Actualmente se tramita en el Congreso de la República una reforma al sistema pensional que ha generado intensas discusiones e inquietud en varios sectores del país. Por esta razón, desde la Universidad UNAB presentamos un análisis que aborda los puntos clave de esta reforma, particularmente, su pertinencia y las oportunidades que representa, pero también los principales desafíos que trae consigo.
¿Cómo funciona el sistema de pensiones actual?
El sistema de pensiones que tenemos hoy en día permite a los afiliados elegir libremente entre dos regímenes que funcionan de forma diferente: el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). El primero es el régimen público administrado por Colpensiones, en el cual los aportes de los afiliados y sus empleadores van a un fondo común cuyos recursos se destinan al pago de las pensiones. Estos aportes no generan ningún tipo de rendimiento y el monto de la mesada pensional se determina en función del promedio del salario recibido por el trabajador en los últimos 10 años.
De otra parte, está el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, gestionado por las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), que son entidades privadas. En este régimen cada individuo posee una cuenta personal en la que ahorra durante su vida laboral y este ahorro es invertido en tres portafolios con diferentes niveles de riesgo, los cuales producen rendimientos para los afiliados. Para el cálculo de la mesada pensional se tienen en cuenta los aportes realizados por los afiliados y los rendimientos de la inversión de estos fondos.
En la actualidad, el mayor número de afiliados lo tienen los fondos privados, con cerca del 63 % de los cotizantes, frente a un 33 % de afiliados a Colpensiones (Ávila et al., 2024). No obstante, los cotizantes tienden a cambiarse al régimen público a medida que los años de cotización aumentan, con el fin de acceder a los subsidios que implica el régimen público y que permite a las personas pensionarse con un monto mayor al que obtendrían en el régimen de ahorro individual.
¿Por qué se necesita una reforma pensional?
El sistema de pensiones actual tiene varios problemas que hacen necesario un cambio significativo. El primero de ellos es que en Colombia muy pocas personas se pensionan. De acuerdo con un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad del Rosario (Ávila et al., 2024), en 2023 solo el 21.33 % de la población mayor estaba pensionada e incluso esta proporción ha disminuido levemente en los últimos años. Una de las razones para que eso ocurra son las altas tasas de informalidad que llevan a que pocas personas cumplan con las semanas de cotización requeridas para pensionarse. Al ir más allá, se observa que el 67 % de las personas mayores de 75 años no cuenta con un ingreso laboral o pensional, por lo que se encuentra en situación de vulnerabilidad y dependencia, la cual aumenta con la edad.
El segundo gran problema del sistema actual es su alta regresividad, ya que los grupos con altos ingresos son los principales beneficiarios de los subsidios en las pensiones. Así, el 73,1% de estos subsidios se otorgan al 40 % de la población con mayores ingresos (Mejía, 2022). Esto ocurre porque en el régimen de prima media la pensión se determina según el promedio de los ingresos de los últimos 10 años, que suelen ser los años en los que las personas educadas y cualificadas tienen los salarios más altos. Sin embargo, los aportes no son suficientes para pagar las pensiones calculadas de esta manera y cada año, el Gobierno cubre el déficit del sistema mediante impuestos, compensando la diferencia entre las contribuciones de los trabajadores y las pensiones otorgadas.
La otra desventaja del sistema de pensiones es que es inequitativo, en la medida que da un trato diferenciado a trabajadores que cumplen con las mismas condiciones, según el régimen en el que se encuentren al llegar a la edad de jubilación. Específicamente, los trabajadores que cumplen con los requisitos para pensionarse reciben más subsidios en el régimen público, mientras que los que no cumplen obtienen una mayor devolución de aportes en el régimen privado.
Un inconveniente adicional es que el sistema no contribuye a atenuar la brecha de género que existe también en las pensiones. Mientras que aproximadamente el 28 % de los hombres son afectados por la falta de ingresos laborales o de pensión, en el caso de las mujeres esta proporción es del 60 % (Ávila et al., 2024). Esto ocurre debido a las diversas barreras que enfrentan las mujeres en el mercado laboral, entre ellas, la interrupción de la vida laboral a la que se ven abocadas con frecuencia y junto con ella, la irregularidad en la historia laboral; así mismo, su participación en actividades de cuidado no remuneradas y la mayor ocupación de las mujeres en actividades informales comparadas con los hombres.
Toda esta problemática se ve acentuada por la transición demográfica que vive el país y la cual se caracteriza por un aumento de la población mayor en relación con las personas en edad productiva, lo que lleva a un aumento de la tasa de dependencia y la necesidad de fortalecer el sistema pensional para abordar este reto.
¿Qué cambia con la reforma?
La reforma que ha propuesto el Gobierno unifica los dos regímenes existentes y crea un sistema basado en cuatro pilares que se complementan entre sí: solidario, semicontributivo, contributivo y voluntario. El pilar solidario cobija a las personas en condición de pobreza y vulnerabilidad, a quienes se les garantiza una renta básica solidaria correspondiente como mínimo a la línea de pobreza extrema, que les permita amparar las condiciones mínimas de subsistencia. Este pilar incluye a personas mayores con discapacidad, grupos étnicos, campesinos y personas cuidadoras.
El pilar semicontributivo está dirigido a las personas que han contribuido al sistema de pensiones, pero cuyos aportes no son suficientes para pensionarse. Así, quienes hayan cotizado entre 300 y menos de mil semanas, podrán recibir una renta vitalicia de máximo 80 % del salario mínimo, la cual será financiada por el gobierno nacional y con sus propios aportes.
El pilar contributivo se orienta a los trabajadores y personas con capacidad de pago para realizar las cotizaciones que le permitan acceder a una pensión durante la vejez. Este pilar consta de dos componentes: componente de prima media y componente de ahorro individual. El primer componente comprende a todos los individuos afiliados al sistema; este recaudará las contribuciones a partir de los ingresos base de cotización que oscilen entre uno y hasta 2.3 salarios mínimos mensuales. En el segundo componente se encuentran los cotizantes cuyos ingresos superen los 2.3 salarios mínimos; este recibirá las cotizaciones por la parte del ingreso que exceda este valor y hasta los 25 salarios mínimos. La pensión proporcionada por el pilar contributivo es única y se calculará sumando las cotizaciones en los dos componentes.
Finalmente, el pilar de ahorro voluntario está integrado por las personas que realicen un ahorro voluntario por medio de mecanismos del sistema financiero, buscando complementar el monto de su mesada pensional.
Adicionalmente, la reforma contempla que las mujeres que alcancen la edad mínima para recibir la pensión, pero no cumplan con las semanas de cotización requeridas y sean madres, puedan recibir un determinado número de semanas de cotización por cada hijo que tenga.
¿Cuáles son las ventajas y las críticas al nuevo sistema?
Lo bueno de la reforma pensional es que amplía la cobertura, posibilitando que muchos más colombianos tengan protección para la vejez, disminuyendo la dependencia y vulnerabilidad de diversos grupos de población excluidos en el sistema actual. Así mismo, la reforma tiene un enfoque de género. Esta reconoce el trabajo no remunerado que realizan las mujeres y mitiga parte de los efectos de las barreras que enfrentan en el mercado laboral. De otra parte, la reforma elimina la competencia entre los dos regímenes que operan en el sistema actual y le apuesta a la complementariedad entre ellos.
Pese a lo anterior, la reforma ha recibido numerosas críticas, las principales de ellas relacionadas con la sostenibilidad del sistema de pensiones en el largo plazo. Como se mencionó anteriormente, el régimen de prima media, es un sistema de reparto o sistema de seguro solidario para la vejez, en el que todos los trabajadores formales están obligados a aportar a un fondo común del cual se pagan las pensiones. Sin embargo, a medida que la relación entre el número de aportantes y los pensionados disminuye, la situación financiera del sistema se deteriora y no es posible mantener los beneficios otorgados a menos que se aumenten los impuestos y obligaciones de las generaciones futuras. Este riesgo es latente en el contexto actual de envejecimiento de la población, disminución de la tasa de natalidad y aumento de las expectativas de vida. El riesgo de insostenibilidad del sistema aumenta con el umbral de cotización obligatorio a Colpensiones, ya que aunque aumenta el fondo de ahorros gestionado por el sistema público, también incrementa las obligaciones que tendrá que pagar Colpensiones en el futuro, las cuales son asumidas parcialmente con recursos del Presupuesto de la Nación, teniendo en cuenta que el sistema de pensiones es deficitario.
En este sentido, la reforma pensional no aborda aspectos claves del sistema que, en opinión de los expertos, deberían considerarse, pese al costo político, si el objetivo es tener un sistema pensional sostenible: la edad de pensión, la tasa de cotización, las semanas a cotizar y la tasa de reemplazo, es decir, la relación entre el nivel de la pensión y el nivel de ingresos con el que se cotizó. La reforma tampoco tiene en cuenta uno de los principales obstáculos para que las personas se pensionen en Colombia, que es la informalidad. Mientras estos aspectos no se incluyan en la discusión, es probable que en algunos años se requiera una nueva reforma que subsane las implicaciones de la reforma que se está proponiendo.
Por: Yudy Adriana Gamboa Vesga
Profesora asociada programa de Economía
Bibliografía
Ávila N. et al., (2024). El sistema pensional colombiano: Retos y perspectivas de reforma. Universidad del Rosario.
Mejía L. F. (Ed.). (2022). ¿Qué hacer en políticas públicas?. Fedesarrollo.
