Por Édgar Alfonso
"Una señora es divorciada y tiene una hija de 13 años. En 1998 concilió con el papá de la niña para que le pasara una cuota alimentaria, que era de 20 mil pesos en esa época, pero habían quedado en que cada año aumentaba y nunca le ha pagado lo convenido: siempre le ha dado 16 mil pesos mensuales. Imagínese: ¿con 16 mil pesos quién vive? Estoy interponiendo un recurso para que le aumenten esa cuota", cuenta María Fernanda Obregón, estudiante de noveno semestre de Derecho, quien forma parte de los 70 alumnos que hacen de abogados de pobres en el Consultorio Jurídico de la UNAB.
"Es un trabajo netamente social", dice María Fernanda, "porque uno le colabora a la gente que no tiene cómo pagar un abogado, que puede cobrar entre $100 mil y $200 mil por lo que nosotros hacemos, que es recibir a la gente, escuchar y decirle cuál es la posible solución".
Luis Gabriel Becaría, judicante monitor del Consultorio, manifiesta que trabajar en este lugar es una manera de velar por los derechos de los más necesitados. "Contribuimos a que las libertades de esas personas no sean atropelladas por otra gente que se aprovecha de su pobreza". Luis Gabriel está a cargo de asesorar a 22 estudiantes y asignar las consultas que deben atender.
Casos en lugar de clases
Cada estudiante asiste dos días a la semana y maneja como máximo 20 casos a la vez. El año pasado realizaron 3.299 asesorías durante el primer semestre y 3.139 durante el segundo. En este último período atendieron 52 tutelas. "Esta semana no he podido ir a clase porque tengo muchísimo trabajo, aunque mi obligación es venir sólo dos veces. He tenido varias audiencias que, como las fijan los jueces, se me han cruzado con el horario de clases", expresa María Fernanda Obregón..
El Consultorio está ubicado en una casa amplia cerca del Palacio de Justicia, en la carrera 12 # 34-39 en el centro de la ciudad. Entre otros recursos, cuenta con cuatro salas de conciliación y una biblioteca. María Elena Duarte, su coordinadora, explica que el trabajo no se limita a la asesoría jurídica, pues hay practicantes de Psicología que atienden a las personas más vulnerables. "Hay personas que llegan aquí en un estado de depresión impresionante. Entonces los psicólogos las orientan y salen más calmadas".
Los casos que se atienden en el Consultorio están limitados por la Ley 583 de 2000. Según la norma, los alumnos están en capacidad de litigar como abogados de pobres en procesos penales, en temas laborales en los que la cuantía no exceda de 20 salarios mínimos legales mensuales, en conciliaciones laborales, en procesos civiles de los juzgados municipales, en demandas de alimentos que se adelanten ante los jueces de familia, en asuntos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías y en procesos administrativos de carácter sancionatorio.
"El trabajo de estos estudiantes me parece muy importante para las personas que no tenemos una entrada económica para pagar un abogado. Es la segunda vez que vengo", cuenta Martha Gómez Peña, quien vive en el barrio Delicias Altas, en el sur de Bucaramanga. Martha vino a pedir ayuda para redactar un derecho de petición porque tenía un carro viejo y se lo robaron, por lo que quiere darlo de baja ante la Dirección de Tránsito y evitar que le sigan cobrando impuestos. "El año pasado el problema era más serio. Vine con mi hermana porque ella se iba a divorciar de su marido y tampoco tenía con qué pagarle a un asesor en el asunto de la separación de bienes. Si no hubiéramos venido aquí todo hubiera sido más difícil por la falta de plata".
