Virgilio Hernández Castellanos, compartió su experiencia en Iraq donde fue enviado por el Banco Mundial y el Departamento de Justicia de Estados Unidos para instruir a los jueces que llevan los crímenes del régimen Hussein.
Su padre, el funcionario judicial Virgilio Hernández Serrano, fue una de las 12 víctimas de la masacre de La Rochela, cometida por paramilitares con el beneplácito de narcotraficantes, altos mandos militares y dirigentes políticos en el Bajo Simacota (Santander) el 18 de enero de 1989, caso por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de promulgar una sentencia en la que determina la responsabilidad del Estado colombiano. (Ver Periódico 15).
"Ese hecho, unido a mis convicciones, me llevaron al firme propósito de no ser un simple abogado más o de llegar a ser un buen fiscal, sino hacer algo más por este país que ya desde esa época era carcomido por las balas asesinas de paramilitares, narcotraficantes, secuestradores y guerrilleros", recuerda, al tiempo que con serenidad manifiesta que lo que ha hecho es mitigar el riesgo de una profesión que se sabe es peligrosa.
Por su experiencia y hoja de vida pulcra, Hernández Castellanos fue escogido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las Naciones Unidas y el Banco Mundial como asesor de los jueces iraquíes que juzgaron al dictador Saddam Hussein y todos sus lugartenientes implicados en múltiples crímenes, entre los que se cuente el exterminio de la población kurda con armas químicas. En cumplimiento de esa misión debió viajar a Amman (Jordania) donde compartió sus luces sobre esquemas de seguridad, apoyo logístico, recaudo de pruebas y derecho penal.
Hernández Castellanos, con estudios de posgrado en Derecho Penal, de Familia, Constitucional y Delitos contra la Administración Pública, ha perseguido por igual a guerrilleros de las Farc y el ELN, paramilitares y narcotraficantes ¿como si no fueran lo mismo¿, políticos y funcionarios corruptos, así como policías y militares que han traicionado su juramento de servirle a la Patria.
Su extensa carrera profesional la inició al poco tiempo de graduarse en 1989 al ser nombrado como juez en los pueblos de Jesús María y Páramo (Santander), luego pasó a la Fiscalía Regional de Cúcuta y de allí ¿con el respaldo del fiscal Alfonso Valdivieso Sarmiento¿ a la Fiscalía General de la Nación, dependencia de la que llegó a ser director de la Unidad de Derechos Humanos, cargo en el que recibió llamadas de quienes se mostraban dispuestos "a borrar del mapa todo su árbol genealógico" y descalificaciones de periodistas como Plinio Apuleyo Mendoza, que a su vez defendía la "inocencia" de alcaldes vinculados al paramilitarismo.
Para salvarle la vida, el fiscal Alfonso Gómez Méndez lo promovió a dirigir la Unidad Anticorrupción, hasta que en 2001 se dio el cambio de jefe y no soportó las discrepancias con Luis Camilo Osorio, fiscal general señalado años más tarde de engavetar tantos expedientes que apenas se están destapando.
Con posterioridad viajó a Washington y asesoró los sistemas de justicia y la puesta en práctica del nuevo sistema penal en Honduras, Perú, Bolivia, Ecuador y Guatemala, entre otros países. La Asociación de Egresados de la UNAB, Aseunab, lo distinguió en su momento como el Mejor Egresado de la Facultad de Derecho.
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