Por Edwin López Moya
jlopez2@unab.edu.co
Madres cabeza de hogar y sus familias rezan todos los días para que los gobiernos nacional, departamental y municipal, les ayuden a conseguir un hogar seguro y digno, en el que puedan reconstruir sus vidas.
Todo esto, es parte de la pesadilla que comparten con unos 2,5 millones de desplazados por el conflicto armado interno, según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur. Pero las esperanzas de tener un techo propio parecen esfumarse debido a la aparente imposibilidad de una solución rápida y definitiva.
Rezan, también, porque tienen miedo de que la antigua Cárcel de Mujeres, ubicada en la calle 37 entre carreras novena y décima, donde se hacinan 76 personas, se les venga encima, en el momento menos pensado.
“Les hemos dicho que la casa está en peligro de colapsar”, explicó Óscar Iván López, director de Coordinación de Vivienda de la Gobernación. Después, al preguntarle si existía alguna alternativa para los refugiados ilegales, López respondió: “pues me imagino que los reubicarán… eso ya es un problema de orden público”; queriendo decir que su dependencia ya no tenía velas en ese entierro.
Amparo Chicué, directora de la oficina de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación, dijo que el problema se debe a que las primeras familias que se tomaron la casa incumplieron un pacto con la Gobernación que consistía en que no debían permitir el asentamiento de más desplazados.
De las 44 familias que ocuparon lo que para el 3 de septiembre de 2001 eran las oficinas de Foncesan; ya 42 tienen casa propia. Las dos familias restantes permanecen con doce nuevas que “se fueron metiendo”.
Un funcionario de la Gobernación supuso que de no acogerse al programa de subsidios de vivienda, la posible alternativa para evitar una tragedia sería que la Gobernación restituyera el bien. 15 no pudo confirmar esta afirmación porque el Secretario de Gobierno del Departamento no respondió esta pregunta. Aún así, ninguna de estas opciones es alentadora.
El camino más amable
Para que un desplazado pueda hacerse a un subsidio de vivienda debe, por lo menos, comprarse un par de zapatos que aguanten el largo camino que le espera. La odisea comienza cuando el Fondo de Vivienda, Fonvivienda, entidad encargada de la administración de los recursos nacionales, abre inscripciones por medio de las cajas de compensación.
La población desplazada interesada en la ayuda estatal debe abrir una Cuenta de Ahorro Programado en el Banco Agrario con $100.000, de acuerdo con la información de la entidad. Allí le dan un código que el desplazado tiene que presentar ante la caja de compensación para que su postulación se “agilice”.
Además del código, debe presentar su documento de identidad y los de su familia, una carta notarial autenticada que certifique su situación de desplazamiento, no ganar más de cuatro salarios mínimos y estar acogido por el Sisben.
Después del papeleo, deberá esperar a ser uno de los 330 afortunados del Departamento que, mediante la resolución 818 del 27 de diciembre de 2004, recibirían $8’950.000 por parte del Gobierno Nacional, $3’000.000 de la Gobernación y entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo del municipio, para un aproximado de unos 14 millones de pesos, “la limosna del techo” como lo llama una desplazada que pidió no ser identificada.
Ramiro Argumedo, representante del Comité Departamental de la Población en Situación de Desplazamiento, PSD, y vicepresidente de la organización de desplazados Corprovida, dice que entre la postulación y asignación del subsidio, fácilmente puede pasar uno o más años.
¿Casas buenas, bonitas y baratas?
Cuando el subsidio es por fin asignado, empieza otro capítulo en la vida del desterrado afortunado.
Las calles de la ciudad son los escenarios donde se desarrolla la triste comedia, porque el desplazado tiene, como dice López, “que estar buscando constantemente casa”.
Lo anterior se debe a que cada subsidio tiene un plazo de vencimiento para ser utilizado y la condición para el desembolso es que quien tenga el derecho a él, debe conseguir casa, de otra manera, el subsidio jamás sería efectivo. En caso de llegar a la fecha límite y no haber cumplido con el requisito, se da por entendido que la víctima de la violencia renuncia a la ayuda gubernamental en materia de vivienda.
Pero aquí no termina la historia para quien se acoge a este programa; si la persona desplazada sí logra encontrar casa antes del vencimiento, el peso de la burocracia vuelve a caerle encima.
Para el desembolso, primero, es necesario contar con el aval de la oficina de Instrumentos Públicos de Bucaramanga, la cual debe certificar que la vivienda no se encuentra en una zona con riesgo de derrumbe, inundación u otros siniestros causados por la naturaleza.
Después, si todo ha salido bien, el afectado tiene que presentar copia de la escritura del inmueble, mas otros documentos del propietario. Según Argumedo, esto siempre es un problema porque el dueño de la casa no quiere soltar los papeles sin que se le haya pagado la totalidad de lo acordado.
El líder de la PSD argumenta que la lentitud del sistema y la interminable lista de requisitos afecta la consecución de casa porque, muchas veces, el propietario se cansa de esperar y prefiere vender su propiedad a otra persona.
Cuatro de las 14 familias asentadas en la propiedad corren el riesgo de “renunciar al subsidio” por no haber logrado superar todas las trabas burocráticas. El resto de gente ya no puede tomar esta alternativa porque Fonvivienda ha cerrado inscripciones por este año hasta desembolsar la totalidad de los $2.949’025.000 concedidos para vivienda.
La otra cara de la moneda
En caso de que la Gobernación, para evitar la tragedia latente en los muros del recinto, decidiera restituir el bien, tendría que recurrir a las autoridades policiales para proceder porque lo que se escucha por los pasillos del asentamiento es que ningún desplazado estaría dispuesto a salir con las manos vacías, es decir, sin la seguridad de tener casa propia.
En la Gobernación, por ahora, nadie da razón del lugar adonde estas personas serían reubicadas. Didier Alberto Tavera Amado, secretario de Gobierno Departamental, aseguró que nadie será atropellado y que se está trabajando en la solución para estas familias.
Lo cierto es que el tiempo pasa y frente a la incógnita sobre la resistencia de la edificación, Emiro Celis, de la oficina de Paz y Derechos Humanos, responde con un: “esperemos que aguante”.
La estructura vetusta, propiedad del Departamento, funciona como asentamiento ilegal desde hace cuatro años y medio cuando 44 familias, provenientes de diferentes partes del occidente santandereano y sur de los departamentos de Cesar y Bolívar, se tomaron lo que hasta entonces eran las oficinas del Fondo de Cesantías de Santander, Foncesan.
La toma fue la consecuencia del incumplimiento que el Estado había hecho de la Ley 387, la cual lo obliga a prestar apoyo integral inmediato a la Población en Situación de Desplazamiento, PSD. Esta norma, en la sección 4, artículo 15, determina que “…una vez se produzca el desplazamiento, el Gobierno Nacional iniciará las acciones inmediatas tendientes a garantizar la atención humanitaria de emergencia con la finalidad de socorrer, asistir y proteger a la población desplazada y atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas”.
Cárcel de máxima seguridad
Pero las condiciones del otrora recinto penitenciario no son ni dignas, ni salubres, ni seguras para los moradores que en la actualidad se alojan allí. Techos con goteras similares a cráteres, paredes enmohecidas y sin pintura fresca, vigas de madera podrida sostienen los canutos que, por gracia del Divino Niño, no se han caído y arrastrado los cables eléctricos.
Existen siete cambuches improvisados en lo que parecen ser salones y antiguas habitaciones. Dentro de ellos, se apretujan de a dos familias que en promedio cuentan con seis integrantes, quienes comparten el sueño y las angustiantes noches de lluvia en camarotes y camas dobles.
Cada “rancho” tiene su propia cocina, normalmente ubicada sobre el marco de una ventana, compuesta por una estufa, casi siempre de un solo puesto; una nevera, que en el peor de los casos solo guarda barras de hielo; algunos platos y otros corotos viejos.
También tienen televisores y equipos de sonido que, por lo general, permanecen todo el día amplificando las notas tecnocumbiamberas y vallenatas que amenizan la triste apariencia del lugar.
34 niños, 6 ancianas y 36 personas adultas disponen de seis baños, dos perpetuamente cerrados; cuatro lavaderos multiusos, con aspecto de letrinas, de los cuales la mitad está en condiciones “óptimas” para lavar ropa y los trastos de la cocina; dos patios atravesados por cuerdas donde ondean los harapos recién lavados y algunos corredores invadidos por montañas de cartón y niños que juegan a ser el rey Pelé.
Preludio de una historia sin fin
Por lo pronto no es mucho lo que se pueda hacer; la ocupación del inmueble persiste sin que sus autores den su brazo a torcer.
Según Celis, lo que la Gobernación aspira es a que se pueda dar una solución rápida, pero está supeditada a las dinámicas del gobierno nacional y municipal, instituciones con las que comparte la responsabilidad por la población desplazada. En otras palabras, mientras las autoridades competentes no se pongan de acuerdo, no se hallará una salida.
Si esta situación continúa y la casa-cárcel aguanta, por lo menos diez familias tendrían que esperar hasta el próximo año, cuando surja una nueva oportunidad para acceder a un subsidio. Esto significa que rezarían mínimo tres años más para que la antigua cárcel de mujeres no se les caiga encima.
Federico Nietzsche, filósofo alemán de finales del siglo XIX, dijo alguna vez: “La esperanza es en verdad el peor de los males, porque prolonga el suplicio de los hombres”, como ocurre con este caso en el que se hace tangible la frase del pensador.
