Según el Mapa Mundial de Justicia Ambiental, Colombia es el sexto país con más conflictos socioambientales del mundo. Sumado a eso, de acuerdo a la ONG Global Witness, Colombia sigue siendo el país con mayor número de asesinatos a líderes ambientales y Santander es el departamento en el que más violaciones a derechos humanos y amenazas de muerte se han reportado en contra de estos líderes después de la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Las causas de estos conflictos así como su escalonamiento a escenarios violentos en el territorio son los temas que explora un nuevo artículo teórico publicado recientemente por investigadores de la UNAB en la Revista Logos Ciencia y Tecnología de la Policía Nacional.
El artículo denominado Conflictividad socioambiental en el departamento de Santander, Colombia (2016-2022): Una caracterización a partir de la construcción de un estado del arte, fue realizado por los investigadores del Instituto de Estudios Políticos de la UNAB (IEP): María Eugenia Bonilla Ovallos, directora; Camilo Alipios Cruz Merchán y Johana Marcela Reyes Jaimes.
El artículo realiza una caracterización de las fuentes de estas situaciones, las cuales involucran empresas privadas, el sector público, organizaciones sociales y comunidad en general, así como un mapeo de los municipios y sectores que actualmente presentan conflictos de este tipo. Entre las principales causas identificadas se destacan las actividades mineras, así como las pruebas de extracción de petróleo a través de la técnica del fracking y procesos de deforestación.
Los municipios con mayor riesgo de afectación por este tipo de conflictos según el artículo son:
- California, Suratá y Vetas por las amenazas de contaminación a las fuentes hídricas del Páramo de Santurbán y por las tensiones entre las empresas mineras y las comunidades dedicadas a la minería artesanal.
- Barrancabermeja y Puerto Wilches por los proyectos de fracking que allí se vienen desarrollando.
- Cerrito y Chitagá por la posible explotación carbonífera en el Páramo El Almorzadero.
- Girón, Betulia, Los Santos, San Vicente de Chucurí y Zapatoca por las afectaciones generadas a partir de la creación del embalse de Hidrosogamoso.
- Girón, Floridablanca y Piedecuesta por continua tala de árboles.
“Lo que encontramos es que anteriormente las dinámicas del conflicto en Santander estaban muy asociadas a la presencia de actores armados y a estos corredores del narcotráfico, contrabando y tráfico de armas, con presencia de grupos paramilitares, ELN y disidencias de las FARC. Pero después de la firma de la paz, evidenciamos que ya no había tanta claridad sobre quiénes generaban los hechos de violencia y nos dimos cuenta que el origen principal de los conflictos actuales está ligado a problemas socioambientales, sobre todo a temas de explotación de recursos minero energéticos”, afirmó María Eugenia Bonilla.
Consecuencias de los conflictos para los territorios y sus poblaciones
Una de las consecuencias más marcadas producidas por los conflictos de tipo socioambiental tiene que ver con las amenazas a los líderes ambientales que denuncian estas situaciones. Como lo menciona el artículo, actualmente el Gobierno Nacional no ha generado cifras ni cuenta con reportes sobre los asesinatos a estas personas, situación que no solo invisibiliza el impacto de estos conflictos sino que fomenta la impunidad alrededor de estas vulneraciones.
De igual manera, el artículo resalta que, si bien los conflictos socioambientales se han potenciado como expresiones de violencia especialmente después de la firma del Acuerdo de Paz, aún son disputas poco tenidas en cuenta en los análisis de victimización del conflicto armado colombiano y son considerados como temas aislados o de naturaleza local.
“Sabemos que en la medida en que el contexto medioambiental y los ecosistemas se deterioran, las dinámicas de los territorios se alteran también en términos sociales. Uno de los principales riesgos es la persecución a los líderes sociales y ambientales y los atentados de los que han sido víctimas, pero también hay otros riesgos. Por ejemplo, hemos visto que donde hay actividad de explotación ilegal de recursos se acentúan problemáticas como la prostitución, se fortalece la cultura del dinero fácil y los jóvenes se vinculan a actividades mucho más asociadas a la ilegalidad que a cuestiones educativas o laborales en el mercado formal”, aseguró la directora del IEP.
En su escrito los investigadores señalan la necesidad de abordar estos conflictos de forma integral, considerando las posibilidades de escalamiento de las violencias así como los riesgos que enfrentan las comunidades afectadas. Puntualizan además que en estos conflictos convergen con mayor facilidad manifestaciones violentas previas y nuevas, como ocurre en la provincia de los Yariguíes, en donde predomina la continuidad de hechos violentos.
Puedes leer el artículo publicado por los investigadores UNAB aquí.
