Por Pastor Virviescas Gómez
En mayo de 1999 siete camiones con 200 paramilitares entraron al corregimiento de La Gabarra e iniciaron una jornada de barbarie que dejó una estela de muertos, varios de ellos mientras celebraban el Día de la Madre. Según testigos, muchos de ellos acababan de llegar de Córdoba y Urabá a bordo de una aeronave que aterrizó en el municipio de Tibú.
De esta manera Norte de Santander y Colombia empezaban a registrar uno de los capítulos más trágicos de la violencia en esta región limítrofe con Venezuela, lugar ancestral del pueblo indígena Motilón Barí.
Los paramilitares, con la complicidad de algunos miembros del Ejército y la Policía, sortearon retenes y actuaron a sus anchas sembrando de terror y dolor estas montañas en las que abundan el petróleo, el carbón, el oro, el abandono y la miseria.
Fueron amos y señores de la región, controlando el comercio, fortaleciendo el cultivo y producción de narcóticos, apropiándose de fincas y ganados, generando el desplazamiento forzado de más de 70.000 personas, hasta que se produjo en 2004 la desmovilización anunciada por el alto comisionado Luis Carlos Restrepo y hubo quienes creyeron que todo retornaba a la normalidad. Sin embargo, el reciente episodio ventilado por los medios de comunicación sobre la desaparición de 11 jóvenes de Soacha (Cundinamarca) que fueron reportados como muertos en combate en cercanías a Ocaña (Norte de Santander), destapó los excesos cometidos por miembros de la Fuerza Pública.
Entonces, las miradas se enfocaron hacia el vecino departamento y los organismos de investigación prometieron ir tras los últimos responsables de un total de 23 muertes.
Pero lo que el país no sabía y vino a denunciar a la UNAB una investigadora de la Corporación Colectivo de Abogados ¿Luis Carlos Pérez¿, es que en los últimos tres años se habrían registrado además de esos casos señalados, otras ¿65 ejecuciones extrajudiciales en las que se tiene la certeza de la participación de miembros de las Fuerzas Militares¿.
La afirmación la hizo la abogada Melisa Ballesteros Rodríguez, en desarrollo de la Cátedra ¿Alejandro Galvis Galvis¿ organizada por la Facultad de Comunicación Social y Artes Audiovisuales en el Auditorio Menor de la UNAB el pasado 23 de octubre.
Según Ballesteros Rodríguez, de tres ejecuciones extrajudiciales en 2006, se pasó a 46 en 2007 y 16 en lo que va transcurrido de 2008. Hechos en los cuales, de acuerdo con lo señalado por la investigadora, 48 casos se le atribuyen a la Brigada Móvil 15 y 14 a la Brigada 30 del Ejército.
Entre las víctimas, 44 eran campesinos, seis comerciantes, una mujer e incluso un discapacitado, en edades comprendidas entre los 17 y 30 años, advirtiendo Ballesteros Rodríguez que en esa zona como en otras del país y debido al temor a represalias, existe un subregistro en los casos reportados, aparte de que no están a la mano entidades como la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, a la vez que los ciudadanos ignoran sus derechos y pasos a seguir en este tipo de situaciones.
¿La mayoría de estas víctimas han sido presentadas por las autoridades como muertes de guerrilleros o miembros de grupos emergentes en combate, registrándose además alteraciones de la escena del crimen e incluso casos en los que estas personas fueron obligadas a ponerse camuflados y luego las mataron¿, denunció.
Su suma da al menos 88 ¿ejecuciones extrajudiciales¿, en las que no le cabe duda a su organización no gubernamental ¿que los perpetradores de los crímenes son agentes del Estado¿. Muertes que encuadrarían, según la abogada, en el afán de mostrar resultados que justifiquen los cuantiosos recursos económicos que demanda la Seguridad Democrática, incurriendo en ¿falsos positivos¿.
Ballesteros Rodríguez, que aprovechó la ocasión para refrescarles a los asistentes conceptos como los de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, manifestó a Vivir la UNAB que hoy día y en plena aplicación de la Política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez, además de unos 11.000 militares y policías, en el Catatumbo seguirían operando cerca de 2.500 guerrilleros de las Farc, ELN y EPL, más un remanente de 700 integrantes de los grupos emergentes de paramilitares o Águilas Negras.
E insistió en que la labor de Corporación Colectivo de Abogados ¿Luis Carlos Pérez¿ está orientada, en este caso, a que las muertes denunciadas no queden en la impunidad, para lo cual se requiere que se investigue a los militares que pudieran estar involucrados, se les retire del servicio y la justicia los castigue.
Decisiones
El presidente Álvaro Uribe Vélez; el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos y el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, sorprendieron al país el pasado 29 de octubre al anunciar el llamado a calificar servicios a 25 oficiales y suboficiales del Ejército, quienes serán investigados por la Fiscalía General, entidad que determinará su responsabilidad o no en las ejecuciones extrajudiciales denunciadas.
La lista está encabezada por tres generales, dos de ellos con jurisdicción en el Nororiente colombiano (II División y Brigada 30), así como el comandante de la Brigada Móvil 15.
