A través de una alianza interinstitucional entre la Universidad UNAB y la Alcaldía de Bucaramanga, desde finales de 2025 se viene ejecutando la construcción de la primera política pública sobre paz y derechos humanos de la capital santandereana. Con este proceso, que prioriza la participación ciudadana, se busca estructurar una cultura de paz que fomente la equidad y que incluya una especial atención a aquellas poblaciones que son más vulnerables a sufrir las distintas manifestaciones de la violencia.
Por la convivencia en paz: así avanza la política
El desarrollo de este documento inédito para la ciudad, es liderado por el Instituto de Estudios Políticos (IEP) de la UNAB, que desde 2022 ha participado en la creación de otras políticas implementadas por el municipio como la de Juventudes y la de Transparencia y Anticorrupción, que han recibido reconocimientos internacionales por su calidad técnica.
La realización de esta nueva política surge con como una necesidad de transformar las dinámicas de exclusión y desigualdad estructural que persisten en la ciudad, así como la ausencia de mecanismos efectivos para dar respuesta diferenciada a los actos de violencia, y para ofrecer medidas satisfactorias de reparación y reconciliación. En ese sentido, su principal objetivo es fortalecer la gobernanza y la aplicación de enfoques interseccionales que permitan hacer una sociedad bumanguesa en la que resalte la justicia social basada en los derechos humanos.
El enfoque del proceso reconoce que, aunque los derechos humanos deben ser garantizados a toda la población, existen grupos que requieren una atención diferencial debido a su nivel de riesgo. Por esta razón, la política tiene definidos siete grupos poblaciones como objetos de estudio: víctimas del conflicto armado, líderes y lideresas sociales, reincorporados y excombatientes de las FARC-EP, personas privadas de la libertad y en riesgo carcelario, migrantes, mujeres y personas con orientación sexual, identidad y expresión de género diversas, y víctimas de trata de personas así como de violencia urbana.
Estos actores no solo se proyectan como futuros beneficiarios, sino que además han sido participantes activos en la construcción de la política de paz. Desde su inicio, el proceso ha priorizado la participación ciudadana como eje central por medio de espacios de diálogo como grupos focales, talleres, mesas de trabajo y entrevistas, que han permitido recolectar experiencias y aportes de personas de todos los grupos poblacionales a los que pretende impactar el documento.
«No existía previamente una política pública de este tipo en Bucaramanga. Este es un esfuerzo que responde también a lo establecido en el plan de desarrollo municipal, que plantea su creación como una obligación institucional. Con la política no buscamos fragmentar lo planteado por grupos, sino identificar problemáticas que atraviesan a varias poblaciones y que pueden abordarse de manera conjunta», así lo afirmó Eliana Esmeralda Zambrano Becerra, líder formuladora de la política pública de paz y derechos humanos, que ha coordinado otras políticas en el pasado como la de educación superior del departamento realizada entre la Gobernación de Santander y la UIS.
Esta primera etapa de encuentros participativos, ha permitido identificar las principales dificultades que enfrenta cada población y que representa grandes retos para la consolidación de una cultura de paz en cada escenario. Entre las más representativas están las condiciones de inseguridad manifestadas por los líderes y lideresas comunales consultados, que deriva en posibles riesgos de ser víctimas de trata de personas.
Por su parte, entre las personas privadas de la libertad se identificaron preocupaciones relacionadas con condiciones de hacinamiento, deficiencias en la alimentación, problemas de infraestructura y demoras en la atención en salud. Ante el diverso panorama de necesidades, la política pública plantea integrarlas en un enfoque transversal. De esta manera, la formulación estratégica se orienta a identificar factores comunes, como la falta de articulación institucional, la discriminación y la estigmatización.
Recientemente, finalizó esta fase de diagnóstico cualitativo multifactorial que da paso a la generación de un plan de acción con indicadores y metas, con el que se pretende realizar concertaciones con las estancias municipales, instituciones y funcionarios que tendrán competencia en la futura ejecución de la política, para lograr compromisos de cumplimiento de manera anticipada.
La política de paz y derechos humanos es uno de los tres documentos de este tipo que se encuentran desarrollando la UNAB y la Alcaldía de Bucaramanga como parte de esta misma alianza concretada en 2025, que incluye problemáticas asociadas a la población con discapacidad y al barrismo social. Este último tema es el que se encuentra más adelantado en el proceso de construcción de la política y se espera que en los próximos meses el documento logre aprobación por parte del Concejo Municipal.
