La actividad se efectuó en el Auditorio Mayor del Campus El Bosque y tenía como objetivo “informar, motivar y sensibilizar a los actores del Sistema y a la comunidad académica en particular de la necesidad de repensar los decretos de Emergencia Social emitidos por el Gobierno Nacional”, dijo Luz Marina Corso Morales, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNAB.
Como se recordará, en noviembre del año pasado el presidente Álvaro Uribe Vélez le informó al país su decisión de declarar el estado de Emergencia Social debido a las crisis de las EPS que derivó en un déficit de $500 mil millones generados por los servicios que están fuera del Plan Obligatorio de Salud (POS) y que deben asumir los departamentos y para cubrir los compromisos que se desprenden de la Sentencia T-760 de la Corte Constitucional en 2008, concernientes al proceso de unificación de los planes de salud del Régimen Contributivo y del Régimen Subsidiado.
La declaratoria vino acompañada de una serie de decretos reglamentarios que debido a que no fueron concertados ni socializados, generaron diversas interpretaciones. La medida restringe la posibilidad de interponer tutelas para obtener servicios no incluidos en el POS y habla de sanciones a los médicos y odontólogos que formulen por fuera del POS establecido, entre otros aspectos.
“Al Presidente le asiste la buena voluntad de ordenar el Sistema e inyectarle recursos. Lamentablemente los problemas han sido crónicos y a última hora es que el ministro de la Protección Social (Diego Palacio Betancourt) se ha dado cuenta en el caos en que se encuentra el sector y ha tomado la decisión de gestar una serie de decretos para reordenar el sistema que lo único que hacen es acabar con la Ley 100 que es una medida buena y deja que las EPS monten todo el negocio y acaben con las IPS”, dijo Virgilio Galvis Ramírez, presidente de la Junta Directiva de la Fundación Oftalmológica de Santander-Clínica Carlos Ardila Lülle (Foscal).
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