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El chicharrón de los jueces

Abr 24, 2012 | Institucional

Por Pastor Virviescas Gómez
En los estantes de la justicia colombiana hay represados 2,9 millones de procesos. Mientras un juez en Colombia resuelve 448 casos al año, un colega suyo en Estados Unidos saca adelante 3.135, y eso que la proporción en ambos lugares es de 11 por cada 100 mil habitantes. Y, para completar, la Rama Judicial no ha podido cumplir ninguna de las tres metas que se trazó en 2007: Reducir a la mitad el tiempo de cada proceso, aumentar su productividad en un 40% y reducir el inventario represado en un 70%, tal como lo recordó el diario El Tiempo. Sin embargo, según cifras de la Contraloría General, en el año 2010 por primera vez los togados nacionales pudieron resolver más casos de los que ingresaron (5 millones de sentencias frente a 4,6 millones de casos).

Es más, países con menos jueces como Chile, Brasil y Perú, “logran entre tres y cuatro veces más sentencias por despacho que en Colombia, con lo cual (con 4.861 jueces) se consolida como uno de los países menos eficientes en materia de administración de justicia en América”, según reveló El Tiempo.

El documento reservado de la Contraloría reporta cifras como que las más demoradas siguen siendo las demandas contra el Estado, las cuales duran en promedio 1.143 días, frente a los 330 días que establece la ley. La Sala Disciplinaria del cuestionado Consejo Superior de la Judicatura (encargada de investigar y sancionar las malas prácticas de jueces, fiscales y abogados), debería resolver cada investigación en no más de 220 días, pero en promedio una decisión no baja de 625 días y hoy tiene 32.135 casos represados (11 mil más que en 2004), según el periódico bogotano.

Además, de los 1.100 procesos que han entrado a indagación por los llamados ‘falsos positivos’, que no son más que una expresión criolla para evitar decir ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado en colaboración con paramilitares, solo 665 han entrado a etapa de investigación y apenas 72 han llegado a juicio, como lo denunció la revista Semana.

En materia de presupuesto, este pasó de 1,4 billones de pesos en 2004, a 2,2 billones para el presente año, y no obstante, el 30% de los despachos no cuenta con el servicio de Internet y más de la mitad de los funcionarios judiciales no tiene correo institucional.

En medio de este panorama desolador y aprovechando la celebración de los 40 años de la Facultad de Derecho de la UNAB, el pasado 10 de abril la abogada chilena Beatriz Ester Larraín Martínez fue invitada directamente desde la Universidad de Concepción a leer la conferencia: “Poder político de los jueces”. Vivir la UNAB dialogó con esta doctora en Derecho, Política y Sociedad, graduada en la Universidad de Northeastern (Estados Unidos), quien en la actualidad dirige el Programa de Estudios Europeos de la institución a la cual presta sus servicios.

 

¿A los jueces es a quienes se les tira el hueso duro de roer y que miren a ver qué hacen?

De algún modo la forma en que la vida se ha judicializado o juridificado en el último tiempo, sí. Significa poner frente a los jueces preguntas que son casi imposibles de resolver. No las resuelven los expertos y sin embargo se les pide a los jueces que las resuelvan. Por ejemplo, ¿cuándo comienza la vida?

 

¿Sería posible una sociedad como la chilena o la colombiana sin jueces?

¡Imposible! Alguien tiene que dirimir los conflictos de algún modo. Alguien tiene que hacer la labor de un tercero imparcial frente a dos partes que tienen un conflicto. Claramente la autotutela o la composición de las partes por su cuenta no ha resultado más que en estados muy primitivos. Parece que los estados modernos necesitan algún tipo de árbitro. Ahora, la mayor o menor cantidad de poderes que se le da a ese árbitro al que llamamos juez, puede variar de acuerdo a lo que queremos como sociedad.

 

¿Hasta dónde debe llegar el poder de los jueces?

Es muy difícil de contestar porque el proceso judicial en general tiene la gracia de que como no está obligado a adherirse a la regla mayoritaria, tiene la posibilidad de proteger los derechos de las minorías, que es uno de los desafíos más importantes de la democracia moderna: proteger los minorías, pero hacerlo a la vez de un modo que no signifique echar por tierra la regla mayoritaria. En eso los jueces tienen atribuciones y deben ejercerlas.

 

¿Pero cuál es el límite?

Depende de lo que nosotros como sociedad política queramos darles a los jueces como límite. No es una cosa de que el juez pueda decir ‘yo me auto doy este límite’. En concreto, los jueces tienen que proteger los derechos de las minorías pero encontrar un modo de hacerlo que no signifique arrollar a las mayorías. 

 

¿Quién ronda a los jueces?

¡Todos!… Los Gobiernos, la administración del Estado, los poderes legislativos, los grupos de interés, las religiones… En Chile la iglesia Católica tiene un poder y me imagino que aquí también. Y mientras más nos judicializamos, más personas rondan a los jueces.

En Chile tuvimos un terremoto en 2010, la tierra se movió tres metros, la costa se movió, hubo que alterar los mapas, y hasta el terremoto se judicializó. Y a los jueces se les pidió que resolvieran temas como por ejemplo si hubo o no cuasidelito de homicidio porque el Gobierno no dio a tiempo una alarma de tsunami en una zona, o si hubo o no cuasidelito de homicidio en algunos edificios que aparentemente estaban mal construidos y se cayeron. Todos rondan a los jueces, todos tienen intereses.

 

¿Quién paga los errores de los jueces?

Los individuos. En Chile el 9% de los casos de indemnización por error judicial que se presentan son aceptados; eso significa un 91% que no son aceptados, y el que es perjudicado por una resolución judicial se queda con su perjuicio, lo asume y listo.

 

¿Se espera demasiado de los jueces?

Absolutamente. Que resuelvan cosas que ni los expertos resuelven, pero es un signo de nuestros tiempos. Es así y la tendencia parece ser que esto aumenta, no que disminuye. En la medida en que se pierde confianza en los políticos y la gente tiene la noción de que la política es sucia y que los partidos políticos o son corruptos o no representan realmente los intereses de los individuos, pues se abre un espacio para que sean los jueces quienes ocupen ese trono de poder que antes estaba reservado a otras instancias que ahora han caído en la visión de los ciudadanos.

 

¿La moral y la política son terrenos vedados para los jueces?

Si debieran o no son dos cosas completamente distintas. Claramente no lo son en los hechos, pero mirándolos desde una óptica jurídica tradicional debieran ser vedados, porque ésta le dice a uno que Derech es una cosa y Moral es otra. Pero la verdad es que esto no es así; esto es una ilusión que podemos distinguir entre una norma jurídica y una norma moral. La verdad es que norma jurídica tiene un componente moral, es inevitable, es parte de su esencia y el intento de separar lo que es netamente jurídico de lo político y moral, es un intento teórico doctrinal, pero no es real. Porque el Derecho qué es lo que hace: nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y eso es moral, de algún modo arropado en una norma jurídica.

 

Su país se polarizó a nombre del dictador Augusto Pinochet (1915-2006) y la justicia no quedó exenta de esa batalla. En Colombia pasó lo mismo con Álvaro Uribe Vélez y jueces y magistrados se han visto envueltos en esa pugna. ¿Cómo queda ese asunto ante los ojos de los ciudadanos?

Todas las encuestas de opinión pública en Chile dicen que el poder peor evaluado es el judicial, peor incluso que la policía y los militares. Encuestas que se empezaron a tomar después del retorno de la democracia, lo cual es bastante curioso, porque la ciudadanía pensaba que carabineros y militares estaban cumpliendo órdenes, por lo tanto había algún tipo de justificación de parte de la ciudadanía; en cambio el poder judicial no porque ellos fueron autónomos. El gobierno de Pinochet, a diferencia de otros gobiernos dictatoriales, no desbarató el poder judicial, lo dejó intacto. Entonces hay mucha gente que se pregunta a quién le tenían miedo. Eso le ha significado mucha crítica al poder judicial, el no haber asumido en su momento cuando pudo la defensa de los derechos de los individuos.

 

El juez español Baltasar Garzón, quien se atrevió a encarcelar a Pinochet y que recientemente fue sacado de carrera por orden del Tribunal Supremo de España, ¿es para usted un héroe o un villano?

Para mí es un héroe. Hay personas como él que tienen la capacidad de ‘reventar’ los sistemas y los llevan al límite. Fue el primero en hacer funcionar esto de la jurisdicción internacional, de que un dictador podía ser juzgado en cualquier lugar por sus delitos. Al hacer esto, estiró las convenciones y cuestionó al establecimiento, hasta que el propio sistema lo cortó. Eso pasa no solamente con los jueces, sino con individuos que son excepcionales y que van empujando los límites hasta que alguien los para. ¿Cuál es la gracia de lo que hizo Garzón? Él ya dejó la barrera corrida de algún modo y eso no queda borrado por el hecho de que el establecimiento no haya aguantado más con él y lo hayan sacado.

 

En los países desarrollados cuando un juez se pronuncia, hasta el presidente tiene que acatar su dictamen. En estos parajes eso no sucede. ¿En Chile cómo es el asunto?

En eso el Ejecutivo en Chile ha sido y es bastante respetuoso de la autoridad judicial, al menos en lo formal. No ha habido instancias que salga un presidente o un parlamentario a decir que hay que desconocer esto o que tal juez está loco. Ahora, qué es lo que se hace por detrás con el lobby (cabildeo) y esto y lo otro para tratar de influir sobre el juez, eso es otra cosa. Pero en general eso no sucede en Chile.

 

¿En su país cómo es la relación justicia-medios de comunicación?

La Corte Suprema, sobre todo, y los jueces han tenido siempre una actitud de que ellos no interact&uacte;an con la prensa. Lo típico es que digan que no tienen comentarios cuando los abordan los periodistas. Esa es la actitud tradicional en que se supone que el juez tiene que mantenerse imparcial y la imparcialidad se entiende como que no se comunica con nadie más y que sus opiniones las expresa por escrito. En general se respeta a los jueces. Hay un cierto temor reverencial, como dice el Código Civil.

 

¿Entonces no tienen jueces-vedettes, como sucede en Colombia con algunos?

No jueces en particular. Algunos sí a veces, sobre todo los jueces que estaban conociendo de asesinatos y desapariciones ocurridas durante el régimen de Pinochet (1973-1990), como el juez (Juan) Guzmán por ejemplo, se convirtieron en algunos momentos, pero a él -como al juez Garzón-, el establecimiento también lo cortó y de hecho renunció y trabaja en una fundación con Garzón.

En Chile en general no se acepta que los jueces sean vedettes, al menos mediáticamente, lo cual no significa que no tengan un poder enorme porque lo tienen, y los jueces son reacios a aceptarlo. Por ejemplo usted no verá a un juez dando una entrevista o que tal juez hable sobre tal resolución. Se estimaría indecente, fuera de toda convención. Los que han aparecido en algún momento, rápidamente han pasado a otras cosas.

 

¿Y un juez filtrando apartes del expediente?

No, no hay casos de ese tipo, ni de grandes corrupciones. Que el juez esté en liga con la prensa y filtrando información, eso no; y si hay una red de eso es muy por debajo y muy callada. En esos los jueces en Chile tratan de mantener su independencia, al menos de la prensa.

 

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