Por Ricardo Jaramillo P.
En el Área Metropolitana de Bucaramanga hay 41.019 desplazados. Cada mes, 83 familias –casi tres por día– llegan a esta zona urbana tras haber dejado sus casas, fincas y pertenencias, huyéndole a la violencia. El 26,9% de estas familias no gana más de $3.000 al día y el 34% de los niños menores de cinco años sufre desnutrición crónica.
Estas fueron algunas de las cifras que se presentaron el miércoles 11 de octubre en la Sala de Audiencias de Derecho, en el marco del Foro “Fracciones del desplazamiento, reflexiones desde la academia”, organizado por el Instituto de Estudios Políticos de la UNAB.
En el encuentro, que contó con la participación de Alfonso Gómez Gómez, vicepresidente de la Junta Directiva de la Universidad; Paola Castro, oficial de terreno de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Santander; Ana Felicia Barajas, defensora Regional del Pueblo y Nívea Santarelli, coordinadora del Plan Integral Único de Atención a la Población Desplazada (PIU), se presentó un panorama de la situación de esta población en la región y las perspectivas de solución a sus problemas.
Faltan iniciativas
La Defensora Regional del Pueblo hizo énfasis en el papel que cumple ese organismo ante el Estado a través de la “magistratura moral”; es decir, de los pronunciamientos que hacen sus representantes ante las instancias gubernamentales encargadas de garantizar el reestablecimiento de los derechos vulnerados de la población desplazada.
“La Corte Constitucional, luego de analizar que todas nuestras familias desplazadas acudían a la Defensoría del Pueblo a que les colocaran acciones de tutela para que se les restablecieran sus derechos, y al ver que las instancias judiciales no daban abasto en responder esas acciones de Tutela, emitió la sentencia T025 (22 de enero de 2004) en la que declaró inconstitucional el estado actual de los derechos de toda la población desplazada y les dio un plazo perentorio (un año) a las autoridades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada para cumplirlo, pero el plazo venció y no se ha hecho nada”, señaló Barajas.
Una de las cifras presentadas por la representante de Acnur afirma que el 40% de la población desplazada en Santander es del mismo departamento. Al respecto, Barajas señaló que “la Defensoría ve con preocupación que en Santander se está reactivando el desplazamiento, especialmente en poblaciones como Puerto Wilches, Barrancabermeja y Sabana de Torres. ¿A causa de qué? Podría ser por el proceso de desmovilización de los paramilitares, o porque las familias se acostumbraron a ver actores armados ilegales en sus pueblos para sentirse protegidas o porque temen que lleguen nuevos actores armados”. Y agregó: “Este es un llamado que debemos hacerles a las autoridades para que hagan inversión social, se debe implementar una política de prevención para evitar que se siga presentando esta problemática en la región y el país”.
Un futuro digno
Por su parte, Nivea Santarelli, afirmó que la Gobernación de Santander y Acnur firmaron una carta de entendimiento para garantizar que los problemas de los desplazados sean atendidos por las instituciones oficiales encargadas de hacer valer sus derechos, y esa iniciativa se cristalizó con el Plan Integral Único de Atención a la Población Desplazada.
“Hemos visto que en el país y lógicamente en Santander se han hecho muchos esfuerzos y recursos gastados pero sin resultados concretos porque no hay articulación entre las entidades”.
Santarelli dijo que el trabajo del PIU ya tiene algunas “lecciones aprendidas”, como la creación de un equipo coordinador, la participación de los ciudadanos afectados, acompañamiento externo (por parte de Acnur), participación de entidades oficiales, socialización, un plan de acción y –algo que calificó como “vital”–, voluntad política.
La coordinadora de PIU también dio a conocer que todas las iniciativas consignadas en el Plan, se pueden consultar en la página de Internet www.piusantander.gov.co.
