Por Camilo E. Silvera Rueda
csilvera@unab.edu.co
A las 2 de la mañana del primero de enero de 2006, un hombre pateó violentamente la puerta de una clínica de Bucaramanga porque no le permitieron visitar a su padre enfermo. Fue capturado por la Policía y puesto a orden de un juez de Control de Garantías, quien 12 horas después le otorgó la libertad. Con esa diligencia sencilla se estrenó el Sistema Penal Acusatorio en Santander.
La inclusión de Bucaramanga y San Gil como distritos judiciales del nuevo Sistema Penal Acusatorio forma parte de lo que se conoce como la segunda fase de este proceso. Después de un mes de entrado en vigencia, Hernando Torres Corredor, vicepresidente del Consejo Superior de la Judicatura, habló con 15 para evaluar y resaltar las diferencias más notables del sistema oral. Torres es autor, entre otros textos, de una serie de derecho laboral compuesta por 4 libros y uno de los paladines más connotados del este nuevo sistema.
¿Cómo evalúa la puesta en marcha de la segunda fase del Sistema Penal Acusatorio?
Es un error creer que en el primer mes del nuevo modelo de justicia sea un sistema perfecto. Esto tiene un proceso complejo de aprendizaje colectivo de fiscales, jueces, defensores, Procuraduría, Personería, Inpec, Policía y de todas las instituciones que intervienen en los procesos.
El sistema entrará en funcionamiento de manera gradual en todo el país. Esa gradualidad no es sólo territorial sino que también hace referencia a las competencias que se van asumiendo. Es decir, los ilícitos que se cometen a partir del 1 de enero del 2006 entran a competencia de los nuevos jueces, conocidos ahora como Jueces de Garantías y de Conocimiento. Los delitos que cursaban antes de esa fecha permanecerán en curso, hasta su culminación, con el sistema antiguo. En lo que va de esta primera y segunda fase se ha logrado una cobertura del 50 por ciento de la población bajo el Sistema Penal Acusatorio, con unos resultados satisfactorios.
En términos prácticos, ¿cómo se puede evidenciar el impacto del nuevo sistema?
Este sistema rompe con el modelo escritural del anterior porque se basa en la oralidad. Antes para cualquier gestión o solicitud todo debía ser tramitado por escrito: las pruebas, los interrogatorios, los documentos. Ahora ese empapelamiento de la justicia es cosa del pasado. En la audiencia, todo lo que digan las partes concerniente al proceso será presentado de manera oral y todo lo dicho será grabado como constancia. Esto reduce el tiempo de un proceso, haciendo más eficaz la labor de impartir justicia.
¿Cómo cambió el rol del juez en este nuevo sistema?
El juez es hoy más neutral que nunca. Eso significa que un Juez de Garantías no puede ordenar pruebas ni hacer investigaciones, como ocurría antes. Su papel está determinado por la premisa que es un mediador entre partes contrarias: alguien acusa, alguien defiende y en la mitad, con absoluta imparcialidad, el juez.
Otra de las ventajas es que es público. Contrario a lo que ocurría antes, todo está ante los ojos de cualquiera que quiera ir a la audiencia. Las decisiones que tome el juez serán públicas y no reservadas, lo que hace que todos los interesados conozcan de viva voz las razones por las cuales el juez tomó una determinada decisión, lo cual convierte al juez también en un profesional más ejecutivo.
¿Cuál es el papel de la Fiscalía ahora?
Por medio de su Cuerpo Técnico de Investigación y de los demás organismos de inteligencia, será la encargada de llevar todo lo referente a la investigación: debe determinar cómo fue el ilícito, en qué condiciones se efectúo y aportará toda la evidencia posible. Toda esa información será ubicada por un fiscal en un tipo penal, (delito).
Ese tipo penal es el que va al juez, de tal forma que el juez sólo va a recibir solicitudes de los fiscales. También puede recibir solicitudes de los defensores pero, en principio, recibe solicitudes del fiscal ya que él es el titular de la acción penal: a él le corresponde perseguir el delito y presentarlo a los jueces para que sean ellos quienes, de acuerdo con la ley, tomen decisiones.
¿Cómo ha sido la preparación de funcionarios públicos y abogados defensores para encausarlos al nuevos sistema?
La verdad es que las instituciones públicas cuentan con escasos recursos y se han dedicado exclusivamente a instruir a sus propios trabajadores, de tal forma que ha sido cada entidad la que se ha encargado de impartir una determinada preparación a sus respectivos trabajadores.
Soy consciente de que hace falta más preparación. El mayor esfuerzo deben hacerlo los abogados ya que son ellos mismos quienes tienen que preocuparse por prepararse para el nuevo sistema y, además, costearse esa preparación.
¿Cuánto le ha costado al país el nuevo sistema penal?
Hemos hecho unos gastos pero no han sido suficientes. En Santander se ha hecho una inversión inicial de 1.600 millones de pesos en estructura física, dineros que están en ejecución en este momento, por ejemplo, en la ampliación del número de salas de audiencias: de 3 pasarán a 10. Otro rubro costoso pero primordial es la adquisición de tecnología como computadores. En este aspecto se ha realizado una inversión adicional de $390 millones para capacitación del personal. Para poner en marcha en todo el país el sistema se han presupuestado $145.000 millones, incluyendo ahí los $1.990 millones que le corresponden a los distritos judiciales de Santander.
