Un país en el que hasta el pasado mes de marzo y desde mediados de los años sesenta del siglo XX se habían registrado más nueve millones de víctimas –siete millones de ellas objeto del desalojo o de desplazamiento forzado–.
De esa Colombia desangrada y con tantas heridas abiertas fue que trató la tertulia “La memoria histórica en el Estado Social de Derecho”, llevada a cabo el 29 de abril por el Programa de Derecho y el Círculo de Lectura Excélsior de la UNAB.
La actividad transmitida por Facebook tuvo como invitado a Rubén Darío Acevedo Carmona, director desde hace dos años del Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh), bajo la moderación de la docente Sandra Yaneth Páez Leal. Se habló de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, de victimarios y víctimas, de construcción de mecanismos de perdón de parte y parte, así como de la imperiosa necesidad de recuperar esa memoria individual y colectiva no solo con el fin de reparar económicamente a quienes sufrieron los rigores del conflicto armado interno, sino también brindarles una oportunidad para sanar desde lo físico y lo psíquico, para que mediante la restitución de tierras retornen a sus comunidades de donde un día los sacaron a punta de fusil los grupos paramilitares, los movimientos subversivos o “algunos agentes del Estado” –léase unidades del Ejército, Policía, Armada y Fuerza Aérea, así como autoridades civiles– involucrados en este torbellino de barbarie.
Advirtiendo que aunque van diez años en esa labor se necesitará más tiempo para vencer la amnesia y el silencio, Acevedo Carmona manifestó que “el peligro de olvidar puede llevar a que se repitan esos hechos”. Por ello y aunque resulte sumamente doloroso, es indispensable reconstruir la memoria que posibilite hacer catarsis, dijo.
Elaborando un recuento desde el Frente Nacional, la lucha entre conservadores y liberales, el nacimiento de guerrillas y paramilitares con Santander y el Magdalena Medio como eje, los efectos del narcotráfico y los cambios generados por la Constitución de 1991, Acevedo Carmona enfatizó que “el uso de la violencia política solo produce tragedias humanitarias de gran envergadura, y no es recomendable buscar los cambios en una sociedad a través de las armas y mucho menos cuando se afecta a la población civil”.
Suscritos en 2016 los acuerdos de paz entre Gobierno y Farc, y a pesar de los evidentes avances, hoy además de los cientos de desmovilizados y líderes sociales acribillados, Colombia afronta –en palabras de Acevedo– al menos cinco conflictos armados en los que están involucrados disidencias de las Farc, el grupo “Nueva Marquetalia”, Eln, Epl y el Estado mismo.
Eso sin plantear la enorme dificultad que representa el que haya adultos pero también estudiantes que tilden de elucubraciones toda esa lista interminable de atentados, torturas, violaciones, desapariciones, secuestros, reclutamiento de menores, asesinatos, ‘falsos positivos’ y masacres –ahora llamados “homicidios colectivos”– cometidas principalmente contra una población civil inerme que no se cansa de clamar justicia, mientras la impunidad se pavonea.
