.

Todo lo anterior ha sido posible porque en el área metropolitana se han radicado aproximadamente 1.600 desmovilizados de los bloques Catatumbo y Central Bolívar, “gran parte de los cuales se han ubicado en la periferia, y, por medio de la conformación de empresas de seguridad, ofrecen vigilancia y realizan el control de esas zonas.

“De la misma manera, buscan manipular el negocio de las ventas de alucinógenos, promueven la prostitución infantil, a la vez que se muestran como los que pueden garantizar la seguridad y, además, realizan ‘limpieza’ de personas indeseadas”, dice el documento.

De igual forma, el informe señala que los niveles de conflictividad en el Área Metropolitana han aumentado ostensiblemente al punto que los califica como “alarmantes”.

Los sectores que más incremento han registrado en este aspecto son los de mayor pobreza, marginalidad y exclusión: Comunas 1, 2, Comuna San Francisco, Comuna del Centro; en Floridablanca: Comuna 8 (La Cumbre y El Carmen) y Comuna 4 son las más afectadas en su tejido social.

Para salir del conflicto, todos somos protagonistas
Corporación Compromiso, por medio del informe, hace un llamamiento a las partes en el conflicto para que respeten y acaten las normas del DIH, así como para que no vinculen a la sociedad civil en el conflicto armado.

Asimismo, insta a la organizaciones de sociales, a los gremios, partidos políticos, medios de comunicación y a la ciudadanía en general a sumarse contra la guerra, y a la comunidad internacional para que ejerza la veeduría al procesos de desmovilización de los paramilitares.

De igual forma, convoca al gobierno nacional “a hacer pública la agenda de negociación con los actores armados y a que se castigue a quienes hayan cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad”.

Igualmente, solicita al gobierno y a los actores armados no escatimar en esfuerzos para que “den inicio a un proceso de diálogo para poner fin al conflicto y lograr un nuevo pacto de reconciliación nacional”.

Defensores y promotores de organizaciones sociales, en la mira
El informe se presentó en el marco de las denuncias del director en España de Amnistía Internacional (AI), Esteban Beltrán, quien aseguró que hay una "estrategia coordinada" para frenar la labor y desacreditar el trabajo de estos activistas con la finalidad de crear un clima de terror y disuadirlos de su actividad.

Al mismo tiempo, instó al gobierno del presidente Uribe Vélez a hacer público su “firme apoyo” a los defensores de derechos humanos.
Según el funcionario, del organismo que trabaja por el respeto de los derechos humanos en 160 países, “hay pruebas sobre declaraciones al más alto nivel del Estado y de las Fuerzas Armadas contra los defensores, tildándolos de subversivos al servicio de la guerrilla. Estas declaraciones afectan el trabajo (de los activistas) y pueden dar lugar a que las fuerzas de seguridad los ataquen”, explicó Beltrán.

Muestras de hostigamientos, amenazas de muerte, investigaciones montadas, testigos pagados y asesinatos fueron algunos de los ejemplos, obtenidos tras una investigación que realizó AI durante 4 años.

En ese mismo sentido se pronunció Luz Marina Monzón, miembro de la Comisión Colombiana de Juristas, quien declaró que en Colombia hay “más de 10 organizaciones de derechos humanos que tienen medidas de protección para desarrollar su tarea”, aseguró.

 

El 11 de octubre se realizó, en la sala de audiencias de la Universidad Autónoma de Bucaramanga  (UNAB), el foro “El desplazamiento forzado y su gente, reflexiones desde la academia”, convocado por el Instituto de Estudios Políticos IEP de la UNAB y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (Acnur).

El evento contó con la presencia de la Defensora Regional del Pueblo, Ana Felicia Barajas y el vicerrector administrativo de la UNAB, Alfonso Gómez. En la jornada, el periodista César Baeza presentó su exposición “Viviendo, fracciones del desplazamiento y su gente”, una serie fotográfica que pretende ponerle rostro a la tragedia que sólo en el área metropolitana padecen 41 mil personas.       

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