Por Miriam de Figueroa
Representante de Unicef en Colombia
Quienes sean elegidos como gobernadores y alcaldes de Colombia para el próximo periodo tienen el gran reto de impulsar el desarrollo de sus departamentos y municipios y de generar progreso para sus comunidades. Esto solo será posible si los temas de infancia y adolescencia son el eje central de sus planes y programas de gobierno.
En el año 2006, Colombia dio un importante paso al promulgar el código de infancia y adolescencia, ley 1098 de 2006, que armoniza la legislación interna con la convención internacional de los derechos del niño de naciones unidas y con la constitución política de 1991. Estos marcos normativos disponen medidas concretas para que el estado y la sociedad sean garantes efectivos de derechos. Así, en adelante ningún gobernante puede eludir las responsabilidades que le conciernen hacia estas poblaciones y el ejercicio de sus derechos.
Invertir en la niñez garantiza la sostenibilidad social, económica y democrática de un país; mientras más temprana sea esa inversión mayor será su impacto en la sociedad. Por tanto, es necesario identificar aquellas áreas que permitan mejorar y potenciar la vida y la capacidad productiva de las nuevas generaciones: hay que promover la igualdad entre los géneros, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH y el sida y prevenir el embarazo en adolescentes. Así mismo, garantizar el desarrollo integral durante los primeros años de vida y asegurar el acceso a los servicios de salud, una adecuada nutrición, el registro civil de nacimiento y el agua potable, el alcantarillado y el saneamiento básico. Igualmente, lograr que ingresen y permanezcan en el sistema educativo, se les brinde una educación de calidad y desarrollen sus potencialidades como seres humanos plenos de derechos. Las niñas, los niños y los adolescentes deben ser protegidos de los efectos de la violencia, el abuso y la explotación sexual, la violencia intrafamiliar, el reclutamiento por grupos armados ilegales, los riesgos por minas antipersonales y el trabajo infantil. Se debe promover su participación activa en los temas que son de su interés, desde sus propias culturas y experiencias organizativas hasta en todos los espacios de la vida ciudadana, y proveer especial atención a niñas y niños pertenecientes a las minorías étnicas y con capacidades especiales. Es fundamental que los alcaldes y gobernadores sean conscientes de la responsabilidad que tienen frente a la defensa y protección de los derechos de los 17 millones de colombianos que aún no han cumplido los 18 años de edad. La constitución dispone que los derechos de la niñez prevalezcan sobre los derechos de los demás. Esto obliga a que en el trazado de las agendas políticas y los programas de quienes aspiran a los cargos de gobierno se garantice el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes del país. Por lo tanto, es necesario que las próximas autoridades locales diseñen para sus municipios y departamentos una estrategia integral para mejorar las condiciones de vida de la infancia y la adolescencia, enfocando sus acciones en temas prioritarios de derechos de la niñez, como la vida y la supervivencia, la educación y el desarrollo, la participación y la protección. A lo largo de los últimos ocho años de trabajo, Colombia le ha apostado a la estrategia hechos y derechos como camino para posibilitar las políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud en los 33 departamentos y 1.102 municipios del territorio, lo que ha mostrado que el desarrollo humano es posible cuando se concreta la corresponsabilidad entre actores públicos y privados. Alcaldes y gobernadores deben contemplar en sus agendas instrumentos de planeación departamental y municipal que incluyan políticas para la infancia y la adolescencia, priorizando la inversión social y tomando decisiones sostenibles que contribuyan al desarrollo integral y al ejercicio y reconocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes colombianos. De este modo, estarán obrando no solo en cumplimiento de la ley, sino del máximo fin ético de las sociedades: garantizar los derechos de sus ciudadanos, en especial de quienes están en proceso de formación o son más vulnerables.
Tomado de Hechos del callejón.
