Informe de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos

Jun 15, 2006 | Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes

Por Camilo E. Silvera Rueda, Viviana Vega y Jersson Correa
msocorro@unab.edu.co

Desalentador resulta el informe sobre el estado de los derechos humanos en Colombia, a pesar de que la directora de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Carmen Rosa Villa Quintana, reconoce que durante 2005 hubo avances en esta materia.

Así lo explicó durante la presentación del informe sobre este tema en Colombia en el año 2005, realizada el 31 de mayo en la Sala de Audiencias de Derecho, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Carmen Rosa Villa recalcó que la función del ente internacional no es intervenir directamente en la resolución de los conflictos, sino ?observar la situación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario para asesorar a las autoridades en formulación y aplicación de políticas, programas para la protección, en el contexto de violencia y conflicto armado que vive el país?, afirmó.

El informe reclama el respeto por los derechos humanos, mediante 26 recomendaciones. Entre las más destacadas están que el gobierno establezca un sistema de estadísticas con informes concretos sobre violaciones a los derechos humanos, que se promueva una legislación reguladora de los archivos de inteligencia militar y la elaboración de un plan nacional de derechos humanos que incorpore el cumplimiento de las recomendaciones de años anteriores.

Recomienda a los actores armados respetar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Conflicto armado: la guerra se incrementa

El documento de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoce el esfuerzo del Gobierno al permitir salir de su lugar de reclusión por tres meses a alias ?Francisco Galán?, principal vocero del Eln, ?para que, con el apoyo de miembros de la sociedad civil, explore las posibilidades de establecer diálogos de paz?.

En lo que atañe a los grupos de autodefensa o paramilitares, el informe señala que ?a pesar de haber declarado el cese de hostilidades, continuaron las acciones violentas de los grupos paramilitares participantes en la mesa negociadora. Esas acciones estuvieron vinculadas con el narcotráfico y se hizo más evidente el control y la influencia ilegítima que estos grupos ejercen sobre la vida de las comunidades en varias regiones. Otro aspecto tiene que ver con los nexos aún existentes entre miembros de los grupos paramilitares y servidores públicos?.

El informe reconoce que la desmovilización ha influido para que se registre un descenso en las acciones violentas y en las violaciones atribuidas a los grupos, lo que no ha cambiado con la desmovilización, según el informe, es la influencia que tienen los grupos paramilitares.

?Más bien, a través de estrategias de amenazas, se han consolidado y fortalecido?, señala. Respecto al tema del Acuerdo Humanitario, el informe dice que, a pesar de varios esfuerzos nacionales e internacionales, ?no se registraron avances significativos para lograr la libertad de policías, militares y secuestrados civiles en poder de las Farc?, explica Villa Quintana.

Derechos humanos vs. víctimas, ¿quién está peor?

En cuanto a la situación de Derechos Humanos el informe dice que falta compromiso por parte del Gobierno para reconocer las ?graves violaciones? que continúan presentándose contra el libre ejercicio de los derechos políticos y civiles y que, a su vez, esa falta de reconocimiento de la problemática impide rectificar la difícil situación.

Según el informe, ?varias de las violaciones afectaron a miembros de comunidades indígenas y afrocolombianas, líderes sociales y políticos, defensores de derechos humanos, campesinos, mujeres, niños y niñas. A éstos se suman concejales, periodistas, y personas detenidas?.

Entre las ?graves violaciones? están las que vulneran el derecho a la vida, integridad y seguridad personal y la libertad. Las denuncias de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la Fuerza Pública , particularmente al Ejército, se incrementaron.

La mayoría de estas ejecuciones ha sido presentada por las autoridades como muertes de guerrilleros en combate, con alteraciones en la escena del crimen. Muchas fueron investigadas indebidamente por la justicia penal militar. Se registraron casos en que los propios mandos habrían apoyado la acción de vestir a las víctimas con atuendos de guerrilleros para ocultar los hechos y simular una acción en combate?, advierte el informe de la Alta Comisionada.

Durante el segundo semestre de 2005, la Oficina recibió información sobre más de 1.100 desapariciones forzadas o involuntarias, de las cuales 900 siguen sin esclarecerse. La exhumación de cadáveres en fosas clandestinas es ejemplo de la vigencia de esta cruel práctica. Varios de los cuerpos exhumados tenían señales de tortura y estaban desmembrados. Algunas víctimas no superaban los dos años.

El tema de la violencia sexual en el informe es igual de desalentador ya que se evidenció un sensible aumento en las denuncias de actos contra mujeres y niñas. ?Se registraron casos de violencia sexual, incluyendo violaciones y torturas contra mujeres, atribuidas a miembros de la Policía y del Ejército, en ocasiones de manera grupal. Varios de estos actos afectaron a mujeres indígenas, y muchos ni se investigan?, explica.

También hubo denuncias sobre el tema del desplazamiento forzado interno, allanamientos ilegales e impunidad y violaciones al debido proceso. El documento señala que en los tres casos está comprometida la participación de miembros de la Fuerza Pública , bien sea de manera indirecta o directa, por acción u omisión.

Pobreza, desempleo y educación, el reto en lo social

La mitad de la población, 21 millones de colombianos está en la pobreza. La cifra contrasta con la del informe presentado en 2005 en el que se señalaba que este índice llegaba al 64 por ciento.

Entre las poblaciones más afectadas están los grupos étnicos, las mujeres y la niñez. Colombia, además, sigue siendo un país con altos grados de inequidad.

?El 20% de la población más rica recibe el 62% de los ingresos laborales, mientras que el 20% más pobre recibe sólo el 3%. La desigualdad se manifiesta marcadamente entre los sectores urbano y rural porque la diferencia de ingreso por persona en las ciudades es casi dos veces y medio mayor?, dice el documento.

En el tema del desempleo, el informe cita cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, según las cuales hubo una notable disminución, pues llegó al 10%.

Pero, el desempleo de mujeres es más alto que el de hombres y la tasa de subempleo se mantiene 31%. En el acceso a la educación, el Informe señala que alrededor de 1,6 millones de niños se encuentran por fuera del sistema educativo.

?Esto equivale al 13% de la población infantil entre los 5 y 17 años?, alerta la Comisionada. Hay marcadas inequidades entre las zonas urbanas con cobertura del 91% y rurales, con sólo el 77% de los niños y las niñas que asisten a estudiar.

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