Al Comité Internacional de la Cruz Roja le preocupa Colombia

Abr 9, 2007 | Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes

Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co
Como todo estudiante desaplicado, el mundo enteró reprobó el año 2006 en materia de conflictos armados y las consecuencias humanitarias que generan, y Colombia no fue la excepción.

Así lo ratifica el informe anual presentado el pasado 29 de marzo en Bucaramanga por el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr), en el que se señala que si en Líbano, Sudán, Sri Lanka, Irak y Afganistán aumentó el número de refugiados, desaparecidos y muertos, en Colombia sus delegados constataron, “una vez más, múltiples infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)”.

“Hubo una preocupante cantidad de personas desaparecidas, ejecuciones sumarias y víctimas de minas antipersonal. Paralelamente continuaron los ataques contra la misión médica, afectando así la atención a las poblaciones más necesitadas en zonas de conflicto”, precisa el informe entregado por la jefe de la Delegación del Cicr en el país, Bárbara Hintermann.

Advierte que Colombia, un año más, “sigue siendo uno de los países con el mayor número de desplazados internos” del planeta, señalando a los departamentos de Nariño, Cauca, Antioquia, Meta y Chocó como los más afectados.

En los últimos diez años el Cicr ha brindado asistencia alimentaria y artículos esenciales a más de un millón de colombianos desplazados, que llegan a las ciudades a engrosar los cordones de miseria y marginalidad.

Llama la atención que el 50,7 por ciento de las 62.428 personas que recibieron ayuda del Cicr son menores de 18 de años de edad y el 18,6%, minorías étnicas (indígenas y afro-colombianos). En Santander la cifra alcanzó a 2.842 personas, con la observación de que el Cicr tiene recursos humanos y económicos limitados y por lo tanto esa no es la cantidad total de desplazados por el conflicto armado interno.

El Cicr afirma que durante el año pasado se mantuvieron las amenazas de muerte, los enfrentamientos, la muerte de familiares, la presión para colaborar con diferentes partes del conflicto y las restricciones a las necesidades básicas.

De las 1.217 presuntas violaciones al DIH reportadas en 2006, 390 correspondieron a desapariciones, 274 a ejecuciones sumarias y 122 a tomas de rehenes.

“En la actualidad, miles de familias viven en la angustia de no saber qué suerte han corrido sus seres queridos desaparecidos en medio del conflicto. Las noticias que les permitan encontrar la paz y el sosiego, no llegan”, señala el informe. Hasta la fecha, el Cicr ha documentado más de 4.000 casos de colombianos desaparecidos.

Debido a que el Sistema Nacional de Salud no garantiza el cubrimiento del total de la población y menos en las zonas apartadas, el Cicr dio apoyo a 201 heridos, 104 de ellos por minas antipersonal, mal llamadas “quiebrapatas”, además de las 162 personas que continuaron recibiendo atención y apoyo económico.

Santander figura al lado de Norte de Santander, Arauca y Antioquia como uno de los departamentos más perjudicados por las minas antipersonal y los restos explosivos de guerra -munición y explosivos que estallan accidentalmente en manos de la población civil después de quedar abandonados por los combatientes-.

El Cicr también está inquieto porque aunque está expresamente prohibido por el DIH el reclutamiento de menores de edad, “en zonas rurales y urbanas, muchos niños y niñas continúan participando de manera directa en el conflicto. Algunos realizan actividades de inteligencia, mientras otros participan en los enfrentamiento armados”.

Reconoce un avance en las tasas de hacinamiento en las cárceles, donde se pasó de un 34,4 por ciento en 2005 a 14,5% en 2006, para un total de 60.049 detenidos, debido principalmente a la puesta en marcha del sistema penal acusatorio.

Por último, el Cicr sostiene que en su calidad de guardián de los Convenios de Ginebra, continuará brindando asistencia y protección a la población civil afectada por el conflicto armado, así como divulgando los principios del DIH entre los portadores de armas, tanto del Estado como de los grupos armados organizados, para asegurar un mejor respeto a los civiles que no participan directamente en las hostilidades.

El Cicr fue fundado en 1863 como una organización imparcial, neutral e independiente, cuya misión exclusiva es la proteger la vida y la dignidad de las víctimas de la guerra. Su sede principal está en Ginebra (Suiza) y en Colombia tiene 13 oficinas, incluida Bucaramanga -calle 52ª No.31-70, teléfono 6577543-.

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