El territorio, la otra mitad del ser Barí

Nov 1, 2006 | Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes

Por Álvaro Lesmes
alesmes2@unab.edu.co

Con un discurso ecologista, Laura Abeidora, perteneciente a la comunidad Motilón Barí, dio inicio a lo que fue la primera acción pública de este pueblo indígena, después de 514 años de constante pérdida territorial, como lo manifestaron en la marcha, que bajo la lluvia, recorrió el municipio de Tibú en el Norte de Santander el pasado 12 de octubre.

El asentamiento de los Barí está demarcado por zonas planas, montañosas y selváticas alrededor del Catatumbo y en el perímetro de los municipios nortesantandereanos de Convención, El Carmen, Hacarí, El Tarra, Tibú, San Calixto, Sardinata, La Playa y Teorema.

Unos 800 indígenas Barí, poco más del 25% de su población, expresaron al gobierno de Álvaro Uribe Vélez su inconformismo por la exploración y explotación petrolera en su territorio ancestral, de igual manera convocaron a una audiencia pública para pedir explicaciones puntuales ante las inconsistencias encontradas en los permisos ambientales otorgados por la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, permisos que facultan a Ecopetrol para la explotación petrolera en dicho territorio.

Los invitados principales a la audiencia, el Ministerio del Interior de Justicia y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, confirmados con meses de anticipación, nunca llegaron, según declaraciones al periódico El Espectador, por parte de María Isabel Nieto, Vice ministra del Interior; la razón, dijo ella, es que había infiltrados de las Farc en la marcha, lo cual fue desmentido por la Asociación de Comunidades Indígenas Motilón Barí de Colombia (Asocbari) que representa a los indígenas y que argumentó que ellos son autónomos y todo lo que están haciendo es por su propia convicción.

“La tierra es vida porque nos da el sustento”, comentó Judith Asoira en la audiencia realizada el 12 de octubre, sus argumentos en contra de la exploración y explotación petrolera son que “la tierra necesita el petróleo para vivir así como nosotros el aire para respirar”, el territorio, según la indígena es “el origen del hoy y la construcción del mañana, es la otra mitad del Barí, eso lo saben todos los barí, lo llevan en su cuerpo en su razón y en su memoria” concluyó.

Según la cosmovisión de los Barí todo tiene espíritu, por eso hay que respetarlo todo. Oswaldo Chimada, funcionario de Asocbari,  recalcó que sí se derrama el petróleo, se derrama la sangre del Barí, puesto que donde se encuentra este recurso natural existen espíritus que los cuidan y de sacarse, los espíritus se alejan, los animales grandes se van y la naturaleza se seca, “el petróleo es algo sagrado para nosotros”, concluyó Chimada.

El pueblo nativo se quedó con la mayoría de los interrogantes sin responder, pero pudieron solucionar algunas inquietudes ante los organismos regionales que sí llegaron a la cita, entre estos estuvieron el Ejército, la Policía y la Procuraduría Judicial y Agraria, que se comprometieron, ante el Consejo Autónomo de Caciques, la comunidad Barí y las ONG nacionales e internacionales, a solucionar los inconvenientes que estuvieran a su alcance.

El coronel Paulino Coronado, comandante de la Trigésima Brigada del Ejército, prometió buscar a los responsables de las heridas de bala sufridas por los Barí que se acercaron al pozo Álamo 1, custodiado por el Ejército Nacional.

Un segundo comprometido con la causa fue el coronel Humberto Henao, comandante de la Policía de Norte de Santander, quien dijo que informará al nivel central de la Policía para que desde allí se pronuncien respecto al tema de las fumigaciones realizadas en territorio Barí y que están afectando la salud de la comunidad.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, que fue representada por el procurador Judicial y Agrario de Norte de Santander, Juan Gabriel López, adquirió el compromiso de buscar las respuestas que demanda el pueblo Barí y que ha solicitado a las diversas autoridades de la rama ejecutiva del Estado colombiano.

Este acto coyuntural, protagonizado por los indígenas el 12 de octubre, culminó con un mensaje a las autoridades y organizaciones asistentes para que se pronunciaran ante el Ministerio de Ambiente y la Dirección Nacional de Etnias y les informaran que en la zona del  Catatumbo donde se realiza la exploración por parte de Ecopetrol sí existen Barí, para que de esta forma revoquen las licencias que permiten la explotación petrolera en la zona.

Un problema viejo

El problema con las empresas petroleras viene desde hace más de 70 años, por esta razón los Barí aprovecharon el recorrido de la marcha para ubicar tres placas conmemorativas en lugares donde fueron quemados algunos bohíos, o casas comunales, en los años 30. De igual manera realizaron homenajes a los Barí que murieron defendiendo su territorio.

“70 años de explotación para ustedes es progreso, para nosotros es destrucción”, expresó Ashcaira Arabadora Acrora, delegado del Consejo Autónomo de Caciques, mientras ubicaba la placa frente a Ecopetrol.

Desde las primeras exploraciones petroleras en el Catatumbo, en el año 1900, esta comunidad ha perdido el 85% de sus tierras, unos 13.600 Km2, según sus voceros, las más fértiles y aptas, debido a esto la comunidad se ha resguardado en medio de la selva, pero allí son de nuevo víctimas tanto del Gobierno como de las transnacionales y de los grupos armados al margen de la ley, todo por culpa del petróleo, comentó el líder indígena.
Un estudio realizado por Carlos Augusto Salazar, funcionario del Centro de Cooperación al Indígena (Cecoin) revela tres periodos principales de problemáticas entre los Barí y las empresas petroleras:

“1900-1930 este primer periodo empieza con la presencia de la exploración y explotación petrolera en las tierras bajas del Catatumbo, esto dio como resultado el desplazamiento de varias comunidades indígenas y la pérdida de 2.500 km2 a raíz de la apertura de vías y pozos petroleros y campamentos para albergar a miles de trabajadores.

1931-1960 en el segundo período, se destruyeron nueve comunidades indígenas al sur y oriente del territorio Barí, el avance de la infraestructura petrolera y el establecimiento de poblados con apoyo del Ejército no daba tregua y se le puso precio a la cabeza de los Barí, reduciendo la población a 800 habitantes.

1961-1975 el tercer periodo marcó el fin de la resistencia de los nativos, sus tierras fueron colonizadas y como consecuencia de ello sufrieron el contagio de sarampión y la muerte de cientos de nativos, el apoyo por parte del gobierno fue tardío y precario, pero lograron titulación de parte de sus territorios”.

Los argumentos de Ecopetrol

La empresa estatal petrolera dice en un comunicado enviado a los medios que el pozo Álamo 1 que está en exploración no se encuentra dentro del resguardo indígena, de acuerdo con las certificaciones que le expidieron el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, en las que se aclara que no existen viviendas y resguardos indígenas en las dos hectáreas destinadas a la exploración del pozo. 

Ecopetrol explica además que, adelantó consultas previas de acuerdo con el Decreto 1320/98 e inició el proceso de socialización del proyecto exploratorio.

La empresa recuerda que aunque la consulta previa no es necesaria por no tratarse de tierras donde está ubicado un resguardo, es “consciente de su política de responsabilidad social y por eso decide adelantar el proceso, socializando el proyecto con la comunidad indígena, con la institucionalidad, las autoridades religiosas y militares y también con el Ministerio Público y autoridades ambientales como el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Corporación Autónoma Regional de Norte de Santander (Corponor)”.

Ecopetrol decidió en enero de 2005 cambiar los límites de la zona a explorar y tramitó una nueva licencia ambiental en la que únicamente pide autorización para estar en el área donde está el pozo en exploración, a fin de no afectar a las comunidades en otros territorios.

El Tribunal Superior de Norte de Santander, en primera instancia y el Consejo de Estado, ratificaron “que la licencia ambiental actual (otorgada a Ecopetrol) goza de presunción de legalidad”.   

Evitar que se repita la historia
Jhon Ardila, abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y quien hace parte del grupo de trabajo “Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez”, organización que brinda acompañamiento jurídico a Asocbari desde hace año y medio, ofreció una entrevista al Periódico 15 en la que informa cómo va el proceso de los Barí por la defensa de su territorio.

¿Cabría la posibilidad de un acuerdo entre el pueblo Barí con las empresas explotadoras de recursos naturales?

La posición del pueblo Barí ante la explotación de recursos naturales dentro de su territorio es negativa. No permitirá la exploración y explotación ni en los resguardos, que son los territorios con títulos de propiedad, ni en los territorios ancestrales, que son los espacios que aunque no tienen títulos son usados por los pueblos originarios para sus actividades culturales.

¿Qué sucede entonces con el pozo Álamo 1 ubicado en territorio ancestral de los Barí?

Simplemente que el Estado no ha querido reconocer que ese es territorio indígena Barí, entonces tampoco les garantiza ningún derecho fundamental.

El mismo defensor del Pueblo, delegado para asuntos étnicos, ha manifestado en muchas ocasiones que hay una necesidad urgente de establecer criterios sobre qué es un territorio indígena, porque personas que no son especializadas en el tema son las que están fijando los criterios, y para esos funcionarios de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, territorio indígena sólo es cuando en un pedazo de tierra particular hace presencia un indígena de carne y hueso.

¿Es decir que el gobierno tiene argumentos legales para la explotación petrolera allí?

Sí, pero los ha hecho con falsa motivación, en medio de muchas arbitrariedades y corrupción.

¿Qué acciones ha realizado el pueblo Barí luego de la audiencia pública del 12 de octubre?

Se realizaron dos derechos de petición, uno para el Ministerio del Ambiente, para la Dirección y el Grupo de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales y otro al Ministerio del Interior, a la Dirección de Etnias, igualmente se les impusieron acciones de tutela por violaciones al debido proceso, a la identidad cultural y a la participación, estas son las segundas acciones de tutela que se interpondrían ante estos organismos.

¿Qué se solicitó al Ministerio de Ambiente?

Explicaciones de por qué no fueron a hacer la visita de seguimiento ambiental que estaba programada para los dos días anteriores a la Audiencia; que aclaren la razón para no ir a la audiencia pública a la cual estaban invitados y además habían hecho confirmación y por qué no se ha informado al pueblo indígena Barí de las últimas acciones realizadas en el pozo Álamo 1.

¿Y al Ministerio del Interior?

Que respondieran las preguntas que se le hicieron en la audiencia.

También  les pedimos explicaciones de por qué no fueron a la audiencia y que nos muestren los informes de inteligencia militar que dicen que había presencia de guerrilleros y las pruebas que sustentan esa información. Igualmente que rectifiquen sus informes porque ese tipo de manifestaciones pone en riesgo a los Barí, realizando acusaciones tácitas de que ellos estaban acompañados por guerrilleros de las Farc.

¿Este caso se llevará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como anunció el asesor jurídico de la Organización de Indígenas de Colombia (Onic) Fernando Arias? 

En el momento se está preparando una solicitud de medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos humanos por todo lo que ha sucedido con las violaciones al pueblo Barí.

Este recurso es más rápido que presentar el caso ante la Corte Interamericana. ¿Qué busca? Que como el Gobierno colombiano suscribió acuerdos internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas, sean organismos internacionales los que exijan al Gobierno proteger al pueblo Barí.

¿Cuáles serían las medidas cautelares en el caso de los Barí?
Primero la suspensión y revocatoria de todas las licencias y proyectos de explotación de recursos dentro de sus territorios ancestrales.

No estamos hablando sólo del pozo Alamo 1, sino de todos los proyectos de explotación de recursos ambientales de carbón y petróleo principalmente, además de todos los proyectos que se generan a partir de éstos como el de estructura vial por todo el territorio ancestral.

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