Por Pastor Virviescas G?mez
pavirgom@unab.edu.co
El país nunca había vivido 28 horas de terror como las transcurridas
entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985. En esa fecha, pasadas las 11:30 de la
mañana, un comando armado de 28 hombres y mujeres pertenecientes al movimiento
guerrillero M-19 (nacido a propósito de las elecciones presidenciales
de 1970 en las que Misael Pastrana venció al ex dictador Gustavo Rojas
Pinilla) incursionó en el Palacio de Justicia de Bogotá. Adentro
les esperaban otros 7 guerrilleros.
El Palacio, ubicado en plena Plaza de Bolívar, frente a la catedral
y el Congreso, pronto se convirtió en un campo de batalla. Los subversivos,
en desarrollo de la llamada Operaci?n Antonio Nariño, por los derechos
del Hombre, pretendían hacerle un juicio al presidente de la República,
el conservador Belisario Betancur, por el fracaso del proceso de paz que había
iniciado durante su gobierno con el M-19 y con otras organizaciones alzadas
en armas.
Los guerrilleros tomaron como rehenes a magistrados de la Corte Suprema de
Justicia y del Consejo de Estado, funcionarios, jueces, abogados y civiles que
hacían trámites. Desde la calle, tropas del Ejército y
unidades de la Policía y comandos especializados del F-2 (antigua Sijin)
rodearon el recinto y se inició el cruce de disparos.
El país escuchó por la radio la voz del presidente de la Corte
Suprema, Alfonso Reyes Echandía, quien imploraba un cese el fuego por
parte de las autoridades y que el Gobierno de Betancur accediera a dialogar
con los insurgentes.
Una guerrillera con una ametralladora calibre 0.50, apertrechada en un punto
estratégico, cuidaba la puerta de acceso que luego sería derribada
por un tanque de guerra, de 4 que estaban al mando del coronel Luis Alfonso
Plazas Vega.
Betancur hizo caso omiso al pedido, así como a la intermediación
llevada a cabo por la Cruz Roja y ordenó a las tropas recuperar por la
fuerza el lugar. Vino entonces el momento más álgido de la lucha,
que terminó con un incendio que acabó de consumir las instalaciones.
El saldo: más de 100 muertos, entre ellos 11 magistrados y todos los
subversivos, y 11 desaparecidos que estaban en la cafetería y de los
que hasta hoy no se tiene rastro, aunque algunos testigos declararon que los
vieron salir con vida.
A los pocos días, el país se despertó con la avalancha
del Volcán Nevado del Ruiz que destruyó la ciudad de Armero (Tolima)
y le causó la muerte a más de 25.000 personas. Una tragedia desplazó
a la otra de los titulares de los medios de comunicaci?n y hoy, 20 años
después, el recuerdo del Holocausto es apenas indeleble.
De ayer a hoy
El M-19, con Antonio Navarro a la cabeza, firmó en 1990 la paz. Sus jefes
fueron hallados culpables en 1992, luego recibieron el indulto del Congreso,
y el M-19 llegó a la Asamblea Nacional Constituyente del año 91
como la tercera fuerza política del país después de los
partidos Liberal y Conservador.
Betancur culminó su período, se retiró de la política
y hoy vive buena parte del año en Barichara; el coronel Plazas Vega,
quien estuvo al frente de las tropas, pretende ser elegido senador en los comicios
de 2006; el general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la XIII
Brigada y de la operación, fue destituido pero después esa medida
fue revocada por el Consejo de Estado, y el Palacio de Justicia fue reconstruido.
La Nación fue condenada a indemnizar a los familiares de las víctimas
pero no se conoció la verdad ni se emprendió la acci?n de repetición
contra el presidente y los ministros responsables, es decir, no se les obligó
a que pagaran en forma solidaria de su bolsillo el dinero que la Nación
tuvo que desembolsar.
Más de 100 mil folios acumuló la investigación y hasta
el sol de hoy la justicia no ha determinado la sanción penal de los responsables.
Plazas Vega sostiene que no hubo una masacre cometida por el Ejército
Nacional, tal como lo señalaron en su momento algunos columnistas y medios
de comunicación, y dice que ha sido víctima de una "infamante
persecución política", que incluso lo llevó a fi gurar
en los años 90 en el libro Terrorismo de Estado en Colombia junto a 300
ofi ciales de las Fuerzas Armadas. El representante a la Cámara y ex
guerrillero del M-19, Gustavo Petro, lo llama asesino.
