A inicios de 2024, el Instituto de Estudios Políticos (IEP) de la UNAB obtuvo financiación de Minciencias para ejecutar un proyecto de investigación sobre justicia restaurativa con el que se buscaba identificar las fortalezas y amenazas de los trabajos y obras reparadoras (TOAR) que se han ejecutado en Santander y Norte de Santander desde el Acuerdo de Paz. Dos años después, los investigadores consolidaron una serie de recomendaciones para mejorar su ejecución en ambos departamentos. Estos fueron los hallazgos de la investigación.
Caracterización de los TOAR en los Santanderes
Uno de los principales objetivos del proyecto era realizar una caracterización de los TOAR desarrollados por comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) teniendo en cuenta la perspectiva de las víctimas y de los actores sociales vinculados para evaluar de forma más integral su ejecución. Con este fin se estableció además un análisis multidisciplinar de dichas acciones en el que participaron docentes investigadores de las facultades de Ciencias Jurídicas, Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud de la UNAB.
Esta evaluación se realizó bajo la metodología de acción participativa que incluyó grupos focales, visitas de observación y entrevistas en profundidad con 128 víctimas, 48 comparecientes y 30 representantes de instituciones gubernamentales de los territorios más afectados por el conflicto en ambos departamentos.
Entre los hallazgos cuantitativos de la investigación, María Eugenia Bonilla Ovallos, investigadora principal y directora del IEP, destacó que a nivel nacional se registraron 218 Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador-Restaurador (TOAR) entre 2016 y 2025, de los cuales 17 % (37) se han realizado en Norte de Santander y 7,8 % (17) en Santander.
Esto los ubica en el primer y quinto puesto respectivamente de los departamentos con más trabajos con contenido reparador certificados por la JEP en el país. Entre la segunda y cuarta posición por encima de Santander se encuentran Caquetá (11 %), Antioquia (10,1 %) y Putumayo (10,1 %).
En Santander, la totalidad de los TOAR ha sido ejecutada por firmantes de paz y se han distribuido en los municipios de Bolívar (5), Bucaramanga (3), Landázuri (3), San Vicente de Chucurí (4) y Vélez (5). En estos territorios estas obras reparadoras se han concentrado en temas de conservación de la memoria y reparación simbólica (52,9 %) y en infraestructura rural y urbana (47,1 %).
En el caso de Norte de Santander, la infraestructura (40,4 %) y la reparación simbólica (38,5 %) ocupan también las primeras líneas, pero en este departamento se encontraron además iniciativas relacionadas con medio ambiente (5,5 %), educación para la paz (2,8 %), acción integral contra las minas (0,9 %) y búsqueda de personas dadas por desaparecidas (0,5 %). Estos 37 TOAR se han realizado en Cúcuta (10), Tibú (8), Teorama (5), El Tarra (4) y Villa del Rosario (3).
«Una de las fortalezas que identificamos fue la voluntad de los comparecientes, tanto de los firmantes de paz como los comparecientes de fuerza pública para apoyar, acompañar y analizar todos estos procesos. Y también una voluntad de las víctimas acreditadas de apostar por la reparación y la restauración, así como voluntad política de las administraciones locales. Sin embargo, en ambos departamentos hay unos vacíos que impiden realmente la vinculación de comparecientes a TOAR de alto impacto que realmente contribuyan a mejorar las condiciones de dignidad del territorio», afirmó Bonilla Ovallos.
Dentro de las oportunidades, la investigación encontró que los departamentos cuentan con recursos de cooperación internacional para apoyar la implementación del Acuerdo. Pero, a pesar de que la certificación de los TOAR es un proceso estructurado y que existe apoyo institucional, se manifiesta cierta incertidumbre entre los comparecientes sobre la garantía de validación de las acciones que realizan.
«Hay un vacío muy significativo y se presenta en ambos departamentos. En Norte de Santander hay funcionarios públicos más informados de los temas legislativos, las apuestas de reparación tienen más presencia en los planes de desarrollo. En Santander no sucede lo mismo, pero que haya mayor conocimiento en Norte de Santander no significa que se haya traducido en mayor articulación de los comparecientes a los procesos. Esto es grave porque allí hay municipios PDET que han recibido unos recursos muy valiosos para la implementación de la paz pero que han estado de espaldas a las necesidades y a los compromisos definidos», aseveró Bonilla Ovallos.
Durante la presentación de estos resultados, Carolina Rubio Esguerra, del Enlace Territorial de la JEP para los Santanderes, resaltó la importancia del desarrolló de este proyecto de investigación y afirmó que sus resultados llegan en un momento en la Jurisdicción cuenta con mayores lineamientos para implementar las acciones de mejora recomendadas.
«Este proceso es inédito y viene un ejercicio de construirse diariamente. Cuando hablamos con María Eugenia hace 3 años sobre la posibilidad del proyecto, teníamos una normatividad producto de la Ley 1957 que aperturó la JEP pero no teníamos un desarrollo mayor porque no teníamos ni siquiera una sanción. Hoy miramos los resultados del proyecto con una situación distinta para la jurisdicción, para los comparecientes y para las víctimas porque ya sabemos que se van a trabajar 11 macrocasos de los que deben salir 54 sanciones, entre las que se encuentra la sanción sobre ejecuciones extrajudiciales por miembros de fuerza pública ocurridas en el Catatumbo», aseguró Rubio Esguerra.
El proyecto «Justicia restaurativa y territorialidad: Recomendaciones para el fortalecimiento de las acciones con contenido restaurador- reparador en Norte de Santander y Santander» de la UNAB se ejecutó con las siguientes instituciones co-ejecutoras: Instituto Colombo Alemán para la Paz (CAPAZ), Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Gobernación de Santander, Red de Mujeres del Catatumbo y Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS).
