Por Marcela Vargas Cabrera
mvargas5@unab.edu.co
Hace un año, Santander era todo un caos. Fue declarado zona de calamidad pública tras la catástrofe ocurrida entre el 9 y el 12 de febrero: 8.934 familias damnificadas, 98 heridos, 44 muertos, pérdidas por más de 250.000 millones de pesos; destruidas 10.300 hectáreas de plátano, arroz, aguacate, café, cacao y maderables; 7.001 viviendas inservibles y 1.162 averiadas en zonas urbanas y rurales.
Ante la magnitud del desastre no sólo aquí sino también en Tolima, Huila y Norte de Santander, el Gobierno Nacional destinó 72.000 millones de pesos para generar soluciones, de los cuales $55.747 millones fueron para Santander. Estos recursos se sumaron a otros aportes de entidades públicas y privadas.
A diciembre de 2005, 22 de los 23 municipios afectados se encontraban aún preparando o ejecutando proyectos de vivienda de interés social.
En declaraciones dadas en diciembre pasado a 15, Joaquín Moreno Uribe, delegado presidencial para la Coordinación para la Reconstrucción de los Santanderes, reconoció que los avances no eran los que se querían: “Nos tomó mucho tiempo la búsqueda de terrenos por la formación geológica de la zona y por la especulación en el valor que han hecho los propietarios; también ha habido demoras en la concreción de acciones y en su coordinación”.
Desde la renuncia de Moreno Uribe en el mismo diciembre, quien se retiró por motivos personales, aún no se ha nombrado al nuevo delegado presidencial. Voceros de la Reconstrucción de los Santanderes informaron que el cargo podría ser asumido por el Obispo Auxiliar de Bucaramanga, monseñor Juan Vicente Córdoba.
Bucaramanga
ya inició las casas
Aquí, los proyectos de vivienda estuvieron retrasados el año anterior pero ya se establecieron los sitios donde se edificarán: los afectados serán reubicados en terrenos cercanos al barrio Café Madrid.
En total son 4 lotes en los que se pretende construir viviendas de interés social que sustituyan las 2.372 destruidas. En diciembre se iniciaron las primeras labores de construcción de 226 casas, en el lote Ingeser, donado por la empresa Bavaria.
Hoy, Bucaramanga cuenta con dineros del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) y del Fondo de Regalías para hacer 2.226 casas en los 3 lotes restantes.
Girón sigue retrasado
Éste fue el municipio más afectado con 3.280 familias damnificadas, 86 heridos, 10 muertos y pérdidas materiales millonarias en las 2.700 viviendas destruidas y 580 averiadas. Aún así, continúa como el más atrasado en las soluciones: aún busca terrenos para la reubicación y construcción de la ciudadela Nueva Girón, que pretende edificar 2.234 casas. Sólo cuenta con un lote para 1.600.
El penúltimo informe de avance de reconstrucción y atención a damnificados (el último saldrá esta semana), del 15 de diciembre, justifica así el retraso: “Cuando se consideraba superado el escollo de los lotes, estos tenían unas afectaciones de carácter geológico y/o hidrológico que impedían desarrollar los proyectos”. A eso se sumó el cambio en la administración municipal el año pasado, cosa que afectó bastante el proceso.
Hay plata en peligro
de perderse
Según ese informe, se estima que para este mes ya se tenga el terreno para los otros damnificados, se apruebe el proyecto de vivienda por parte de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) y que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante el Fondo Nacional de Regalías y Fonvivienda, asigne el dinero para iniciar las obras en marzo, pues los recursos se pierden después de esa fecha.
Aunque el Ministerio asegura que 25.000 millones de pesos fueron destinados para Girón desde marzo de 2005, el dinero no podrá desembolsarse si el proyecto no es aprobado.
Otro de los argumentos sobre el retraso de las obras que plantea el informe mencionado es que “la búsqueda de alternativas de terrenos y el ajustado presupuesto con que se cuenta, también han obligado a replantear diseños, para ir encausando el desarrollo de los programas”.
Es decir, mientras no se cuente con lotes urbanizables y no se tenga el consentimiento por parte de Findeter para la construcción de las viviendas, las personas afectadas deberán seguir en los albergues y hogares provisionales.
Una labor social que dignifica
El Secretariado Arquidiocesano de Pastoral Social ha estado presente durante estos 12 meses brindando ayuda humanitaria a los damnificados mediante la donación de 1.300 millones de pesos en alimentos, útiles de aseo y la organización de 25 ollas comunitarias en los albergues.
Desde noviembre pasado lidera, junto con otras entidades, la reconstrucción del ‘tejido social’ con las personas afectadas de Girón y Bucaramanga, es decir, en reorganizar la comunidad en todos sus aspectos sociales.
Este proyecto busca generar compromiso en las soluciones por parte de los damnificados, evidenciar estilos de vida y cambios de actitud y comportamiento de las familias frente a su entorno.
Según Sandra Patricia Duarte, coordinadora del Proyecto Tejido Social, los damnificados son una población propensa a problemas de prostitución, consumo de drogas, delincuencia y pandillismo, y sin una orientación adecuada la situación podría salirse de las manos: “La idea es que las personas postuladas para recibir vivienda pasen por un proceso de acompañamiento psicosocial de adaptación y reubicación”, explica.
También mediante la creación de proyectos agro-comerciales los damnificados podrán capacitarse en la creación de huertas caseras, para generar alternativas de sostenimiento económico.
$36.550 millones para Girón
El Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Ambiente, Vivienda, y Desarrollo Territorial, destinó 25.000 millones de pesos para el proyecto Ola Invernal que pretende construir 2.234 viviendas de interés social en esta localidad.
Con los recursos asignados por Fonvivienda y el Fondo de Regalías del Ministerio, más $5.000 millones que la Gobernación aportará, se busca la reconstrucción física de casas, hospitales y escuelas. Pero ese dinero no se ha entregado por la mencionada falta de lotes para las viviendas y está en peligro de perderse.
Otros aportes realizados se concedieron para proyectos de agua potable y saneamiento básico, así como la construcción de muros de contención en el Río de Oro, los cuales continúan haciéndose.
$9.975 millones fueron para la ampliación y modernización de la planta de tratamiento de aguas residuales de Río Frío y actualmente se encuentra en ejecución la sexta etapa de saneamiento del Sistema Río de Oro para el que se dieron 1.575 millones de pesos.
